¿Malos días para Greenpeace?

Al escándalo por el daño causado a las Líneas de Nasca en Perú se suma una cuantiosa multa a activistas en España por una protesta antinuclear.

EFE

 Muchas son las luchas libradas por el grupo ambientalista Greenpeace, que fue protagonista este año por varias de sus particulares protestas. Entre estas se destacaron algunas como la llevada a cabo en Rusia en la que 30 activistas del colectivo fueron capturados por organizar una manifestación en el Ártico; así mismo figura la victoria de este grupo al lograr que LEGO, la empresa de juguetes más grande del mundo, anunciara que no renovaría su contrato de co-promoción con Shell. Pero en medio de sus destacados gritos de protesta salió a relucir uno que no dejó muy bien librada la imagen del grupo ecologista, esto después de que miembros de éste causaran daños a las Líneas de Nasca, patrimonio cultural de Perú, al situar un enorme mensaje junto a estas.

A la turbulencia que generó dicho acto, que fue informado por el gobierno de Perú a la UNESCO, se sumó este martes la condena de un tribunal español que ordenó a 16 activistas de Greenpeace el pago de cerca de 20.000 euros.

Muchos se preguntan si ha llegado la mala hora para el grupo ambientalista que algunos indican han llevado su actividad al extremo. En el caso de las Líneas de Nasca las autoridades peruanas ya "inspeccionaron la zona y confirmaron los graves daños causados al entorno del geoglifo el Colibrí en un área de 1.600 m2", tal como explica en una carta la ministra de Cultura, Diana Álvarez, a la representante de la UNESCO en Perú, Magaly Robalino. En la misiva publicada por la agencia oficial Andina, la ministra agrega que la intervención de los activistas dejó "marcada de manera irreparable la ruta que siguieron para acceder al geoglifo". Perú también solicitó así mismo "el apoyo" de los expertos de la UNESCO para junto a sus pares peruanos iniciar la conservación y restitución de la fisonomía e integridad del entorno del geoglifo. Robalino además señala que el gobierno inició "las acciones legales ante las autoridades correspondientes para sancionar "a los que resulten directamente responsables".

Por su parte, la condena del tribunal de España ha recalcado que su decisión busca condenar los daños causado durante una protesta en una central nuclear, sin embargo decidió absolver de cargos más graves a estas 16 personas. El tribunal de Valencia absolvió de todos los cargos al fotógrafo Pedro Armestre, colaborador habitual de la AFP, que acompañó a los activistas durante la protesta en febrero de 2011.

Los hechos juzgados se produjeron el 15 de febrero de 2011, cuando una treintena de militantes de esta ONG de defensa del medio ambiente penetraron en las instalaciones de la central nuclear de Cofrentes, cerca de Valencia, propiedad de la compañía Iberdrola. Greenpeace protestaba contra la prórroga del permiso de explotación de esta central, la más potente de España y con casi 30 años de actividad. En 2013, generó un 14,7% de la producción eléctrica de origen nuclear en el país y casi un 5% del total de electricidad producida.

Una quincena de los activistas treparon rápidamente por una de las torres de refrigeración, de una altura similar a la de un edificio de 50 plantas. En la torre, donde se quedaron colgados varias horas, los activistas escribieron con enormes letras de color negro "Peligro nuclear". La incursión motivó una alerta de urgencia y la movilización de un centenar de miembros de la Guardia Civil, según las requisiciones de la fiscalía consultadas por la agencia AFP.

En el juicio, celebrado este mes en Valencia, estaban acusados de causar daños en la central, alterar el orden público y herir a dos guardias de seguridad. Este martes, el tribunal condenó a cada uno de los activistas a pagar una multa de 1.080 euros, y ordenó a Greenpeace pagar otros 2.232 euros por los daños causados en una valla de la planta nuclear.

Mientras tanto, Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, no parece asumir dicha multa como una derrota. "La sentencia ha dejado claro que han sido en vano los intentos de criminalizar la protesta pacífica y el activismo ecologista. Demuestra que la protesta en la central nuclear de Cofrentes fue siempre pacífica y que jamás se dañó a nadie", declaró en un comunicado Rodríguez, quien añadió que "no van a poder callarnos ni con amenazas de multas millonarias, ni con amenazas de cárcel. Tenemos a nuestra espalda más de 40 años de activismo pacífico por el medio ambiente y continuaremos con nuestra labor".

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