Mineros ilegales degradan tierras recuperadas en el Bajo Cauca

Zonas que fueron explotadas por mineros legales en el pasado y estaban siendo reforestadas, son hoy el foco de dragas informales y criminales.

Angélica María Cuevas Guarnizo
13 de marzo de 2014 - 04:39 a. m.
En el áspero paisaje del Bajo Cauca se ven dispersos parches verdes, que son bosques sembrados como parte de la compensación ambiental. / Fotos: Gustavo Torrijos
En el áspero paisaje del Bajo Cauca se ven dispersos parches verdes, que son bosques sembrados como parte de la compensación ambiental. / Fotos: Gustavo Torrijos

La sensación de sobrevolar los pueblos mineros del Bajo Cauca debe ser muy parecida a la de hacerlo en otro planeta. Uno de suelos grises y ocres, de lagunas verdiazules, montañas de arena y ríos de agua turbia.

Por más de cien años la extracción de oro ha transformado más de 40.000 hectáreas entre Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, en un paisaje fragmentado en trozos de bosque nativo, algunas hectáreas reforestadas y grandes extensiones de suelo desértico, gravemente herido por la minería. Suelos que primero fueron intervenidos por dragas legales y que en los últimos cinco años han vuelto a ser afectados por la presencia de mineros ilegales.

Todo sucede alrededor de los ríos Nechí y Bagre, que terminan desembocando en el caudaloso Cauca. Dragas, buldózeres y retroexcavadoras remueven cientos de toneladas de tierra, mientras los humanos que las comandan persiguen las pepitas de oro que se adhieren a las rocas más profundas. El 90% de la economía de la región depende de ese metal.

Sobre el mismo suelo se desarrolla la minería en todas sus presentaciones: la legal, comandada por la empresa colombiana Mineros S.A., dueña de la mayoría de los terrenos explotados; la informal, representada en familias que por años han extraído oro sin contar con títulos mineros, y la criminal, en la que se identifican bandas como los Rastrojo y los Urabeños y las guerrillas del Eln y las Farc.

Todos ellos operan en los 83 títulos vigentes de Mineros S.A., adquiridos por la empresa en 1974, cuando compró la mina de oro más grande de Colombia: la Pato Consolidated. A esta compañía extranjera el Estado le entregó el derecho a explotar “a perpetuidad” 120.500 hectáreas ricas en oro, extensión en la que cabrían perfectamente tres ciudades del tamaño de Medellín.

En el último mes, a Norberto Arrieta, habitante de El Bagre, lo han visitado 15 veces “personas extrañas” que le piden “el favor” de dejarlos entrar al patio de su parcela para buscar oro. Hace cinco años, como parte de sus obligaciones de compensación ambiental, Mineros S.A. le entregó a este campesino de Bolívar diez hectáreas de tierra y una casa sobre terrenos rurales que antes habían sido explotados por la empresa.

Bajo la promesa de que Mineros le titularía esa finca si el campesino y su familia se encargaban de recuperar la tierra, Arrieta recibió un lote al borde del río, donde en principio no crecía nada. Su casa ahora la adornan flores, enredaderas, una huerta y un conjunto de palos de mango, guanábana, aguacate y zapote. Tiene además 40 cabezas de ganado, un par de perros y gallinas. Esta es una de las 36 parcelas entregadas por la empresa en los últimos 10 años como parte de su plan de compensación ambiental, terrenos que hace al menos tres años se están viendo seriamente afectados por el regreso de mineros ilegales que llegaron en busca de más oro.

“Esa gente me dice que la empresa no me va a entregar ninguna tierra y que aproveche antes de que me la quiten, que esto nunca va a ser mío y que mejor sacarle provecho. Pero yo he trabajado mucho por levantar mi finca y les respondo decentemente que no me la toquen, que esta es la tierra que les voy a dejar a mis tres hijos”, dice Norberto Arrieta, de 50 años.

A pocos metros una parcela que debería lucir como la suya se ve como una isla en medio de tierra removida. El bosque y los cultivos que se habían sembrado fueron devorados completamente por las máquinas ilegales. El campesino que la habitaba se dejó seducir por los $500.000 mensuales que le prometió “el tipo de la draga” y le dio vía libre a los que llegaron a explotar. Algunos aceptan que prefirieron la plata a la tierra, otros denuncian que están siendo presionados por los grupos ilegales que se apropian de sus fincas.

La situación de orden público en el Bajo Cauca es una de las más complicadas del país. En la última década las alzas de los precios del oro llevaron a que en esa zona minera se disparara el número de mineros informales y crecieran las presiones de los grupos armados interesados en el millonario negocio. En diez años, el gramo de oro pasó de $16.000 a casi $87.000. Los criminales encontraron la manera de lavar dineros del narcotráfico a través del oro y reemplazaron las extorsiones por la minería.

La crisis social tiene su reflejo en la ambiental. Los daños a los ecosistemas son incalculables. Corantioquia estima que 40.000 hectáreas han sido afectadas por la deforestación y la contaminación de aguas. Las máquinas extraen oro de manera desordenada y sin ninguna regulación ambiental, degradando los suelos, vertiendo unas 60 toneladas de mercurio y cianuro al río, acabando con las áreas que ya habían sido reforestadas y generando pasivos ambientales por los que nadie responderá luego.

Desde 2010, Mineros S.A. ha denunciado la presencia de 174 invasiones ilegales en sus títulos, pero al reportar los hechos a instituciones como la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército, las alcaldías y las autoridades ambientales, las respuestas son mínimas, dicen. En cuatro años sólo se realizó un operativo militar (el pasado 28 de enero), en el que se decomisó una draga y se capturó a doce personas, tres de ellas extranjeras.

Mientras el director de Corantioquia, Alejandro González, explica que al haber grupos armados de por medio le corresponde a la Policía intervenir, no a las autoridades ambientales, el alcalde de El Bagre, Harold Echeverri, asegura que su fuerza pública es insuficiente para lidiar con un problema de esta magnitud.

“Cuando la empresa nos envía una denuncia, nosotros se la remitimos a la Policía, pero hay que entender que El Bagre es un municipio de 65.000 habitantes en el que debería haber por lo menos 60 agentes policiales y apenas tenemos 35”, dice, y luego explica que el operativo de enero, en el que participaron cien hombres y cuatro helicópteros, estuvo comandado desde Bogotá. “El Bagre no puede mandar a todos sus hombres dejando al pueblo sin seguridad. Aquí hay que cuidarse porque la situación es muy complicada”, dice el alcalde Echeverri.

Para Echeverri, más que operativos militares, el Bajo Cauca requiere avanzar rápidamente en políticas concretas de formalización que les permitan a los mineros tradicionales legalizarse para operar con tranquilidad y asumir compromisos ambientales de acuerdo con sus impactos. De esta manera se les comenzaría a cerrar la puerta a aquellos mineros criminales que se aprovechan de la informalidad.

Corantioquia y la Gobernación del departamento, en un intento por recuperar los suelos, se han sumado a los procesos de reforestación privados con la intervención de un total de 1.500 hectáreas con plantaciones de acacia y caucho. Sin embargo, el avance de la minería ilegal lleva a los afectados a pensar que en muy pocos años no quedará nada de estos bosques. ¿Quién responderá por esos impactos?

acuevas@elespectador.com

 

*La periodista viajó por invitación de Mineros S.A.

Por Angélica María Cuevas Guarnizo

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