Las nuevas reglas para Santurbán

Minambiente aplazó la delimitación del páramo mientras se adopta un mecanismo económico para proteger a la población que vive en el área.

Redacción Vivir
01 de diciembre de 2013 - 09:00 p. m.
 La decisión de los nuevos límites  del páramo de Santurbán, en Santander, se vuelve a dilatar.  / Archivo - El Espectador
La decisión de los nuevos límites del páramo de Santurbán, en Santander, se vuelve a dilatar. / Archivo - El Espectador

“Trazar la línea no es la solución automática para proteger un páramo”, dijo este sábado la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, al anunciar las tres decisiones que tomó el gobierno nacional frente el caso Santurbán.

La primera: por ahora, el Gobierno no va a adoptar la delimitación del páramo realizada por el Instituto Humboldt. Según lo expresó la ministra, “la línea de páramo ya está definida”, pero se va a permitir que todas las partes involucradas participen en la construcción de una solución social y económica.

En segundo lugar, se creará una mesa para definir estas alternativas sociales y en ella tendrán participación los campesinos, habitantes de Bucaramanga y municipios afectados, autoridades regionales, locales y nacionales, así como organismos de control. La ministra Sarmiento agendó la primera cita de esta mesa para el próximo 12 de diciembre.

La tercera decisión que tomó el Ministerio, y quizá la más importante, es el anuncio de la posible creación del primer modelo público de pago por servicios ambientales en el páramo de Santurbán. Las familias que tienen terrenos en la zona se dedicarían a la preservación del ecosistema y a cambio recibirían bonificaciones económicas; sin embargo, los detalles del esquema aún no han sido establecidos.

La noticia del nuevo plazo para delimitar Santurbán le causó sorpresa al exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, para quien además hay un par de asuntos que no quedan claros luego de las declaraciones de Sarmiento: “La ministra dice que los límites ya están listos y, si lo están, queda la duda de por qué no se publicaron. Además, ¿para qué una mesa de concertación si, como dice, ya existe una delimitación?”.

Frente al anuncio de la mesa, Rodríguez se pregunta “¿para qué esta figura, si es el Ministerio de Ambiente el que tiene la competencia de trazar límites?”, y añade que no hay por qué ceder esta obligación a otros. “Es como si el Ministerio de Minas hiciera una mesa de concertación para entregar títulos mineros”, concluye.

Por su parte, el economista e investigador Guillermo Rudas, que además asesora a la Contraloría en temas de minería, dice que la decisión de dilatar el anuncio de los límites de Santurbán es uno de los síntomas de cómo el Gobierno no tiene una política clara en cuanto a lo que significa la protección de las aguas frente al desarrollo de la minería.

“Indudablemente, la ministra está desconociendo la evidencia científica que sustenta el pronunciamiento del Instituto Humboldt”, agrega Rudas, para quien la falta de decisión respecto al futuro de Santurbán sólo agudiza los conflictos sociales, económicos y ambientales alrededor del páramo.

Para Orlando Beltrán, cofundador del Comité Pro Defensa del Páramo de Santurbán, que busca la protección de este importante ecosistema, el nuevo cambio en el plazo que había fijado la ministra Sarmiento “es mucho más preocupante”. Según el ambientalista, la mesa de concertación cambia las reglas de juego y, aunque tiene en cuenta a los mineros y campesinos, excluye a los miembros de la sociedad civil, que “finalmente, gracias a nuestra manifestación activa y permanente, fuimos los que despertamos este debate, logramos frenar proyectos de megaminería y exigirle al Gobierno un futuro sostenible para Santurbán”.

De todas formas, Beltrán resalta la importancia de la figura de pago por servicios ambientales que propone el ministerio. En su parecer, se trata de una fórmula justa para que a los habitantes del páramo se les garantice un buen nivel de vida, al tiempo que se buscan alternativas para frenar el daño ambiental que producen la agricultura, la ganadería y la minería.

Al respecto, Alberto Galán, director de la ONG Patrimonio Natural, que ha adelantado varios procesos de pago por servicios ambientales en todo el país, dice que la solución es “interesante, pero no es tan fácil de montar”.

Si bien ya existe un decreto del ministerio que reglamentó la creación de estos modelos en mayo de este año, esta vez habrá que estructurar detalladamente el proceso: “¿Quién paga, qué tanto y para qué?”

Por Redacción Vivir

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