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El estado de Nueva York (Estados Unidos) acaba de proponer uno de los planes más ambiciosos para luchar contra el cambio climático y cumplir el Acuerdo de París.
La nueva legislación requiere que el estado reduzca la emisión de gases de efecto invernadero en un 85 % por debajo de los niveles de 1990 para 2050. Además, obliga a que el estado compense el 15 % restante, posiblemente a través de medidas que remuevan el dióxido de carbono de la atmósfera.
Jesse Jenkins, un experto en energías renovables de la Universidad de Harvard, le dijo al New York Times que “sin duda alguna, esto pone a Nueva York como un líder a nivel global en la lucha contra el cambio climático”.
De aprobarse, el estado se uniría a California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Washington en su meta obtener el 100% de su energía de fuentes de energía renovables para mitad de siglo. Y si bien el ex gobernador de California, Jerry Brown, dejó firmado un proyecto de ley para descarbonizar la economía de ese estado para 2045, la legislatura aún no aprueba lo firmado.
El proyecto de ley requiere que Nueva York obtenga el 70 % de su electricidad de fuentes renovables, como la eólica, solar y la energía hidroeléctrica, para 2030 y cambie por completo a energía libre de carbono una década después.
Actualmente, el estado produce el 60% de su energía a través de fuentes relativamente limpias, como las hidroeléctricas y las plantas de energía nuclear. Para lograr el plan, el estado planea llenar su borde costero con turbinas eólicas, y financiar masivos parques solares.
La meta es compleja y necesita una reorganización económica del estado. Y es que, a pesar de los esfuerzos, de 1990 a 2015 el estado demócrata apenas logró reducir en un 8 % su huella de carbono.
Uno de los sectores más problemáticos sería el transporte, pues buena parte de la flota vehicular del estado -unos 10 millones de vehículos- todavía se mueven con combustibles fósiles. De hecho, este renglón de la economía es el causante de un tercio de las emisiones de Nueva York. Y, con la administración nacional tratando de echar para atrás el marco legal que la administración de Obama aprobó para promover la eficiencia energética del sector, el panorama no pinta mucho mejor.
Para llevar a cabo el plan, se designará un comité de 22 personas que incluye a funcionarios estatales en temas como salud, desarrollo económico, trabajo, medio ambiente y asesores en temas más puntuales, como uso del suelo o silvicultura. Esta comisión tendrá dos años tras la aprobación de la normativa para crear un plan detallado para lograr las metas.