¿Show mediático o protección real de derechos ambientales?

La protección ambiental en Colombia se queda en palabras. Por ejemplo, se habla del río Atrato como sujeto de derechos y, al mismo tiempo, existen leyes permisivas con el uso de mercurio. La obsesión del gobierno Santos por la explotación minera le está robando tiempo vital a la transición hacia las energías renovables.

Desde pequeños, los niños colombianos están expuestos a los efectos del mercurio, ya que se inician temprano en la minería.Archivo

Hace dos meses, la Universidad de Antioquia reconoció un estudio liderado por el Tecnológico de Antioquia, donde se demostró la presencia y transferencia de mercurio en la leche materna en el 50% de los menores donde se realizaron pruebas en el territorio. Si a eso le sumamos que Colombia ocupo el vergonzoso segundo lugar en emisiones de mercurio en el planeta (gr/km2), después de China, que tiene una longitud costera de 16.840 kilómetros, resulta aterrador, pues Colombia cuenta tan solo con 3.208 kilómetros de longitud costera.

Según la Ley 1658 de 2013, “Hasta 2023 hay derechos de utilización de mercurio con fines industriales y hasta 2018 para explotación minera”. Ley de la cual fue ponente Simón Gaviria en su momento, y que fue aprobada durante la presidencia en el Senado de Roy Barreras. Y la misma Presidencia de la República nombró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el representante legal de los derechos del río Atrato en el Chocó. ¿Cómo puede ser este río sujeto de derechos cuando la normatividad permite el uso de mercurio para fines industriales hasta el año 2023?

Es absurdo y contradictorio decir que un río tiene derechos cuando la ley es permisiva con los vertimientos que lo lesionan. Según la Universidad Nacional, más del 50% de las fuentes hídricas en el país están en mal estado. ¿Cómo se puede considerar el río Atrato un sujeto de derechos cuando la normatividad no va en la misma dirección? Es evidente la tolerancia jurídica promovida por el Gobierno Nacional, el cual no se decide a poner un freno de emergencia y apoyar a las comunidades afectadas. Las declaraciones del Ejecutivo muestran su incapacidad de acción y tímido liderazgo en el tema.

Pero este no es el único asunto. La incoherencia llega a tal punto que, pese a que Colombia ha suscrito el Acuerdo de París, no se evidencia una estrategia clara que permita la transición hacia las energías renovables y el fortalecimiento en las políticas de la calidad del aire. Para Colombia este acuerdo es una promesa de construcción y trabajo conjunto, uniéndose a un esfuerzo global de hacerle frente al cambio climático.

Sin embargo, la firma de este acuerdo no representa la realidad, puesto que el Gobierno se ha obsesionado con la extracción no convencional de hidrocarburos, a pesar de las advertencias que han expresado la academia y las ONGs sobre sus negativos impactos sobre el ambiente y la salud pública. Adicionalmente, la desconexión entre la política minero energética y la realidad social de las comunidades ha desatado numerosas consultas populares, las cuales canalizan la indignación y la defensa de los territorios como respuesta a la sordera estatal, con índices de rechazo del 97%.

La demagogia de quienes están al frente de la protección de los recursos hídricos y ambientales del país es notable; mientras el pueblo dice no a la contaminación y protegen sus territorios, las leyes dicen sí a las empresas que utilizan mercurio y que afectan directamente las fuentes hídricas. Colombia no le ha dado la importancia necesaria a las enfermedades relacionadas con la degradación ambiental que, en el año 2015, según el Departamento Nacional de Planeación, le costaron al Estado y a los colombianos más de $20 billones.

Adicionalmente, aquí no existe una estrategia rigurosa de promoción y prevención que conecte la política ambiental con la salud pública del país, y por ello tenemos casos tan dramáticos como el del estudio del profesor Carlos Federico Molina Castaño, donde se hace evidente que “el mercurio como ingrediente de la leche materna cada vez es más frecuente”. 

Los activistas ambientales consideramos que  la manera de afrontar la problemática es ayudar directamente en la búsqueda de soluciones para que la crisis y la protección a los derechos ambientales sea plasmada en acciones. 

A lo sumo, quedan varias tensiones por resolver. 

No podemos permitir que la protección ambiental en Colombia se quede en palabras. Se habla del Río Atrato como sujeto de derechos y, al mismo tiempo, existen leyes permisivas con el uso de mercurio.

De otro lado, si bien se considera un gran paso la firma del Acuerdo de Paris, los estudios de la incidencia de mercurio en la leche materna, o en especies de consumo humano, no pasan a la creación de políticas públicas de prevención, solo son exposición mediática, pero en realidad las iniciativas no se materializan en Colombia.

Y mientras que el Gobierno presume de aparentes acciones ambientalesse discute a puerta cerrada la reglamentación para la explotación de hidrocarburos no convencionales, desconociendo la participación ciudadana,  el  mismo titular de la cartera de Ambiente ha dicho abiertamente que Colombia no está preparada para implementar el “fracking”.

* Vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano