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El día de hoy, a través de una transmisión virtual desde el auditorio de Memoria Histórica de la empresa comunitaria ECAAAS en Saravena, Arauca; Sonia López, presidenta de la Fundación Joel Sierra, presentó un documento en el que se exponen diversas situaciones en las que fueron víctimas líderes y lideresas sociales y ambientales del departamento de Arauca durante el conflicto armado.
En medio de sus luchas por defender el medio ambiente y el trabajo en comunidad, los araucanos afirman que más de dos mil personas en el departamento han estado privadas de su libertad por falsos positivos judiciales.
López aseguró a El Espectador que la entrega de este informe representa un aporte importante en la lucha popular ya que “es fruto de nuestra labor social y compromiso ético y político con nuestro pueblo, con nuestros muertos y por supuesto con los compañeros y compañeras que han pasado por esa tortura de estar encarcelados o perseguidos jurídicamente.”.
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Según el documento, estas detenciones “buscan castigar a los dirigentes sociales, su ejercicio de libertad de expresión y su valor de denunciar los crímenes y atropellos que han llevado al departamento a la crisis humanitaria por la que hoy atraviesa”.
La transmisión inició sobre las 9:20 am con una breve explicación del conflicto que han vivido desde hace varias décadas los habitantes de Arauca con las multinacionales que se dedican a la extracción de petróleo, causando a su paso la contaminación y desviación de fuentes hídricas que usan los campesinos de la zona y, en algunos casos, el desplazamiento de diversas comunidades.
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En el informe que se dio a conocer este martes 23 de marzo denuncian detenciones masivas y selectivas a dirigentes sociales, comerciantes, políticos y particulares.
Los delitos más comunes por los que se han iniciado procesos penales que, en muchas ocasiones ha sido comprobado que se han realizado de manera irregular, son: rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.
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Además, los líderes y lideresas denuncian que, de sumarse los datos de los casos que recibieron retenciones administrativas sin llegar a actuación judicial alguna, “el número asciende a una escandalosa cifra que supera las 10 mil personas afectadas o encarceladas injustamente”.
Con la presentación de este informe los integrantes de la Fundación Joel Sierra y las víctimas de estos vejámenes esperan que se asuman y se investiguen las judicializaciones y que se llame a rendir cuentas a los responsables de su ejecución, a los verdaderos autores intelectuales y determinadores de estos graves hechos.
Además, esperan que “una vez se expuesta la verdad y aplicada la justicia, se deje de seguir criminalizando la protesta social, se pare con el genocidio y se garantice que las comunidades sigan ejecutando y materializando sus planes de vida en los territorios”.