Lo que Brasil le puede enseñar a Colombia para no deforestar el Amazonas

Entre 2004 y 2012, el país con más bosque amazónico redujo sus tasas de deforestación en un 80 %. Científicos revisaron las estrategias que hicieron esto posible y aquellas que tienen el fenómeno otra vez por las nubes.

Maria Paula Rubiano
14 de diciembre de 2017 - 02:15 a. m.
La Amazonia abarca 5,5 millones de kilómetros cuadrados en nueve países latinoamericanos. / Reuters
La Amazonia abarca 5,5 millones de kilómetros cuadrados en nueve países latinoamericanos. / Reuters

Desde 2003 y durante ocho años, Luiz Inácio Lula da Silva pulió el diamante en bruto que era Brasil. Sacó a millones de la pobreza, mientras aumentó la inversión extranjera en el país. En términos ambientales, el gobierno de Da Silva también fue todo un hito: entre 2004 y 2012, la deforestación pasó de 2’777.300 hectáreas taladas al año a 457.100.

Hoy, como el hombre que le forjó esa imagen dorada, Brasil está en la ruina: el país enfrenta la peor recesión económica en su historia y Silva espera que el Tribunal de Porto Alegre defina si va a la cárcel o no por el escándalo de corrupción “Lava Jato”. La deforestación en la Amazonia también se trepó en este tren de desastres. Si bien en 2017 se redujo respecto a 2016, alcanzó las 662.400 hectáreas de bosque taladas.

En Colombia, que es mucho más pequeña, la deforestación sigue siendo el principal dolor de cabeza del Ministerio de Ambiente. Los datos anuales más recientes demostraron que en 2016 el fenómeno aumentó 40 % respecto a 2015 y que la mayoría de las 178.597 hectáreas de bosque perdidas se encuentran en la Amazonia. (Puede interesarle: Tres carreteras que amenazan al pulmón más grande del planeta)

Si no reducimos la deforestación a cero, nuestros países perderán la batalla contra el cambio climático”, dice Paulo Moutinho, investigador del Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). Los datos hablan por si solos: en 2016, la deforestación fue la culpable del 26 % de los gases de efecto invernadero que emitió el país.

El problema es que no es fácil planear qué hacer en un territorio tan vasto y remoto, con comunidades aisladas y empobrecidas, y acechado por el apetito de la agroindustria. Por eso, los investigadores del Grupo de Trabajo Cero Deforestación, que reúne a expertos de Greenpeace, Instituto Centro de Vida, Imaflora, Imazon, Instituto Socioambiental, IPAM, The Nature Conservancy y WWF, se sentaron a revisar los éxitos y fracasos de Brasil a la hora de ponerle un alto a la deforestación amazónica.

Paulo Barreto explica que “hay muchos estudios y muy buena información. Lo que hicimos fue recogerlos. Analizamos qué políticas funcionan y cuáles no”. Básicamente, dice Cristiane Mazzetti, la especialista en Amazonia de Greenpeace Brasil, lo que hicieron tras revisar esos datos fue diseñar un “modelo que muestra quién debe hacer qué para proteger la Amazonia”.

Si bien el estudio está centrado en Brasil, las pistas que contiene pueden replicarse en los nueve países amazónicos, incluido Colombia.

Lo que sirvió

El estudio reveló que el 40 % de la reducción de las tasas de deforestación tuvo mucho que ver con la ampliación de las áreas de reserva natural, que, según comentó el investigador Paulo Moutihno, sumaron 25 millones de nuevas hectáreas protegidas. Lo más importante, destaca el científico, es que las instituciones se han enfocado en entender “qué lugares del mapa sería mejor poner nuevas áreas de reserva forestal para que desincentive la toma ilegal de predios en esta región”. En ese sentido, la ampliación de parques naturales como el Chiribiquete sería una estrategia que no debería abandonarse.

Por su parte, Cristiane Mazzetti, de Greenpeace, destaca el caso de los acuerdos voluntarios comerciales que se firmaron desde 2006. Ese año, luego de que se demostraran los estrechos vínculos del negocio de la soya con la deforestación en el Amazonas, el 90 % de los compradores de soya se comprometieron a llegar a la deforestación cero.

Además de firmar un pacto, el gobierno puso a andar la Moratoria de la soya, una ley que le aplicaba penas como la incautación de activos y el embargo de actividades a quienes sembraban o compraban soya sembrada en tierras deforestadas. Esto, señalaron los investigadores, fue mucho más efectivo que las multas por incumplir la ley que aplican los organismos ambientales, como sucede en Colombia.

Los resultados de este pacto fueron que si en 2004 el 30 % de la soya del Amazonas era plantada en tierras recientemente deforestada, hoy esa cantidad apenas alcanza el 1,5 %. Para Paulo Barreto, esta estrategia funciona porque de alguna manera les cambia el “chip” a los gigantes de la agroindustria: “muchos dicen ‘si aumentamos la productividad, podremos frenar la deforestación’, pero yo creo que debería ser al revés: ‘frenar la deforestación obligará a los grandes propietarios de tierra y ganado para que mejoren su productividad, se verán presionados para hacerlo’”.

Lo que no sirvió

Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta de que el Pacto de la Soya trajo consigo efectos indeseados: al plantar más soya en tierras poco aprovechadas, como pastizales, la industria de la ganadería, –el mayor motor de la deforestación en todo el Amazonas–, se movió a nuevas tierras peladas. Por eso, en 2009 se firmó el Acuerdo del Ganado, donde se buscó que fincas y mataderos se comprometieran.

“Pero con este grupo el acuerdo no ha funcionado, pues ellos tienen muchos riesgos en toda su cadena de producción. Por ejemplo: si soy un matadero y le compro directamente a una finca que está en territorios no deforestados, es muy difícil saber si, por ejemplo, las vacas nacieron allí pero luego fueron transportadas a otro lugar, y luego a otro que sí esté relacionado con la deforestación”, explica Mazzetti.

Además, en 2012 se aprobó el nuevo código forestal de Brasil, que les dio amnistía quienes deforestaron 47 millones de hectáreas en 2012, redujo las áreas protegidas en 2,9 millones de hectáreas y además redujo el número de analistas ambientales en el Amazonas en un 40 %.

Eso, sumado a un anquilosado aparato judicial, hizo que los procesos de embargo de tierras se estancaran: de todas las tierras deforestadas entre 2008 y 2013, sólo se embargó el 18 %, a pesar de que el 95 % de esa tala había sido ilegal. A esa mezcla se sumó la entrada agresiva de enorme proyectos de infraestructura y una actitud complaciente con los ocupadores ilegales de las tierras disparó una vez más las cifras.

“Creo que para acabar con la tala de los bosques se resume en tres elementos: buena información que permita actuar con claridad, una sociedad civil que presione y voluntad política”, señaló Moutihno. De lo contrario, la Amazonia podría estar condenada.

Por Maria Paula Rubiano

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