Nemonte Nenquimo, la amazónica que le ganó 200.000 hectáreas a una petrolera

Nemonte Nenquimo vive en la comunidad de Nemonpare, Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.

Foto: Jerónimo Zúñiga, Amazon Frontlines

A Nemonte Nenquimo, una indígena waorani en el Ecuador, la conocen en su familia con el apodo de Nemo. Un nombre que en su lengua tradicional wao-terero, la que se habla a lo largo del río Curaray en el territorio amazónico de ese país, significa estrella. A ella, una mujer de 33 años, activista por los derechos indígenas, miembro fundador de la organización Alianza Ceibo y representante del consejo de su comunidad, también la llaman líder en su territorio. Y ahora, luego de haber sido una de las ganadoras de los premios medioambientales Goldman y encontrarse dentro de la lista de las 100 personas más influyentes de 2020, el mundo entero la reconoce como una de las más grandes defensoras de la Amazonía.

Su lucha, la de su pueblo waorani en la Amazonía del Ecuador, y la razón por la cual el pasado 30 de noviembre se le entregó el mayor reconocimiento ambiental a nivel mundial comenzó en 2012, cuando el gobierno ecuatoriano adelantó una consulta previa con algunas familias indígenas de la región de Pastaza para autorizar la exploración y explotación de un campo de petróleo conocido como el Bloque 22, un espacio de más de 200 mil hectáreas de selva que se conecta en un 16% con territorios de las 16 comunidades indígenas.

Sin embargo, y luego del seguimiento al caso se descubrió que la consulta previa, el centro del pleito jurídico que luego llegaría, fue una reunión con unas cuantas familias de la comunidad a quienes se les explicó en español y no en lengua nativa las licitaciones de explotación en su territorio y que culminó con unas pocas firmas de indígenas quienes nunca entendieron el tema del que se les estaba hablando. Al enterarse de lo sucedido, los líderes indígenas, encabezados por Nemonte Nenquimo, respondieron al Estado ecuatoriano con acciones jurídicas por el incumplimiento a su derecho de la consulta previa y en respuesta a un procedimiento que se realizó sin los protocolos reglamentados por la ley.

Las comunidades indígenas waorani se dedicaron durante los siguientes ocho años a demostrarle a la justicia la importancia no solo ecológica, sino ancestral de ese territorio.

Los waorani son cazadores-recolectores que se organizan en pequeños asentamientos de clanes. En 1958 fueron contactados por misioneros norteamericanos—y ahora cuentan con una población de aproximadamente 5,000 personas. El territorio waorani se traslapa con el Parque Nacional Yasuní, el cual, según datos del Instituto Smithsoniano, “podría tener más especies de vida que ningún otro lugar en el mundo.

El 80% de la población waorani vive en una décima parte de su territorio ancestral original. Por eso, después del anuncio del gobierno ecuatoriano, Nenquimo comenzó a organizar a su comunidad. Realizó asambleas regionales y lanzó una campaña digital dirigida a inversionistas para financiar la defensa ambiental de su territorio con el lema “Nuestra selva no se vende”.

Con esos recursos, varios jóvenes waorani se educaron en medios audiovisuales y publicaron documentales e imágenes poderosas que dieron la vuelta al mundo. También ayudó de manera proactiva a las comunidades a mantener su independencia de los subsidios de compañías petroleras mediante la instalación de un sistema de captación de aguas pluviales y paneles solares, además de apoyar una empresa de producción de cacao y chocolate orgánicos dirigida por mujeres. Desempeñó un papel clave en un proyecto de mapeo comunitario en el que se trazaron más de 200.000 de territorio waorani, abarcando 16 comunidades.

Y finalmente, en julio de 2019, la Corte Provincial de Pastaza determinó que la supuesta consulta, hecha en 2012, no cumplió con los estándares nacionales e internacionales frente a los pueblos étnicos y se impidió, por orden judicial, la entrada a las empresas que querían extraer el petróleo en más de 200 mil hectáreas de bosque. (Los indígenas que evitaron la explotación de petróleo en la Amazonia ecuatoriana).

Una defensora ambiental a través de los años

Cuando a Nemonte Nenquimo le preguntan por su reconocimiento en el premio Goldman su respuesta siempre es la misma: “Yo represento a millones de personas indígenas que luchamos por la naturaleza. Si me reconocen a mí, nos están reconociendo a todos”, dijo a los medios GK y Mongabay Latam.

Lo cierto, es que su trabajo con el paso del tiempo sí marcó un antes y un después en su comunidad. Desde los 15 años decidió escaparse de su resguardo para estudiar español en una escuela de misioneros, pero volvió tres años después ( a sus 18 años) y desde entonces no se perdió ninguna asamblea de los abuelos, en donde los líderes discutían las decisiones más importantes.

Aún muy joven, en 2010 se involucró en un proyecto de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) en el que se buscaba detener el comercio de carne silvestre. Una actividad de la cual se beneficiaba su comunidad al vender diferentes animales que cazaban dentro del Parque Nacional Yasuní. Los resultados de la iniciativa, dirigida por la lideresa Manuela Ima, no solo lograron detener la venta de estos animales sino que también impulsaron la venta de artesanías, realizadas por mujeres, como una actividad económica que podría reemplazar la caza.

La lideresa ya ha sido galardonada por su defensa medioambiental. En junio de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ganó el Premio Ecuatorial, un reconocimiento que premia iniciativas innovadoras para proteger la biodiversidad y enfrentar el cambio climático. “Aunque Nemonte Nenquimo lideró la Alianza Ceibo hasta 2018, su trabajo marcó el inicio de su camino como la reconocida defensora del ambiente y los pueblos indígenas que es hoy, dice el medio GK.

Otras ganadoras Latinoamericanas

La lider waorani no fue la única galardonada con el prestigioso premio. Leydy Pech, una apicultura de la Península de Yucatán, también fue reconocida por su trabajo en defensa de las abejas.

México es el sexto productor de miel más grande del mundo, y un 40% de la producción nacional de miel proviene de la Península de Yucatán. En Campeche, 25,000 familias—especialmente dentro de las comunidades mayas—dependen de la producción de miel como su medio de vida. La apicultura también es fundamental en la cultura maya. Pero por la agricultura industrial, perdieron unas 38.000 hectáreas de bosque.

En el año 2000, Monsanto empezó a cultivar pequeñas parcelas de soya genéticamente modificada (GM) en México. En el 2010 y el 2011, el gobierno elevó estos proyectos a “programas pilotos.” La soya GM usada por Monsanto (ahora propiedad de Bayer) se conoce como “Roundup Ready,” una referencia al diseño de tolerancia genética que tiene la planta a altas dosis del herbicida Roundup (también un producto de Monsanto). El principal ingrediente en Roundup es el glisofato, un probable carcinógeno que además está vinculado a los abortos espontáneos y a defectos congénitos.

En el 2012, el gobierno mexicano otorgó a Monsanto permisos para sembrar soya GM en siete estados mexicanos, incluidos Campeche y Yucatán, sin previa consulta en las comunidades locales. Leydy Pech, de 55 años, reunió a apicultores, varias ONG, y a ambientalistas en una coalición conocida como Sin Transgénicos. en 2012. Ese mismo mes, Pech lideró al grupo en la presentación de una demanda contra el gobierno mexicano para detener la siembra de soya GM. Su caso se basó en el hecho que ni el gobierno ni Monsanto llevó a cabo una consulta previa en las comunidades indígenas antes de autorizar los permisos.

Pech pidió apoyo a instituciones académicas en la documentación de los impactos del cultivo de soya GM en la miel, el medioambiente y en las personas. Como resultado, la Universidad Autónoma realizó un estudio sobre la producción de la soya GM en Campeche—donde Monsanto había llevado a cabo un programa piloto—confirmando que el polen de la soya GM estaba presente en el suministro local de miel. La Universidad Autónoma y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también trazaron los impactos del glifosato, encontrando rastros del herbicida en el suministro del agua en Hopelchén y en la orina de los habitantes del pueblo.

Con esta información, Pech y su colectivo maya empezaron una campaña de promoción y educación para las comunidades locales y los oficiales del gobierno sobre los impactos nocivos de la producción de soya GM. Desarrollaron una serie de talleres para activistas y organizaciones para intercambiar información e investigaciones y lanzar peticiones, y organizó protestas simultáneas en siete centros ceremoniales mayas a lo largo de la Península de Yucatán, en las que hubo alrededor de 2,000 participantes.

En noviembre del 2015, como respuesta a la demanda por la coalición, la Corte Suprema de México dictaminó de manera unánime que el gobierno debe realizar previas consultas en las comunidades indígenas antes de sembrar soya GM. El fallo resultó en la cancelación de los permisos de Monsanto y prohibió la siembra de soya GM en Campeche y Yucatán.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador.