Piden suspender decreto de licencias ambientales

Los ambientalistas habían anunciado que demandarían la norma por considerarla inconstitucional. Abogado Rodrigo Negrete es el primero en llevar el caso a tribunales.

Cualquier proyecto de explotación de minerales debe contar con licencia ambiental. En la imagen, extracción de carbón a cargo de Drummond, en el Cesar. / Luis Ángel

Cuando en octubre del año pasado, con la firma del decreto 2041, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó los protocolos de licenciamiento ambiental para que compañías interesadas en construir carreteras, extraer petróleo o hacer minería pudieran agilizar la obtención de este permiso obligatorio, varios abogados especialistas en derecho ambiental anunciaron que demandarían la nulidad de la norma al considerar que la manera como se expidió iba en contra de los mandatos constitucionales.

Esta semana, ante el Consejo de Estado, se presentó la primera acción. El responsable es el abogado Rodrigo Negrete, quien además le solicitó al tribunal la suspensión provisional de la norma mientras se resuelve la demanda en contra del Minambiente.

Entre los principales argumentos en contra del ministerio, Negrete expone que antes de ser firmado el decreto 2041, presentado por el ministro Gabriel Vallejo como una de las soluciones para destrabar las 120 solicitudes represadas por más de 14 meses, el documento debía haberse compartido y debatido con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan los territorios donde se tienen proyectados bloques petroleros, obras o explotaciones mineras, teniendo en cuenta que los cambios en los protocolos de licenciamiento tienen efectos sobre sus territorios.

“Las disposiciones contenidas en el decreto 2041 de 2014 afectan a los pueblos, pues estos proyectos introducen cambios evidentes en su cultura, tradiciones y en los usos del suelo. El decreto en cuestión debió haber sido consultado con ellos. Si bien cada solicitud de licencia ambiental debe ser objeto de consulta previa, no es menos cierto que la norma que ampara esta consulta también deba ser concertada. De esta manera, el decreto viola el convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos humanos de los pueblos originarios y hace parte del bloque de constitucionalidad”, dice Negrete.

Para el abogado, el ministerio también violó los principios de legalidad y debido proceso al expedir un decreto que anula otra norma demandada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ante el Consejo de Estado: el decreto 2820 de 2010.

“El decreto 2041 de 2014 retoma la mayor parte de las disposiciones que fueron demandadas en el 2820 y sobre las que aún no ha habido respuesta del Consejo de Estado. No se esperó a que se emitiera el fallo judicial para saber si esta norma era declarada nula o no. Cuando el Consejo de Estado admitió la demanda, el ministerio perdió la competencia para revocar o derogar esa norma hasta tanto no existiera pronunciamiento del tribunal, esta es una abierta violación del principio de legalidad”, se lee en la demanda.

Además, el abogado asegura que, al emitir el decreto de licencias ambientales, el Minambiente actuó en contravía de la protección ambiental y la participación ciudadana.

“El Gobierno Nacional reduce los términos para emitir las licencias y establece un procedimiento de oralidad que excluye la posibilidad de realizar una evaluación detallada, integral y coherente de los proyectos, excluyendo el derecho a la participación ciudadana. No se trata de acelerar los trámites de las solicitudes a fin de que no obstaculicen el desarrollo económico del país, como expresa el Gobierno Nacional, sino que estos proyectos que generan deterioro grave al ambiente y a las comunidades deben ser adecuadamente evaluados”, dice.

Una de las principales críticas presentadas desde organizaciones de investigadores, como De Justicia, es que esta nueva reglamentación de licencias no asumió lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al que aspira entrar Colombia, cuando recomendó avanzar en la imposición de licencias ambientales para etapas de exploración y tomar decisiones para fortalecer la capacidad institucional de las autoridades ambientales.

En distintas oportunidades, el ministro Gabriel Vallejo ha defendido la normativa argumentando que sí cumple con los ajustes recomendados por la OCDE y representa un avance dentro de la reestructuración proyectada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sobre los términos de la demanda, que se encuentra en proceso de admisión, Vallejo le dijo a El Espectador que no ha recibido notificación del tribunal a su despacho. “Cualquier colombiano tiene absoluto y pleno derecho a estar en desacuerdo con decisiones que toma el Gobierno. Cuando tengamos conocimiento del proceso haremos el análisis respectivo”, dijo el ministro.

 

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