Lluvia, ¿cuándo volverás?

Escasez de agua, muerte de animales, pastos secos y pérdidas económicas: ese es el panorama con el que viven en Boyacá cientos de campesinos que hoy le exigen al Gobierno medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño.

En el último año, a Patricia Rodríguez se le han muerto 15 animales que estaban valorizados en más de $35 millones. Nidia Corredor, que tres años atrás solía cultivar 10.000 matas de fresas orgánicas, hoy, por bien que le vaya, logra llegar a las tres mil. María Ramírez, quien con mucho esfuerzo construyó cinco reservorios de agua en su finca para abastecerse del preciado líquido en época de sequía, no ha podido llenar ninguno pues desde hace tres años no llueve con intensidad en esta zona del país, en el segundo departamento que más provee de alimentos a Bogotá después de Cundinamarca.

Estas tres mujeres son líderes campesinas de la vereda El Alizal, en el municipio de Tuta, Boyacá. Todas unidas por la misma desgracia: viven del campo, de una tierra que hoy es seca y amarilla, de un verde que quedó en el pasado y hoy sólo genera pérdidas económicas. Viven de la leche, de unas vacas que hoy mueren de hambre y sed, que están flacas y no producen igual que antes. Viven de las hortalizas y legumbres, las mismas que con una helada se queman en la madrugada y no alcanzan siquiera a llegar a los mercados de las grandes ciudades. Viven de la papa y la cebolla, cuya producción ha disminuido entre un 70 y 90%. Viven, en este momento, con la única esperanza de que todo vuelva a ser como antes.

El panorama de Boyacá es crítico. El departamento ha sido protagonista de altas y muy bajas temperaturas que alcanzan a llegar a los -4°C cubriendo de hielo los cultivos, de incendios forestales, desabastecimiento de agua en 30 municipios y una disminución en el nivel de los ríos y quebradas que dificulta la agricultura y ganadería en lo que alguna vez fue una zona fértil y rentable, pero de la que hoy los jóvenes quieren marcharse porque “no hay futuro”.

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—En estos días se me murió el ternero de hambre —dice Patricia, señalando al animal muerto que cuelga de una cuerda, justo al lado de su casa, para que se seque y no agarre mal olor—. Ahora esa será la comida de mis perros porque no tengo qué más darles, el concentrado está muy caro por estos días.

Su finca tiene 14 reservorios de agua (sólo dos llenos), un corral para las vacas y cabras, una huerta con algunas verduras y frutas que únicamente alcanzan para el sustento de la familia, un galpón de pollos, gallinas y patos que construyó viendo un video en Youtube, y otros dos para cerdos y conejos.

Es tanta la angustia que tiene la comunidad, que incluso en su última visita a Boyacá el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, se comprometió con destinar $5 mil millones para la entrega de fertilizantes, la construcción de reservorios y la entrega de mangueras y motobombas para que los campesinos le puedan hacer frente al fenómeno de El Niño. El jefe de la cartera también dijo que apoyaría proyectos piscícolas y ganaderos, pero los campesinos no creen en esas cifras y exigen mayor atención de los alcaldes para que inviertan el dinero como se debe y visiten las zonas más afectadas.

Y es que la sequía en Boyacá es un tema que nos compete a todos como país. El ingreso diario promedio a Corabastos, por dar un ejemplo, es de 14 mil toneladas de productos, de los cuales el 25% provienen de ahí. En el caso de la cebolla junca, el 100% proviene de Aquitania y así muchos otros productos de la canasta familiar como la papa común, el tomate de árbol, la mazorca, la remolacha, la panela, la curuba, la fresa, la granadilla, el fríjol verde, la ahuyama y los lácteos.

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—Con la intención de no usar químicos ni hormonas que dañen la tierra y enfermen a la gente, y porque queremos ayudar a combatir el cambio climático que sólo nos da pérdidas, es que hemos cambiado la forma de cultivar —cuenta Patricia, algo optimista con la situación.

Ella, al igual que otras 30 mujeres, forma parte del programa de Mercados Campesinos, que lidera la Fundación San Isidro, junto con Oxfam, para que éstas puedan tener autonomía económica en sus hogares y así empoderarse en temas de derechos humanos y género que ayuden a disminuir la violencia intrafamiliar de la que suelen ser víctimas.

Según datos recopilados por Oxfam, “una quinta parte de la población se encuentra en situación de pobreza, registrando un bajo nivel de escolaridad; el 41% de las familias deriva su ingreso de la agricultura y en casi la mitad de los casos no cuentan con tierra propia, por lo que deben arrendarla”. Pero también hay una sobrecarga de trabajo sobre las mujeres de 17 horas versus las 8 de los hombres, “que redunda en pocas horas de sueño/descanso, estrés y desgaste físico y mental”.