Más de 23 mil animales incautados por tráfico ilegal en 2017

Las babillas son una de las especies que más se suele comercializar de manera ilegal. / Todbaker - Flickr

El tráfico de especies en Colombia continúa siendo un problema que las autoridades aún no han podido detener. El registro de animales y plantas que se comercian de manera ilegal sigue arrojando cifras que generan inquietud. Las de este año muestran que, pese a las campañas pedagógicas, hay muchas personas que insisten en sustraer de su hábitat a ejemplares para lucrarse. En total, de acuerdo a cifras del Ministerio de Ambiente, han sido incautados 23.605 animales en 2017.

Aunque las especies que son sustraídas de sus territorios son variadas, unas en particular generan preocupación. La tortuga, la hicotea y la babilla continúan haciendo parte del grupo de animales que más se comercializa. Los territorios donde más se han hecho incautaciones de estos ejemplares son Putumayo, Sucre y la ciudad de Montería.

Sin embargo, este problema se extiende a otros departamentos donde, usualmente, confluyen varios ríos que son usados como canales que facilitan los procesos de acopio y distribución de especies. Los principales son Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Amazonas, Putumayo, Caldas, Guainía, Quindío, Bolívar, Caquetá, Vichada y Risaralda.

“Durante los meses de diciembre, enero, junio y julio, así como en Semana Santa, el tráfico ilegal de fauna silvestre aumenta, debido a que residentes de las grandes ciudades visitan las regiones de amplia distribución de especies y pretenden regresar a sus casas con una ‘mascota diferente’, llevando consigo loros, perezosos, micos y otras especies de interés para la biodiversidad”, expresó a través de un comunicado el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo.

Según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, a lo largo de 2017 también se han incautado 246.320 especies de flora. Los que lideran la lista son la palma de cera, la palma de vino y la guadua.

Por este delito, que puede generar penas entre 32 y 90 meses de cárcel y multas de hasta 15 mil salarios mínimos, han sido detenidas 5.668 personas, de las cuales 2.916 han sido capturadas por aprovechar ilícitamente los recursos naturales renovables del país.