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El 10 de abril algunas copias de panfletos firmados por las FARC aparecieron en casas y caminos de poblados del departamento de Guaviare. En la carta, fechada al 10 de abril y firmada por la Unidad Jhon Linares del Frente Comandante Jorge Briceño, en donde pautan las “normas ambientales” para su área de influencia, y declaran objetivo militar a cooperación internacional e institutos de investigación científica y conservación del estado, y a las personas de la región que participen de estos proyectos.
De acuerdo con el comunicado, publicado en medio de la cuarentena nacional por cuenta del coronavirus, no se admitirá en las áreas de influencia a ningún proyecto de la OEA, de USAID, Misión Amazonía (queriendo decir “Visión Amazonía”), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), Corpoamazonia y Parques Nacionales. El panfleto declara como objetivo militar a estas organizaciones y llama a la comunidad a no hacer parte de estos proyectos, anunciando consecuencias graves para quienes lo hagan. (Se reduce el bosque, aumenta la ganadería. Un estudio sobre el cambio de suelos en la Amazonia)
Según dijo el director de Visión Amazonía, José Yunis, a este diario el año pasado, esa organización funciona con el desembolso de US$85 millones (más o menos $242.850 millones), entre 2016 y 2021, que corresponden al pago por emisiones reducidas entre 2013 y 2016. Se han planificado US$60 millones ($173.690 millones), pero de eso tenemos disponibles para ejecución US$44 millones ($127.552 millones), y hemos ejecutado el 29 %. Una cifra de inversión nada despreciable, que está invertida en proyectos de conservación, productivos y de ordenanza forestal en los seis departamentos amazónicos.
Aquí el panfleto:
A la circulación de este panfleto se suma la expulsión de los guardaparques de varias áreas protegidas de la Amazonia, en febrero de este año. Los guardaparques del Parque Nacional Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y Río Puré, que cuidaban 9 millones de hectáreas de ecosistemas amazónicos, llegaron a Bogotá o a zonas aledañas a sus áreas en búsqueda de protección porque su permanencia dentro o cerca de las áreas protegidas estaba poniendo en peligro su vida.
De acuerdo con Semana Sostenible, un grupo de disidencias de la FARC que se identifica como el frente Carolina Ramírez reunió a algunos funcionarios a las orillas del río Caquetá y les comunicó que los funcionarios debían salir de los Parques. Les dio algunas horas para evacuar y les comunicó que “no se necesita su presencia porque el control ambiental lo hacemos nosotros. Ya contamos con los respectivos manuales de manejo de los recursos y de reglamentación de pesca, caza y tumba”.
En el panfleto, la organización también abre la posibilidad de “tumbar monte”, “aclarando que debe tumbar quien no tenga tierra y solamente la cantidad que pueda trabajar. Además si tiene rastrojos o cañeros primero tiene que arreglar sus rastrojos también y debe dejar un margen de 50 metros a la orilla de fuentes hídricas, porque es prudente cuidar el medio ambiente pero no por eso el campesino debe privarse del buen vivir”. También prohíben hacer talas de montaña “mal hechas” y quien vaya a tumbar primero tiene que trabajar lo que tiene ya talado (…) Queda prohibido vender las tumbas de baldíos hasta los 5 años que tenga de posesión”, so pena de ser expulsado de sus predios.
Una persona que trabaja de cerca de estos proyectos en Guaviare, dice que para mayo estaban programados algunos pagos por incentivos forestales que hacen parte de estos programas y que no podrán ser entregados por el momento, dado que todo el personal de corporaciones y otros funcionarios ambientales se retiraron de las veredas.Según los cálculos del funcionario que prefiere mantenerse anónimo, el primero pago iba a beneficiar a unas 70 familias, cada una con $900.000, enmedio de la cuarentena, y se estaba haciendo trabajo de campo para caracterizar a otros posibles beneficiarios. Por ahora estos trabajos quedan suspendidos.