:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/4zzgIiIB9tYLrOOea-I8jqSdNXo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JL2J3X55XNHU7G4QVKPQDZ54IU.jpg)
El pasado viernes, mientras la mayoría de colombianos estaban ocupados haciendo las últimas compras de Navidad y terminando de planear el inicio de sus vacaciones, en el Ministerio de Ambiente se llevaba a cabo una reunión. Alrededor de las 4:30 p.m., integrantes de las veedurías ciudadanas de la Reserva Thomas van der Hammen y de los cerros orientales de Bogotá se sentaron a hablar con César Rey Ángel, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio. No era la primera vez que se reunían para discutir un tema que les causa inquietud: una resolución que está preparando esa cartera para redefinir los términos por los que hoy se regulan o modifican las reservas forestales.
Aunque a los citados no les cayó muy bien el hecho de que el Ministerio los citara el día anterior, justo en un mes en el que quienes viven en Bogotá suelen abandonar la ciudad, fueron al encuentro. Al cabo de un par de horas, sin embargo, no llegaron a ningún consenso. El documento que se cocina en el Minambiente tiene unos detalles que, a su parecer, pueden poner en jaque las reservas forestales del país.
Aunque las razones que les causan incomodidad son diversas hay una en especial que los preocupa: la adopción de un nuevo término (“realinderación”) que antes no estaba en sus cálculos. Se trata, en palabras de Claudia Calao, que hace parte de la veeduría de la Reserva Thomas van der Hammen, de “una sustracción disfrazada”.
“Es un término para quitarles espacio a las reservas. En vez de ser coherentes con la política de restauración, aseguran que cuando se demuestre que hay degradación, ellos pueden hacer una realinderación. Es decir, sustraer una parte del área, pero sin hacer una compensación, como actualmente se hace cuando hay sustracción”, señala Calao.
En otros términos, lo que indica el documento es que cuando hay un área de una reserva que se encuentra degradada y su reestructuración genera más “costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación”, se puede solicitar una realinderación.
La abogada y exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado sabe que una reserva no es intocable y que se suelen intervenir cuando se hacen obras de interés público, pero también le incomoda la propuesta del Minambiente. Según ella, sería abrir una puerta para transformar esas áreas que protegen zonas boscosas. “Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá podría solicitar una realinderación de la Van der Hammen del área que ellos necesiten. Nosotros le pedimos al Ministerio que, al menos, estableciera una proporcionalidad, del 10 % o del 20 %, pero cuando lo propusimos guardaron silencio”, dice.
Sus desacuerdos se los habían hecho saber a esa cartera hace un par de semanas ambas veedurías en una carta de 14 páginas. Entre las sugerencias, advertían que recategorizar las reservas nacionales requería de una ley y no de una resolución. También les inquietaba que se hablara de estrategias de recuperación pero sin tiempos definidos y que, de ahora en adelante, ”las autoridades municipales o empresas o instituciones (sin precisar a qué tipo de instituciones se refieren) puedan iniciar el trámite de supresión”. “¿Se trata de ajustar límites o de abrir la posibilidad, en la práctica, de sustraer por otros motivos?”, le preguntaban al Minambiente. El Espectador intentó conocer sus respuestas, pero al cierre de esta edición esa cartera aún no se había pronunciado.
“De quedar firmado, este mecanismo se convierte en una forma burda que puede significar un incentivo perverso para deteriorar reservas forestales en Colombia. Es posible que personas con propósitos económicos empiecen a causar degradación para realindar. Hay experiencias similares en Europa, donde comenzaron a quemar áreas con la excusa de urbanizar. Es un proceso que afectará a todo el territorio nacional”, asegura el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.
Hay, además, otro par de puntos que preocupan a estos expertos. El primero tiene que ver con el rol que desempeñarán las corporaciones autónomas regionales. En pocas palabras, afirman que entrarían a ser juez y parte. Es decir, serían las encargadas de hacer los estudios para evaluar el estado de las reservas y, a la vez, decidirían si se realinderan o no.
El segundo punto que los tiene molestos tiene que ver con la manera como el Ministerio de Ambiente ha manejado el proceso. Según Maldonado, cuando publicaron el proyecto en internet, hace unas tres semanas, no les avisaron y apenas dieron cinco días para la recepción de comentarios de personas externas. Luego de varias peticiones gestionadas a través del Ministerio del Interior, lograron reunirse con representantes del Minambiente para dar a conocer sus desacuerdos, pero sus encuentros no han llegado a buen término. A ellos también han asistido académicos como Julio Carrizosa y el profesor de la Universidad Nacional Gary Stiles. El biólogo Gonzalo Andrade, del Instituto de Ciencias Naturales de esa universidad y coordinador de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas, también ha estado pendiente del debate y su conclusión se la hizo saber a varios colegas en un correo de carácter urgente el 24 de diciembre: esta resolución “lesiona gravemente a la Reserva Van der Hammen y al resto de reservas nacionales (...) El Gobierno nacional pretende sustraer el área afectada y no restaurarla”.