Nuestros páramos desprotegidos

Los esfuerzos de Colombia por preservar e investigar el 49% de los páramos del mundo (del que es dueño) han resultado insuficientes. Minería y agricultura continúan amenazándolos.

El páramo de Chingaza abastece de agua al 20% de la población colombiana.Alejandro Calderon

No faltan habitantes en los páramos; siembran trigo, maíz, habas, papa y alverja hasta la altura de 3.030 metros sobre el nivel del mar (...) los páramos están tapizados de grama fina y regados por arroyuelos límpidos y silenciosos.

Así describió Agustín Codazzi los bosques de alta montaña mientras recorría el país como líder de la Comisión Corográfica, un grupo de científicos que comenzó sus labores en 1850 y pretendía levantar los mapas de la Nueva Granada.

Hace 150 años , en medio de un frío que impedía moverse con facilidad y una lluvia que no cesaba, era difícil imaginar la extensión y las bondades de ese monte paramuno repleto de frailejones. Luego, con los años, otros científicos advirtieron que Colombia era la casa del 49% de todos los páramos del mundo y que estos ecosistemas, encargados de proveer de agua dulce a más de 100 millones de personas de América, sólo se encontraban aquí, en Ecuador, Venezuela y Costa Rica.

A pesar de que el 70% de los habitantes de este país se asienta sobre la cordillera de los Andes y sobrevive gracias al agua que entregan lagos, lagunas, ríos y acuíferos de páramo, las decisiones que se han tomado durante años para proteger estas áreas resultan más que insuficientes.

Esa es la conclusión del informe Estado de los recursos naturales y el ambiente presentado esta semana por la Contraloría General. En este documento se evaluó si había servido de algo la implementación del más ambicioso proyecto de conservación e investigación de estos ecosistemas que se haya desarrollado en el país: el Programa Nacional para el Manejo y la Restauración de Páramos (PNP), para el cual en 2002 se trazó la meta de crear alianzas entre las empresas, el Gobierno, las universidades y las autoridades ambientales con el fin de gestionar durante diez años el cuidado y la restauración de los páramos.

Según la estrategia, el país debía contar en 2012 con una normativa clara que garantizara la adecuada gestión ambiental, y haber logrado avances en la protección e investigación de los 34 complejos de páramos delimitados por el Instituto Humboldt en 2007, complejos que suman 1,6% del territorio nacional y equivalen a 1’933.039 hectáreas. Algo así como multiplicar por 45 el área urbana de Bogotá y ubicar en ese horizonte, entre agua, bruma y bosque, unas 4.700 especies de plantas, 70 de mamíferos, 15 de reptiles, 87 de anfibios, 154 de aves y 130 de mariposas que viven de esas extensas fábricas de agua dulce acorraladas desde hace años (como lo describiera Codazzi) por las actividades humanas.

A pesar de que la iniciativa de gobierno dirigida a preservar un territorio del que dependemos todos partía de buenas intenciones y estaba respaldada por al menos seis convenios internacionales firmados previamente, incluido el Protocolo de Kioto, la Contraloría encontró que la falta de indicadores de gestión impidió que el plan tuviera el alcance esperado.

Durante esos diez años se invirtieron en los páramos $169’520.000, es decir, 1,27% del gasto destinado al medio ambiente, lo cual, a los ojos de la Contraloría, sólo deja ver el deficiente compromiso del Estado colombiano en la materia.

Aunque se avanzó en la caracterización cartográfica, los progresos en investigación científica fueron muy leves. En diez años las corporaciones autónomas regionales (CAR) realizaron 14 estudios y, si bien el reporte de investigaciones es significativo, pues el 55% de las CAR registran alguna, solamente dos entidades (CAM y Corponariño) reportan más de un estudio realizado durante el período de evaluación. A pesar de que 13 universidades del país ofrecen programas acordes con el estudio de estos ecosistemas, en el período evaluado se desarrollaron 63 investigaciones, la mayoría de las cuales estuvo liderada por la Universidad Nacional y se concentró en las descripciones de los páramos de Cundinamarca. Poco se habló de Boyacá, que presenta la mayor extensión en el país con el 18,3% del total de páramos a nivel nacional, o de Santander (9,4%), Cauca (8,1%), Tolima (7,9%) y Nariño (7,5%).

No hubo estudios que se enfocaran en la restauración o el manejo sostenible y, además, los complicados trámites para acceder a permisos de investigación terminaron por desestimular varias iniciativas académicas. Además, las investigaciones casi nunca se realizaron en alianza con las autoridades ambientales locales y nacionales, así que hubo casos en los que se investigó lo mismo y faltó coordinación para llevar a cabo proyectos que beneficiaran al Estado.

Frente a las constantes amenazas, la situación actual de los páramos sigue siendo casi igual a la de 2002: al menos 560.000 colombianos, en su mayoría pobres, viven por encima de los 2.744 metros sobre el nivel del mar, rozando todo el tiempo estos frágiles ecosistemas: unos 3,5 habitantes por hectárea de páramo que aún siembran trigo, maíz, habas, papa y alverja y aprovechan el agua para su sustento, pero también generan presiones que afectan la salud de los páramos. Así como las empresas que tienen intereses económicos en esos suelos, vierten residuos tóxicos de agroinsumos, extraen fauna, hacen pastoreo, realizan quemas en preparación de los terrenos para la agricultura, remueven tierra para extraer oro o carbón, construyen reservorios ilegales, vías e infraestructura para explotar recursos, y poco a poco mueven las cercas y se apropian de terrenos que deberían protegerse.

La lista de páramos más perturbados por estas actividades la encabeza el Complejo Jurisdicciones-Santurbán (sistema paramuno ubicado entre Norte de Santander y Santander), seguido por Chingaza (Cundinamarca) y los complejos Chiles-Cumbal y Doña Juana-Chimayoy, en Nariño.

Sin embargo, si hablamos de minería, las afectaciones relacionadas con operaciones ilegales se concentran en Boyacá y Cundinamarca, donde prima la extracción de carbón, y en Santander y Putumayo, donde se saca oro y plata. En cuanto a lo legal, la Contraloría tiene registro de 365 títulos mineros vigentes que se superponen con zonas de páramos, afectando 21 complejos entre los que se cuentan Pisba (86 títulos), Tota-Bijagual-Mamapacha (77 títulos), Guerrero (54 títulos) y Jurisdicciones-Santurbán (50 títulos).

Pero ¿qué ocurre con quienes degradan los páramos? El ente de control encontró que, durante los diez años evaluados, sólo se cerraron 120 de los 476 procesos sancionatorios que se abrieron y la sanción para cada culpable fue una multa de $1’582.259 en promedio.

La Contraloría fue clara al concluir que las buenas intenciones del Estado colombiano han sido insuficientes para asumir el desafío de cuidar las principales fábricas de agua del continente. Ahora se tendrá que pensar en cómo compensar los impactos que traerá el cambio climático a los frailejones, pues está comprobado que los bosques paramunos son los ecosistemas más vulnerables al calentamiento global.

 

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