En la ruta del carbón

Durante siete días El Espectador recorrió diez pueblos del Cesar y La Guajira, que reescribieron su historia por cuenta de la explotación de carbón a gran escala. Diario de viaje de una travesía.

Tajo Patilla de Cerrejón mide dos kilómetros de largo por uno de ancho y tiene una profundidad de cerca de 100 metros. / Fotos: Luis Ángel

La persona más triste, más desdichada y más desesperanzada que nos cruzamos en los siete días que recorrimos los pueblos carboneros del Cesar y La Guajira, se llama Felicia Ustate (67 años). Llevaba una camiseta blanca raída, un trapo negro en la cabeza y un dolor profundo en la mirada.

Estaba sentada bajo un árbol que la protegía del sol ardiente, y desde ahí nos contó que esa casa blanca que teníamos al frente era su nuevo hogar desde 26 días atrás. Cerrejón construyó este caserío llamado Nuevo Roche —en la media Guajira— para que ella y sus vecinos dejaran el viejo pueblo afectado por la minería.

Durante tres años se resistió a trasladarse, pero tuvo que ceder para que su hijo de 12 años volviera a la escuela, que también fue reubicada. Renegaba porque la casa blanca “es muy chiquita” y porque la cocina está integrada con la sala —así como los apartamentos modernos—, mientras ella en su finca cocinaba en un cuarto “más oculto”.

Entre tantas imágenes desoladoras que nos encontramos por esos diez pueblos que recorrimos, no se me olvida la mirada de doña Felicia. Esos ojos afligidos no sólo contaban su historia, sino la de cientos de personas a las que la vida les dio vuelco hace 30 años, cuando el país comenzó a explotar carbón a gran escala.

Empezamos a preparar este viaje luego de que el Gobierno anunciara una sanción y multas históricas a la Drummond —la segunda mayor extractora de carbón en el país— por haber arrojado toneladas del mineral al mar. Y mientras el dedo apuntaba a las barcazas, que por años transportaron el carbón desde las playas hasta los buques, comenzamos a sentir curiosidad por lo que estaba sucediendo lejos de ahí, mucho más adentro de Colombia, en el corazón de La Guajira y el Cesar, de donde se extrae el carbón.

Nos preguntábamos cómo era la vida de esos pueblos que han tenido que reescribir su historia por cuenta de la minería. Tratábamos de imaginarnos sus rutinas, sus casas, sus conversaciones. Nos preguntábamos si son más las personas a las que el carbón ha enriquecido y les ha dado empleo, o aquellas a las que ha empobrecido y ha dejado sin agua potable y aire limpio. Queríamos respondernos si estos pueblos cargan con la fortuna, o con la desgracia, de tener bajo sus tierras un gran trozo de este mineral.

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Día uno. Llegamos a Valledupar, la ciudad que a mediodía hierve bajo un sol de 40 grados. Allí me reúno con el secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz, quien nació en La Jagua de Ibirico, el municipio más rico del Cesar, el que más se ha lucrado de las regalías que ha dejado la explotación de carbón y el que bien podría llevarse el título al pueblo más robado de Colombia. O el de “campeón del despilfarro”, como escribió El Heraldo.

El discurso de Díaz es directo, suena honesto. Reconoce que al Gobierno el “boom minero” lo cogió “con los calzones abajo”, sin unas leyes claras que regularan a las grandes mineras sedientas de explotar nuestras tierras. Pero “no todo es malo —dice—. Una minería responsable sí constituiría una locomotora de desarrollo”. “Y la minería que se está haciendo hoy, ¿para quién es un motor de desarrollo?”, le pregunto. “Para el país, sí. Aporta el 42% del PIB del departamento”. “¿Y para las poblaciones?”. “Habría que mirarlo con lupa. Pero no podemos decir ‘cerremos y vámonos’. Si no hay minería no hay energía”. Y remata diciendo: “La minería, como la política, es un mal necesario”.

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Día dos. En La Jagua de Ibirico los testigos más fieles del derroche y la seguidilla de alcaldes corruptos que malgastaron el dinero son los “elefantes blancos”: aquellas obras que iban a convertir a La Jagua en un pueblo próspero y terminaron inconclusas, corroídas por la maleza, el sol y el abandono. En dos horas un mototaxi nos hace un recorrido por estos monumentos a la corrupción (ver reportaje gráfico).

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Día tres. Por un recorrido de media hora, desde La Jagua hasta la entrada de la mina Pribbenow de Drummond, un taxista nos pide $70.000 y nos cobra finalmente $60.000. Todo lo que esté relacionado con minería en el Cesar cuesta más. En el barrio El Bosque de La Jagua, arrinconado, olvidado, reconocido como una “invasión”, el arriendo de una casa puede valer $400.000. No hay acueducto ni alcantarillado, pero sí carbón.

Desde que planeamos este viaje dijimos que era indispensable recorrer una mina y entender cómo es la vida allá adentro. Y aquí estamos, en la mina más grande del mayor extractor de carbón del Cesar: Pribbenow, de Drummond. Lo primero que vemos al entrar es un gran lago en el que conviven babillas (dos de ellas se acercan a nosotros, respondiendo al llamado de uno de los empleados), chigüiros y varias especies de peces.

A minutos de ese pedazo de vida está un inmenso hueco gris (de 365 metros de profundidad y un área de 800 hectáreas) en el que decenas de máquinas gigantes se mueven a un ritmo robótico. Ante esa inmensidad de carbón, polvillo y material inerte, uno se queda sin aliento.

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Día cuatro. Estamos en La Loma, el corregimiento en el que vive la gran mayoría de empleados de Drummond. Hablamos con el sacerdote del pueblo, Nilson Camacho, quien reconoce que la minería “ha ayudado a madurar estas poblaciones, a crecer, a competir por la calidad de la educación”, pero que “el desenfreno de esa bonanza atrajo violencia, desempleo, prostitución… Trajo la sífilis, el sida”; quien se lamenta de que la población haya cambiado su vocación agrícola por la minería; quien repite que “unos se enriquecieron, sí, pero con eso vino mucha pobreza para otros”.

En dos décadas de minería La Loma pasó de unos 5 mil habitantes a cerca de 30 mil. Aquí la mayoría de estudiantes sueñan con graduarse, hacer un curso de seis meses y convertirse en conductor de camión en la mina para ganarse “rapidito” tres o cuatro millones de pesos.

El día será largo. Por la llamada “vía del carbón” arribaremos a los tres pueblos mineros que el Gobierno ordenó reubicar, porque están respirando un aire que supera todos los límites de contaminación. Drummond, CNR, Vale y Glencore tienen desde 2010 la obligación de reasentarlos y eso todavía no ha sucedido.

Por eso sigue estando aquí el Hatillo, con sus “600 y pico” de habitantes, sitiado por dos minas, una fábrica extractora de aceite y un cultivo de palma. Y siguen estando —con el mismo paisaje de casas de bahareque, trochas de tierra amarilla, carencias, pobreza— Plan Bonito, el primer pueblo que logra el reasentamiento y que dejará de existir en pocos meses, y Boquerón, el que está más lejos de una negociación.

Terminamos el muy día agotados, de tanto sol y tanta desesperanza.

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Día seis. En La Guajira habitualmente llueve 81 días al año, pero en los últimos 12 meses sólo ha caído agua 45 días. Por eso el paisaje es de pasto seco y árboles marchitos. Mientras vamos camino al Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, las nubes empiezan a ponerse grises y los guajiros comienzan a ilusionarse con la idea de que hoy sí llueva. No sucederá.

El paisaje gris, árido, con el que nos encontramos en el Cerrejón, no es muy diferente a la mina de Drummond. Sólo que acá el ritmo de explotación parece ir más lento que en Pribbenow, donde las máquinas y los operadores en campo (que son muchos) van a una velocidad frenética. La razón: mientras el Cerrejón extrae 33,5 millones de toneladas de carbón al año de cinco minas, Drummond explota 24 millones de sólo dos.

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Día siete. Estamos en Albania, la población vecina a Cerrejón, la llamada Princesa Negra de La Guajira. La minería le permitió a este pueblo —que nació siendo un corregimiento de Maicao— crecer tanto hasta convertirse en municipio; les trajo vías pavimentadas, casas de material que reemplazaron las de bahareque y comercio, mucho comercio. Pero ahora que miran hacia atrás, reconocen que esa misma minería los llevó a hacer el peor negocio de sus vidas.

“Nos compraron las tierras a precio de gallina flaca. Y el que no quería vender lo amenazaban con expropiarlo”, dice Wilfrido Ustate, de 50 años, haciendo referencia a la primera empresa minera que llegó a su territorio: Intercol. Cuenta que a los que mejor les fue les compraron cada hectárea por $25.000 y a los más infortunados, a $15.000. “Años después Intercol le vendió a Cerrejón a $56 millones la hectárea”, remata Wilfrido. La misma historia repiten indignados Ramón Gil y Rafael Carillo.

Albania es el símbolo del eterno dilema de la minería: de la que genera empleo, construye colegios, pavimenta vías, crea fundaciones, y al mismo tiempo contamina el agua y el aire, vuelve infértil la tierra, enferma los pulmones, atrae violencia. Haciendo este balance recuerdo las palabras del sacerdote de El Paso, Nilson Camacho, quien decía airado: “Si uno suma y resta, a veces piensa, ‘¡carajo!, si ese carbón hubiera estado en otra parte…’”.

 

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* Vea mañana un reportaje gráfico sobre la vida al interior de una mina de Drummond y una Cerrejón.