Hace un mes, el presidente Juan Manuel Santos salió en defensa del mar territorial que rodea el archipiélago de San Andrés por el anuncio que hizo la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de aceptar las nuevas demandas de Nicaragua que apuntan a una extensión de su plataforma continental en el Caribe. Santos dijo con vehemencia: “No sacrificaremos un solo centímetro del territorio”, “esta decisión vulnera los derechos de los raizales”. Y el expresidente César Gaviria lo secundó con fuerza: “No nos vamos a dejar joder”.
Mientras se libraba esa batalla internacional, los sanandresanos se sentían abandonados y atravesaban por una de las emergencias ambientales más preocupantes de su historia. Desde el jueves los habitantes de varios sectores de San Andrés, como Atlántico y Lynval, salieron a las calles para mostrar su descontento con el servicio de agua. A sus casas está llegando cada 20 días, sale un chorro diminuto durante dos horas y muchos de ellos deben pagar $80.000 a los carrotanques que abastecen a la isla.
La situación es el cúmulo de muchos males. Uno de ellos, y el más claro, es el fenómeno de El Niño, que ha afectado a la isla desde 2013. Como explicó Durcey Stephens, director de la Corporación Ambiental Coralina, “El Niño ha disminuido dramáticamente las lluvias, hay problemas por la menor infiltración de agua en el subsuelo, lo que genera un desequilibro en el almacenamiento de agua dentro del acuífero”.
De hecho, Ómar Franco, director del Instituto de Hidrología y Meteorología (Ideam), aseguró que desde junio de 2015 a la fecha “la isla presenta un déficit acumulado de precipitaciones del 70 %. La presencia de El Niño hace que llueva menos en el Caribe, pero es que en San Andrés no ha llovido sino el 30 % en 10 meses”, sostuvo.
Otro punto que agudiza la crisis hídrica, como comentó Roberto Hudson, subdirector de Gestión Ambiental de Coralina, es que la red de distribución del acueducto no cubre el 100 % del territorio y todavía algunos sectores reciben agua mediante carrotanques. “Por eso la isla no se declaró en emergencia ambiental, sino en calamidad pública, lo cual significa que hay un factor ambiental y social de por medio. Llevamos 2 años con los menores niveles de precipitaciones a lo históricos en 20 y 25 años”, sostuvo.
Como explicó Franco, director del Ideam, hay otro elemento que se suma a la lista de problemas: San Andrés únicamente depende de agua de un acuífero para sobrevivir. A pesar de contar con dos acuíferos, sólo uno de ellos se considera apropiado para la captación de agua para consumo. La topografía, el bosque y el suelo en el centro de la isla permiten la recarga del acuífero, pero no la formación de fuentes hídricas con caudal permanente.
“Uno podría asegurar que San Andrés se abastece 100 % de agua subterránea. El problema es que en alguna época los hoteles e independientes perforaron el acuífero”, resaltó Franco. Así que debido a un desarrollo desordenado y como consecuencia de la reducción de las lluvias desde el 2013, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) concluyó que el acuífero no ha tenido una recarga normal y por ello se encuentra en su máximo estrés.
El estrés significa que no se puede extraer más agua del acuífero porque su nivel es tan bajo que tiene el riesgo de contaminarse con agua salada. De ser así, aumentarían los costos de tratamiento para hacer el agua potable, explicó Franco. “La condición de San Andrés es muy difícil, pues sólo tienen esa posibilidad de agua. Se necesita una política y uso eficiente del recurso. Hay que buscar la manera de no sólo ahorrar, sino de encontrar fuentes alterativas, que sean costoeficientes, aunque eso sea muy complejo”, remató.
Una vez declarada esta situación, dijo Hudson, de Coralina, el Gobierno Nacional es el que debe liderar la ejecución de los recursos establecidos por la Unidad Nacional de Desastres. Ya el Viceministro de Agua, Carlos Correa Escaf, viajó este viernes a San Andrés para atender la emergencia. Aseguró que el caudal en algunos municipios rurales pasó de 40 a 12 litros por segundo, con lo cual la frecuencia del servicio se ha tenido que reducir de cada 20 días a 27 o 30 días.