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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrirá de nuevo el debate sobre la continuidad de la pesca de arrastre en el norte del Chocó. Dos años después de que la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal de la Costa Pacífica Chocoana (Fedepesca) y el Consejo Comunitario de Los Delfines interpusieran una acción popular en la que demandaron a seis entidades del Estado colombiano por no controlar la llegada de barcos pesqueros industriales a Juradó y Bahía Solano, los jueces comenzaron a recibir los testimonios de expertos en conservación de océanos, como la Fundación Marviva, y de integrantes de comunidades negras, quienes aseguran que por esta supuesta desprotección estatal se han visto vulnerados sus derechos al medio ambiente sano, el equilibrio ecológico y el patrimonio cultural.
En 2008, producto del trabajo comunitario, los pescadores artesanales de Juradó y Bahía Solano del Chocó lograron que el Gobierno sacara de esa zona a los barcos de pesca industrial.
Durante años los artesanales habían argumentado que la sobreexplotación de pescado, encabezada por los barcos camaroneros, había acabado con el camarón de aguas someras del Pacífico y que sus cuestionadas técnicas de pesca de arrastre estaban hiriendo de muerte los ecosistemas y suelos marinos que les permitían a las comunidades negras seguir con su tradición de pesca y contar con suficiente recurso para alimentarse y vender.
De esta manera lograron que en una extensión de 2,5 millas náuticas (desde el límite con Panamá hasta el Parque Utría, en Chocó) se declarara la primera Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) del Pacífico, donde sólo se permitirían actividades pesqueras a pequeña escala.
El descontento de los industriales fue evidente. La medida les impedía seguir aprovechándose de importantes caladeros sobre los que se soportaba gran parte de su producción, por lo que algunos pasaron por encima de la medida.
“En principio, los pescadores insistieron en que a través del diálogo institucional era posible hacer valer la ZEPA, pero las autoridades pesqueras y las ambientales al parecer ignoraron sus denuncias, así que fue necesario interponer una acción popular para ver si por la vía jurídica se podría exigir el control de las instituciones”, explica Elizabet Périz, de Tierra Digna, organización que asesoró a los pescadores en el proceso.
La acción, que además pide que el área de la ZEPA se amplíe de las 2,5 a las 7 millas, argumentando que la primera medida fue insuficiente para garantizar la preservación del recurso pesquero y la seguridad alimentaria, se interpuso en enero de 2012 en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y aunque al principio el proceso avanzó con celeridad terminó congelado, hasta hace un par de semanas cuando los jueces llamaron a los primeros testigos.
Carlos Vieira, gerente del programa de comunidades de Marviva, institución que ha acompañado desde el comienzo la conformación y el monitoreo de la ZEPA, fue uno de los primeros en argumentar ante el tribunal que la ampliación de la zona a las 7 millas es una medida necesaria.
“El 0,5% de los océanos del mundo está desprotegido y a disposición de quien quiera. Colombia ha asumido diferentes compromisos internacionales encaminados a aumentar sus áreas marinas protegidas. Figuras como la ZEPA van en esa vía, pero las 2,5 millas no son suficientes para garantizar la renovación de los recursos pesqueros pues los efectos de la pesca de arrastre han sido demasiado nocivos. Por un kilo que se sacaba de camarón los barcos sacaban 14 o 15 kilos de fauna incidental que no les servía, peces jóvenes y especies necesarias para conservar la salud de los mares que son tirados muertos de nuevo al agua. Costa Rica y Ecuador eliminaron la pesca de arrastre; Colombia debería tomar medidas parecidas de conservación”.
Por su parte, Judith Segura, representante de los pescadores industriales, cree que la ampliación de la ZEPA traería la pérdida de 1.500 empleos directos en Buenaventura y posiblemente aumentaría la criminalidad del puerto.
“Desde que se conformó la ZEPA han salido de esa zona el 50% de los barcos que se dedicaban a la pesca de camarón. No entendemos por qué si se ha disminuido la presión sobre el recursos aún insisten en sacarnos. Podríamos llegar a puntos de encuentro donde tanto los industriales como los artesanales aprovechemos el recurso. Nosotros trabajamos en zonas a las que ellos no pueden llegar y si esos sitios no se aprovechan se dejaría de explotar 240 toneladas de captura al año”.
Los jueces seguirán escuchando argumentos y en los próximos meses se conocerá un fallo del que dependerá el futuro de la pesca de arrastre en el país.
angelicamcuevas@elespectador.com
@angelicamcuevas