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El viernes 25 de octubre el Ministerio de Agricultura publicó una resolución (la 350 de 2019) en la que establecía unas cuotas de pesca de algunas especies marinas en Colombia. Entre ellas de jaibas, pianguas y langostas. También varias de tiburón.
El documento, de solo 4 páginas, ha causado una gran polémica. “Colombia autoriza caza de tiburón y comercialización de su aleta”, “Gobierno autoriza caza de tiburones”, han sido algunos de los titulares con los que medios de comunicación han encendido las alarmas.
Las críticas en Twitter se multiplicaron. “Estalla polémica por aval del Gobierno a caza de tiburón y comercialización de aleta”, trinó otra conocida emisora. “Señor Ministro de Agricultura, explicaciones sobre los permisos de caza de tiburón y aleta de tiburón!!! Qué más nos tiene que pasar en este país!!!!!”, replicó una usuaria.
Las inquietudes estaban acompañadas de la cifra que autorizaba la resolución del Ministerio de Agricultura. En total, permitía la pesca artesanal de 125 toneladas de tiburón en el Mar Caribe en el 2020 y de 5,2 toneladas de aletas de la especie Carcharhinus falciformis. Además, daba vía libre para que se también se pescaran otras 350 toneladas de tiburón en el mar Pacífico y se recogieran 9,9 toneladas de las especies Alopias pelagicus, Alopias supercilliosus y Sphyrna corona.
Ante la polémica, Andrés Valencia, ministro de Agricultura, hace un llamado a la calma. Según le dijo a RCN Radio, esta resolución no es nueva. En los cuatro años anteriores, explicó, se han publicado documentos similares en los que se establecen cuotas de pesca de tiburón, luego de una reunión de un comité técnico científico integrado por, entre otros, el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).
Valencia tiene razón. En 2018, por ejemplo, fue expedida una resolución similar. Bajo el número de 403 de 2018, aquel documento señalaba lo mismo que el que publicó el Minagricultura el pasado viernes. En él también se autorizaba la pesca de 500 toneladas de tiburón. La cifra era la misma en 2016. También en 2015. En todas hacían una aclaración: el permiso era, únicamente, para pesca artesanal.
La diferencia, según el ministro de Agricultura, es que en esta ocasión se hace una salvedad que no se había hecho en anteriores oportunidades: los valores asignados en las cuotas de aletas deben provenir de las cantidades permitidas en la pesca de tiburón. En sus palabras, “estos animales deben llegar con las aletas a puerto”.
“Esta es una cuota relacionada con la pesca de tiburón que se permite solo para pesca artesanal; en especial para las capturas por pesca incidental, que es aquella que se da por accidente dentro de su pesca tradicional. Son 65 mil pescadores artesanales marinos, sin tener en cuenta los continentales, los que hay en el país”, afirmó Valencia horas más tarde en un comunicado.
Sin embargo, a Sandra Bessudo, bióloga marina y Directora Fundación Malpelo, le inquietan varias cosas. “Creo que las cuotas permitidas son exageradas”, dice. “Y, definitivamente, no se debería dejar capturar especies amenazadas”.
A lo que se refiere es que la resolución permite la pesca del tiburón zorro (Alopias superciliosus) que está en el apéndice II de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), un acuerdo internacional entre gobiernos que busca garantizar que “el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia”.
En ese apéndice, dice la página web de la CITES, “se incluye especies no necesariamente amenazadas de extinción, pero en las cuales el comercio debe ser controlado para evitar una utilización incompatible con su supervivencia”.
“No deberían existir cuotas para esta especie”, señala. “Además, me preocupa que esto de pie para que se capturen tiburones bajo la modalidad de pesca artesanal que, claramente, por los volúmenes, no es artesanal. Debemos fortalecer el control y la vigilancia”.
La postura de MarViva
La organización MarViva que desde hace varios años trabaja en Colombia por el uso sostenible de recursos marinos emitió un comunicado a propósito de este debate. De acuerdo con sus voceros, en Colombia hace falta contar con más información científica y estudios poblacionales que sustenten la aplicación de cuotas y medidas en el país.
"Esta resolución incentiva la pesca de especies amenazadas de tiburones y rayas; especies consideradas de alta importancia para la salud de los ecosistemas marinos y por ende de la seguridad alimentaria de las comunidades costeras", señalaron.
Enfatizaron que la lista actual incluye especies en estado de amenaza como Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Carcharhinus falciformis y Alopias pelagicus.
"Esta resolución (y sus predecesoras en el tema del establecimiento de cuotas anuales) son una violación al Principio Precautorio consagrado en el artículo 1 de la ley 99 de 1993, a los artículos 8,79,289 y 334 de la Constitucion y a la Convención de Río de 1992", anotaron, "la Resolución asigna cuotas a categorías genéricas (p.ej. Atún, Jaiba, Peces Óseos, Langosta del Caribe) desconociendo las diferencias en poblaciones y suceptibilidad a la extracción de las diferentes especies incluídas en esas categorías generales".
Por último anotaron que en la resolución se hace caso omiso a los diferentes requerimientos establecidos para pesca dirigida al Comercio Internacional de especies amenazadas, tales como los Dictamenes de Extracción No Perjudicial (DENP) para el caso de aletas de tiburón y de algunas especies de tiburones y rayas, según se reconoce mediante la Ley 17 de 1981.
"Estas deficiencias en la Resolución, son más preocupantes aún, a la luz del débil control ejercido en las capturas y descargas pesqueras en nuestro país. La Fundación MarViva recomienda revocar esta resolución hasta tanto no exista información cientifica sobre las poblaciones que permitan establecer rigurosas cuotas de pesca que efectivamente propicien la pesca sostenible y la conservación de los recursos marinos y costeros. La Fundación MarViva hace un llamado a otras instituciones que tienen como obligación velar por la conservación de los recursos pesqueros para que se pronuncien en este tema", concluyeron.