Petorca, el símbolo de la guerra por el agua en Chile

En este país el agua está regulada por el Código de Aguas desde 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet que privatizó el recurso.

Ana Fernández / AFP
22 de marzo de 2018 - 02:56 p. m.
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Karina Torres ha pasado más de siete años sin agua corriente en su casa de Calle Larga, un pueblo de la provincia de Petorca, en el centro de Chile. Enfrente, sin embargo, crecen en un oasis miles de hectáreas de aguacate.

Las lluvias del año pasado trajeron un poco de alivio. Ha vuelto a salir agua del grifo. Ya se pueden duchar y dar de beber a los pocos animales que sobrevivieron a la prolongada sequía.

Junto al cambio climático, la gente de esta comarca con clima subtropical situada 150 km al noroeste de Santiago culpa a las empresas agrícolas productoras, sobre todo de palta o aguacate, de haber generado el problema del agua. 

Las tradicionales plantaciones de papas, tomates, árboles frutales, flores y hortalizas han sido sustituidas mayoritariamente por el árbol de aguacate o palto (Persea americana). 

En la provincia de Petorca los cultivos de este "oro verde" se extienden por 16.000 hectáreas, según Rodrigo Mundaca, vocero nacional y fundador de Modatima, una organización de defensa del agua. En la década de 1990 no llegaban a las 2.000.

Cada hectárea de palto necesita unos 100.000 litros diarios, "equivalente al consumo de 1.000 personas", agrega Mundaca.

Chile es uno de los principales exportadores mundiales de este fruto de origen guatemalteco. Según datos oficiales, el pasado año exportó 159.700 toneladas, 32.000 toneladas más que en 2016, sobre todo a Europa y Estados Unidos. 

Por los ríos Ligua y Petorca no baja una sola gota de agua desde 1997 y 2004, respectivamente. Donde antes se bañaba la gente y pescaban pejerreyes y camarones, hoy proliferan los basurales de plásticos.

"¡Aquí tenemos niños de 10 años que no han visto nunca un río!", exclama Mundaca. 

Sin agua en los ríos, todo el ciclo hidrológico se ve alterado: no hay evaporación del agua ni formación de nubes ni precipitaciones, alerta este ingeniero agrícola.

En Cabildo, una de las principales comunas de la provincia junto con Petorca y Ligua, el agua que consumen sus 22.000 habitantes llega por camiones. 

"¡Estamos gastando la libreta de ahorros del valle!", alerta a la AFP Carolina Vilches, encargada de asuntos hídricos de la municipalidad de Petorca.

Estas acusaciones "son totalmente falsas", asegura a la AFP, no obstante, una de las empresas productoras de palta, Cabilfrut.

Agua Privatizada

En Chile, el agua está regulada por el Código de Aguas desde 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que privatizó el recurso.

El último intento de reforma para darle al Estado más poder regulador, garantizar la sostenibilidad de las cuencas, priorizar el uso humano y proteger las fuentes fue en el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado, quedó pendiente el trámite en el Senado.

"Nadie está en contra de que los agricultores tengan concesiones de agua, pero obviamente el Estado tiene que tener la facultad de priorizar los usos", dice a la AFP Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable.

Sin ríos, en la provincia de Petorca los pozos, cada vez más profundos, son habituales. Así como los estanques gigantes que han construido las empresas agrícolas en la cabecera del valle para garantizar el riego.

"Pedimos agua, que no exploten nuestros ríos, no es posible que ellos saquen tanta agua y nosotros tan poca", lamenta Torres.

La falta de agua ha destruido la agricultura familiar y la ganadería generando un éxodo de trabajadores, en particular hombres, que han emigrado a otras zonas del país en busca de empleo, sobre todo en la minería.

Nadie desperdicia una gota. El agua usada para lavar la loza o la ropa se reutiliza para el riego o para el baño.

Los agroquímicos de las plantaciones se filtran en las napas, que sumados a la dureza del agua cargada de sales minerales que se extrae de los pozos cada vez más profundos son una amenaza creciente para la salud, advierte Vilches.

Amenaza a la convivencia 

Sometida a la ley de la oferta y la demanda, solo el agua potable rural, denominada APR, escapa al yugo mercantilista como bien colectivo que garantiza el Estado para abastecer a las comunidades rurales.

Pero la escasez y la creciente necesidad de las agrícolas han convertido este sistema en un objeto de deseo, construyendo pozos "ilegales" cerca de los comunitarios o instalaciones para "robarla", denuncia la presidenta de una APR, Verónica Vilches, que asegura que ha recibido varias amenazas de muerte de "extraños en autos sin placas".

"Últimamente hemos tenido mucho hostigamiento", declara. Atrapada entre las agrícolas que quieren su agua -y que han construido canalizaciones ilegales a los pozos comunitarios para "robarla"- y de la gente del pueblo descontenta con la escasez, Vilches ya casi no osa salir de casa

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Por Ana Fernández / AFP

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