Resulta paradójico argumentar la ratificación de un tratado que relaciona los derechos humanos con la conservación de la naturaleza, en un país con altos índices de conflictividad ambiental y asesinatos de personas defensoras de la naturaleza, marcado por la polarización e inequidad y que sufre graves estragos por la COVID-19.
En esencia, el Acuerdo de Escazú sobre derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales es el primer tratado ambiental para América Latina y el Caribe y el primero a nivel global que reconoce a las personas defensoras del ambiente. En palabras del Presidente Iván Duque es un “acuerdo emblemático, importante, relevante, trascendental” dirigido a todas las personas sin distinción alguna, que toma como punto de partida la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales para desarrollar un sistema de criterios o estándares jurídicos que contribuyen a la garantía del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible.
El Acuerdo de Escazú es fundamental para Latinoamérica, la región con mayor perdida de biodiversidad a nivel global, con una disminución promedio del 94% en las poblaciones de vertebrados estudiadas en el Informe Planeta Vivo de la WWF 2020. En el mensaje de este importante informe es claro: Planeta sano, gente sana. En ese marco, Escazú fue aprobado en marzo de 2018 después de proceso amplio, público e incluyente que inicio en su fase preparativa en el año 2012 y continuo durante el 2014 hasta el 2018 con su fase de negociación y aprobación. Actualmente 10 países han ratificado el Acuerdo, destacándose la reciente (25 de septiembre 2020) ratificación de Argentina, con lo cual solo faltaría una ratificación para que entre en vigor. Lo cual es muy probable debido a que países como Costa Rica, México y Republica Dominicana se encuentran en procesos avanzados de ratificación en sus respectivos congresos.
En nuestro país nos encontramos con una situación paradójica: el Presidente Iván Duque firmó el 11 de diciembre del 2019 el Acuerdo de Escazú como parte de uno de los compromisos ambientales derivados de la “Gran Conversación Nacional” en el marco del Paro Nacional. En esa ocasión, el Presidente declaro que el Acuerdo “es una oportunidad y una demostración de que los colombianos podemos tener diferencias políticas, ideológicas si se quiere, pero que hay temas que nos unen. Y el tema ambiental nos une”[2]. Como parte del compromiso público del Presidente, el 21 de julio fue enviado por el Gobierno Nacional el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú. Pese al respaldo y compromiso público del Gobierno Nacional con el Acuerdo Escazú y del liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proceso de ratificación, en las audiencias públicas celebradas en el Congreso el 03 y 14 de septiembre en el Senado de la República y la Cámara de Representantes respectivamente, algunos/as congresistas, vinculados al partido de gobierno, manifestaron su oposición el Acuerdo.
Con un discurso totalmente opuesto a las declaraciones públicas del presidente, los/as parlamentarios brindaron una serie de argumentos que en el fondo parecen reflejar un paradigma que parecía superado, en el cual la conservación de la naturaleza, la participación y el acceso a la información, elementos fundamentales de los estados sociales de derecho, se ven como un peligro para el “desarrollo”. Frente a los cuales es importante preguntarse ¿a qué tipo de desarrollo se hace referencia? ¿Será el que ha imperado en la región con altos índices de inequidad y corrupción? Se espera y confía que no sea así, que lo que existe es una interpretación errada sobre el alcance del Acuerdo y que esta puede ser superada, por ejemplo, a través con una revisión de las directrices sobre desempeño ambiental de la OCDE y de los estándares de la Banca Multilateral que incorporan estándares similares sobre acceso a la información y participación.
Seguramente los/as congresistas que se oponen al Acuerdo de Escazú conocieron la noticia publicada hace pocos días en El País de España en la cual se hace referencia a que ocho países de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Bélgica) advierten de la dificultad para mantener negocios con Brasil por los altos índices de devastación y degradación ecológica.
Por último, es importante hacer un llamado respetuoso a que impulsemos de manera justa y en el marco de los derechos humanos las necesarias transiciones socio ecológicas. Bienvenido el debate, de eso se trata la democracia ambiental, pero desde una reflexión profunda, fundamentada y por supuesto solidaria.