Se raja la gestión estatal en la Amazonía

La tasa de muertes violentas sigue siendo un aspecto preocupante en la región.

La Gobernabilidad, la seguridad y justicia, y el acceso a la información no salen bien libradas en la última medición del índice Amazonas2030. Éste último, elaborado a partir de información oficial y complementado con la Encuesta de Percepción Amazonas 2030, realizada por Ipsos-Napoleón Franco, evalúa el impacto de la gestión pública y privada sobre la calidad de vida de los habitantes y los ecosistemas amazónicos.

El Índice agrega información de 75 variables en cinco dimensiones: social, ambiental, económica, institucional e indígena. En la última medición, correspondiente a la información de 2012, la dimensión institucional presentó, por tercer año consecutivo, el promedio más bajo de calificación, con un puntaje promedio de 33 puntos, lo cual se considera alarmante teniendo en cuenta que la escala del índice va de cero (peor escenario) a cien (escenario óptimo). Preocupa además, que a lo largo de los tres años de medición, no se percibe una tendencia de mejoría en los resultados.

A nivel departamental, el mejor resultado lo presenta el departamento del Amazonas, que sin embargo se sitúa también dentro de la categoría de alarma. Por su parte, departamentos como Putumayo y Guaviare se encuentran en el límite de la situación de alarma, con riesgo de enfrentar una situación crítica de no tomarse correctivos a corto y mediano plazo.

La dimensión Institucional agrupa información de tres categorías: Gobernabilidad, Seguridad y Justicia, y Acceso a la información.

En cuanto a la categoría de Gobernabilidad, la región se encuentra, en general, en un estado de alerta, con excepción de los departamentos de Amazonas, Caquetá y los municipios amazónicos de Nariño. La calificación recibida en las variables de percepción varía entre crítico y en situación de alerta.

La categoría Seguridad y Justicia tiene su mayor puntaje en los departamentos de la región Oriental (promedio de 69,4 puntos), mientras que la Zona Occidental presenta una calificación casi crítica (27,1 puntos). En este sentido, llama la atención el departamento de Putumayo, que pasó de una situación normal en 2010 (55 puntos) a una situación de alarma en 2011 (38 puntos) y finalmente a una situación crítica en 2012 (22 puntos). La satisfacción en general con la aplicación de la justicia en su municipio no sobrepasa los 49 puntos, lo cual suministra un panorama sombrío en términos de seguridad y justicia.

Respecto a la categoría de Acceso a la Información, el balance de variables actualizadas al cálculo del Índice 2012, mejoró considerablemente. Aunque más del 75% de la información se encuentra actualizada en todas las dimensiones, la calificación otorgada a la categoría de Acceso a la Información es 20, dado que se otorga una puntuación de 100 si la dimensión tiene información para todas las variables como lo es la dimensión social, y 0 para las que no estén o no se posee total información. Esto con el propósito de castigar a las entidades encargadas de suministrar y actualizar la información no disponible e incentivarlas a proveer los datos para la construcción del Índice.

Por su parte, los resultados de la última Encuesta de Percepción Ciudadana Amazonas 2030 (realizada por Ipsos – Napoleón Franco a 1363 personas en los cascos urbanos de los departamentos amazónicos), confirma las bajas calificaciones del índice.

En todos los departamentos, excepto en Nariño, los encuestados manifestaron estar poco satisfechos o apenas satisfechos con la gestión de sus alcaldes, y en promedio, en ningún departamento más del 35% de los encuestados aprueba la forma como el alcalde de su municipio o el gobernador ha venido manejando temas tan sensibles como la seguridad, la economía, la inversión social, la protección de la selva, la corrupción o el desempleo. A esto se suma una pobre percepción de transparencia por parte de sus gobernantes, donde el 46% de los encuestados manifestó que el gobierno de su municipio no ha sido transparente en sus actividades.

Al respecto, Margareth Flórez, ex directora ejecutiva de Transparencia por Colombia y actual cabeza de RedEAmérica, dice que los gobernantes de la región no tienen capacidad para manejar los retos que supone la región, como la administración de los recursos de regalías.

“Los departamentos de la región tienen una gestión muy opaca y una falta de transparencia. La información desde las gobernaciones no fluye a los ciudadanos, no permite participación con base informada ni una adecuada rendición de cuentas”, explica Flórez, y agrega que estas condiciones le abren el paso a la corrupción.

La experta dice que a lo anterior se suma que los medios de comunicación no informan sobre la selva. Por lo tanto, concluye, “hay que impulsar políticas públicas locales y nacionales para cambiar este panorama y se requieren urgentemente instituciones públicas más sólidas, fortalecer el aparato administrativo y promover un auténtico involucramiento real de la ciudadanía en la toma de decisiones”.