Páramo de Pisba, en Boyacá, el primero del país en ser declarado sujeto de derechos

El pasado jueves, 9 de agosto, un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá le otorgó este reconocimiento a este ecosistema, ordenando su pronta delimitación concertada. / Daniel Rincón Puerta - Parques Nacionales (PNN)

Más de 50 habitantes de los municipios de Mongua, Socha, Tasco, Jericó, Pisba y Socotá, en el departamento de Boyacá, demandaron hace un par de meses al Ministerio de Ambiente. ¿La razón? El Páramo de Pisba, sobre el que viven o trabajan, (aseguraban) había sido delimitado sin haberles consultado. Esta preocupación fue atendida el pasado jueves, 9 de agosto, cuando el Tribunal Administrativo de Boyacá falló a su favor. 

La decisión, además de beneficiar a las comunidades, se considera histórica. Porque la solución del alto tribunal fue ortorgarle la categoría de sujeto de derechos al Pisba, un páramo de 45.000 hectáreas, famoso por ser escenario de la Gran Campaña Libertadora de Colombia. 

Pero, ¿qué significa tal determinación? 

Esto es que, a partir de la decisión del tribunal, el Ministerio de Ambiente deberá asumir, primero, la defensa del Páramo de Pisba frente a cualquier intención de exploración o explotación minera. Y que, así mismo, la delimitación que ya estaba sugerida desde abril deberá ser aplazada hasta que se llegue a un consenso con la participación de las comunidades. 

Ambas tareas no son sencillas. En el primer caso, que involucra las corporaciones autónomas con presencia en el Pisba (Corpoboyacá y Corporinoquia), el tribunal consideró que ninguna “podrá autorizar nuevos planes de manejo ambiental que tengan por objeto servir de requisito a la obtención de un título minero en las zonas que sean delimitadas como páramo”. 

Hasta ahí el futuro parece beneficiar este ecosistema de la región altoandina. Sin embargo, la situación es más compleja teniendo en cuenta que, según el portal Justicia Ambiental, el páramo "se traslapa con 46 títulos mineros, en su mayoría para explotación de carbón". 

Por otro lado, la segunda tarea, que le corresponde directamente a la cartera, el alto tribunal consideró que todas las personas que resulten afectadas por la delimitación previa deberán ser compensadas. Además, el ministerio tendrá que cumplir con diseñar un cronograma en los próximos 15 días. Este servirá de agenda para llevar a cabo las actividades que aseguren el derecho fundamental a la participación ciudadana para la nueva delimitación, delimitación que tendrá que estar lista para agosto de 2019.