Luis Gilberto Murillo habla sobre el debate ambiental

Sin una nueva delimitación de Santurbán, no se podrá explotar

En diálogo con El Espectador, el ministro de Ambiente asegura que el nuevo proceso en el páramo santandereano será transparente. Habrá veedores y expertos internacionales.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. / Mauricio Alvarado - El Espectador

El ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, ha tenido una agenda agitada en estos días. La visita del presidente Juan Manuel Santos a Emiratos Árabes y el anuncio de la inversión del fondo Mubadala en el proyecto que busca extraer oro en cercanías del páramo Santurbán lo pusieron en aprietos. Una lluvia de críticas ha recibido por la incertidumbre que generó esa noticia.

¿Cómo se garantizará ahora la transparencia en el proceso de licenciamiento? ¿Es un hecho que habrá explotación de oro en inmediaciones de ese páramo? ¿Cómo entender este contexto a la luz de la nueva delimitación que exigió la Corte Constitucional hace unas semanas? Las preguntas que se desprenden de este proceso son varias, pero a los ojos de Murillo también ha habido mucha especulación, que no le hace bien al debate ambiental.

En diálogo con El Espectador, reitera que se hará un proceso transparente con la participación de los santandereanos y con ayuda internacional. No descarta la posibilidad de suspender los términos de la licencia de Minesa y promete que antes de que haya cambio de gobierno delimitará 37 páramos en el país.

¿Qué fue lo que se acordó en la reunión con el presidente Santos en Emiratos Árabes?

Las giras del presidente son giras de Estado, donde se tocan muchos temas, pero, hasta donde tengo entendido, no hubo ninguna firma de acuerdo. Tocan los temas que son de interés de las naciones. Y uno de los temas de interés es, obviamente, cómo avanzar en profundizar la relación con Emiratos Árabes en diferentes frentes: culturales, sociales y económicos. Creo que la gente está llegando a teorías de la conspiración. Y en el momento en que usted combina esas teorías con posverdad, es terrible. La gente termina imaginándose que hicieron unos grandes acuerdos por debajo de la mesa.

Lo que causó discordia fue el anuncio de la inversión del grupo Mubadala en el proyecto de Minesa en cercanías del páramo de Santurbán…

El interés y la intención que se expresaron en ese momento fue hacer una inversión en ese proyecto. Pero para que se desarrolle, requiere del cumplimiento de la Constitución y de autorizaciones ambientales que están a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Hace tres semanas la Corte Constitucional ordenó revisar la delimitación del páramo. ¿Qué cambia con ese fallo?

El Gobierno ha sido el único que realmente se ha puesto a la tarea de delimitar los páramos. Ya hemos delimitado 24, incluyendo a Santurbán. Su delimitación está vigente. En Santander hemos delimitado cuatro y vamos a delimitar el quinto: el Almorzadero. Además, hemos sido reiterativos en que no vamos a permitir minería o grandes proyectos agrícolas en los páramos. ¿Qué dijo la Corte en su fallo? Dice que técnicamente se ha avanzado, pero se requiere profundizar en la participación. Y nos da la metodología para hacerlo. También nos señala que esa delimitación hay que dejarla en firme por un año, mientras se revisa la participación. Ordena crear un esquema de cumplimiento. El Gobierno se va a organizar en un comité que lideraremos nosotros con la participación del Ministerio de Minas, el de Agricultura y otras entidades. Además, nos vamos a hacer acompañar de un grupo de expertos nacionales e internacionales. Y va a haber un grupo de vigilancia del fallo que estará en cabeza de la Procuraduría y la Defensoría. También habrá un comité de veedores, del que hace parte el alcalde de Bucaramanga. La Corte establece unas fases que vamos a empezar en diciembre: tenemos que hacer una convocatoria amplia, pública y abierta; poner toda la información que condujo a la delimitación de este páramo; convocar a los actores para que den su opinión sobre esa delimitación; y concertar con las autoridades y con los participantes del proceso. Con base a esa discusión debemos llegar a unos acuerdos básicos sobre la delimitación. Puede aumentar, pero nunca disminuir. En un quinto momento, cuando ya tengamos la nueva resolución, la discutimos otra vez con los participantes. Luego se expide el nuevo acto administrativo de la delimitación y se mantienen los comités para el seguimiento y el cumplimiento del fallo y los acuerdos. Ese proceso nos va a costar una plata inmensa.

¿Cuánto?

El presupuesto era de alrededor de $1.000 millones, pero creo que hay que subirlo. Puede costar entre $1.500 millones y $2.000 millones.

¿Cuánto se va a demorar ese proceso?

No sé. Pero tiene que ser menos de un año.

¿Cree que va a estar listo antes de que haya cambio de gobierno?

No sé, es un proceso complejo. Lo importante es hacerlo bien. Tienen que salir acuerdos con las comunidades y compromisos del sector privado de la región. Por años, mucha gente ha tomado el agua de esa fábrica que es el páramo y nunca se ha preocupado por las comunidades que viven allá. Usted puede estar muy cómodamente, como algunos en Cúcuta o en Bucaramanga, diciendo que conserven. Yo les pregunto: ¿Alguna vez han ido a donde esas comunidades? ¿Se han metido la mano al bolsillo para que esas comunidades vivan bien? ¿O cuánta parte del presupuesto de estas entidades ha sido destinada a proteger el páramo? Nosotros planteamos que no puede haber decisión de la licencia antes de que se produzca esta delimitación. Tenemos previsto que en algún momento tendrán que suspenderse los términos. Según la información de la ANLA, ya se presentó el estudio de impacto ambiental. Lo más probable, creo, es ese estudio deba complementarse. Si es así, hay que pedir los complementos y revisar la posibilidad de entrar a suspender cualquier tipo de términos. Yo creo que eso va a suceder.

¿Cómo garantizar transparencia en ese proceso de licenciamiento?

Se ha discutido con la Procuraduría para que acompañe en el proceso y así garantizar la transparencia y la participación. También le he dado instrucciones a la directora de la ANLA para constituir un comité de expertos nacionales e internacionales. Ya ha avanzado en eso. Quien está haciendo la evaluación del impacto ambiental es el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Medellín. Con eso le damos tranquilidad a la opinión pública. Se hará con el mayor rigor técnico y jurídico. Lo más probable es que la discusión va a estar muy orientada en el área de referencia del páramo. El Ministerio de Ambiente tomó la decisión de dejar unas áreas para restaurar; otra para agricultura sostenible, que no pone en riesgo el páramo, porque hay comunidades que culturalmente son paramunas no las podemos sacar de ahí. El Humboldt definió como área de referencia cerca de 130 mil hectáreas (ha), pero para esta agricultura sostenible se dejaron cerca de 5 mil ha. Y para restauración quedaron cerca de 25 mil. El páramo quedó en 100 mil ha. Un escenario es que esta área de restauración, de agricultura sostenible, se integre al páramo: quedaría de 130 mil ha. Hemos hecho estudios muy serios de delimitación. Tenemos listo Almorzadero; Sierra Nevada, que estamos pendientes de un proceso de concertación con las comunidades indígenas de la zona, y Serranía de Perijá. Vamos a dejarle al país los 37 complejos de páramos delimitados.

Sobre Santurbán, ¿hay estudios de los suelos y de toda la cuenca?

Eso tengo que revisarlo, pero tenemos estudios de la cuenca del Río Suratá, que es muy importante porque es abastecedora de acueducto. Los estudios que hizo el Ideam incluyen medio biótico, abiótico y socioeconómico. Son estudios de mucho rigor. Lo que tiene que ver con suelos, geología y morfología tengo que revisarlo.

¿Ese nuevo proceso que ordenó la Corte podría extender el páramo y frenar el proyecto de Minesa?

No creería. Pero no quiero especular antes del proceso de participación. En la revisión cartográfica he visto que la delimitación de referencia hecha por el Humboldt, aun con las zonas que quedaron excluidas, no afecta el proyecto de Sotonorte. Está por fuera de esa cartografía.

¿Por qué insistir tanto en ese proyecto si ha generado tanta polémica y tantos disgustos en el sector ambiental?

Como en cualquier proyecto del país. En Bogotá le puedo mencionar varios. En Chocó, también. Eso lo vivimos todos los días. Por eso existe un marco legal y constitucional. Todos los proyectos en Colombia generan ese tipo de polémicas. Pero el debate tiene que darse con base en elementos de expertos y elementos técnicos.

El Instituto Humboldt ha advertido que esa delimitación de ecosistemas de alta montaña no debe restringirse únicamente a los límites del páramo. ¿Qué opina?

Nosotros tenemos un mandato legal y constitucional de delimitar los páramos porque son las fábricas de agua. A los páramos se les garantizan unos corredores biológicos para garantizar la conectividad. A las áreas protegidas también las estamos conectando. La delimitación de los páramos indica que usted puede darles otro tratamiento a las áreas de amortiguación y crear unas conexiones para garantizar el mantenimiento de este ecosistema estratégico. Ahí es donde el instrumento de la licencia nos ayuda mucho. Nos va decir en el contexto de las áreas cercanas a los páramos cuáles deben ser los estándares ambientales para las actividades productivas y cuál debe ser la escala de esas actividades. A mí me preocupa mucho algo que me dijeron: en algunas zonas, quizás en Cajamarca, ya hay amenaza de extracción ilícita de minerales. Aprovecho para decir que el Congreso no nos está dando las herramientas: desde octubre del 2016 presentamos el proyecto para luchar contra la extracción ilícita de minerales y nada que avanza. Cada día que no lo hace, nos deforestan 40 hectáreas y se vierte al ambiente media tonelada de mercurio.

¿Quiénes son los responsables de que se frenen esos proyectos en el Congreso?

Ese proyecto fue aprobado en comisión primera y está pendiente a ponencia y aprobación en plenaria del Senado para que pueda pasar a la Cámara de Representantes. Es un proyecto de la mayor importancia para el país.

Dos últimas cosas sobre Santurbán. ¿Qué sabe usted de esa relación entre el presidente Santos, Tony Blair y entre el fondo Mubadala?

Nada. No sé. Yo estoy concentrado en mis páramos.

Le pregunto porque ha causado mucha suspicacia. Hace un par de años, Tony Blair evaluaba proyectos mineros en Colombia, es amigo de Santos y, a su vez, era una especie de hombre de negocios en Oriente Medio…

Insisto: aquí hay una combinación explosiva entre las teorías de la conspiración y las nuevas herramientas de la posverdad y la verdad alternativa. Y todo se explica en esto. La imaginación está trabajando demasiado en el país. Y al debate ambiental no le hace mucho bien.

Hace varias semanas, la comunidad de Bucaramanga llevó a cabo multitudinarias marchas, justamente por el proyecto de Minesa. A los ojos de ellos parecía un poco irresponsable esa reunión…

Pero eso está condicionado a todo un proceso de licenciamiento ambiental que debe ser participativo y debe darse de cara a la comunidad. Lo de Bucaramanga son expresiones normales de una democracia participativa. Hoy la ciudadanía tiene clara la importancia de sus paramos como fábricas de agua y que debe participar para protegerlos. Son expresiones cívicas que hay que tomarlas con todo el respeto y la consideración. El mensaje principal es que nosotros vamos a garantizar el agua de los bumangueses y todos los que dependen de esta fábrica.

Cambiemos de tema. ¿A qué área le recortó con el presupuesto asignado?

Lo que yo he hecho es completar el presupuesto ambiental con nuevas fuentes que requieren gestión. Me estoy apoyando mucho en recursos de cooperación internacional y en otros nuevos. Por ejemplo, en muchas áreas que teníamos de conservación y protección ambiental y de construcción de paz y ambiente. Las estamos cumpliendo con la movilización de recursos de compensación. Hay recursos acumulados por cerca de $2,5 billones, que ya se están moviendo. Ecopetrol, por ejemplo, ya presentó planes de compensación por cerca de $400 mil millones. Y esos recursos se están invirtiendo en proyectos muy importantes de recuperación y restauración ambiental. En Cesar, Prodeco está trabajando con comunidades víctimas del conflicto en recuperación de áreas que han sido degradadas y está trabajando para la recuperación de la ciénaga de Zapatosa. Esos recursos nos permiten aliviar el apretón fiscal en el cual nos encontramos todos dentro del Gobierno.

¿Qué cree que alcanzará a hacer en estos meses que le quedan como ministro?

Hay que cerrar varios temas. Primero, completar la meta que tenemos de áreas protegidas. Yo me he comprometido a dejarla por encima de los 30 millones de hectáreas. Segundo, terminar la delimitación de los páramos y dejar bien reglado todo lo que tiene que ver con la zonificación, los planes de manejo y los procesos de reconversión. Tercero, quisiéramos llegar a la meta de aumentar sustancialmente los humedales de categoría Ramsar en el país. Tenemos varios en lista. También quiero dejar establecido el plan maestro de erosión costera. Y, obviamente, dejar cimentado lo que tiene que ver con la Ley Marco de Cambio Climático. De igual manera, voy a dejar establecidos los nuevos estándares de calidad del aire.

Una agenda un poco larga para tan pocos meses…

Pero va avanzando. Creo que todo lo alcanzamos a hacer.

¿Qué lo trasnocha?

La deforestación es el dolor de cabeza. Es muy complejo. Si dependiera sólo de este ministerio… Pero es un tema que requiere a toda la sociedad.

¿Y ese va a ser el principal reto ambiental del próximo gobierno?

Son tres: el primero, las inversiones que se requieren para la adaptación del cambio climático. Se tienen que aumentar significativamente, incluyendo el control de la deforestación. El segundo tiene que ver con el control de vertimientos y manejo de químicos. El país tiene una tarea muy grande en ese aspecto. Y, tercero, todo lo que tiene que ver con erosión costera.

¿Y en qué quedó el “fracking”?

Estamos trabajando. Tenemos ya casi listo el plan de operación del sector, que incluye la preparación del sector de hidrocarburos y el esquema de planteamiento de los pilotos de exploración. Con eso avanzamos para responder al desafío de este tipo de actividades en el país.

Eso quiere decir que sí va a haber “fracking” en Colombia…

Yo he insistido en que esa decisión la tomó el país hace mucho tiempo. Desde 2012 el país inició una preparación para autorizar esas actividades. No en todas las zonas del país, pero con énfasis en el Valle Medio del Magdalena. Lo que hemos dicho es que después del informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sobre los impactos de todo el proceso de estimulación hidráulica en recursos hídricos, se tuvo nueva información que requiere ajustar unos procesos de alistamiento en el país. Esos procesos se tienen que implementar antes de que el país inicie con proyectos de explotación. En el caso de la exploración, debe hacerse en ambientes controlados a títulos de pilotos porque necesitamos profundizar en lo que tiene que ver con estudios de aguas subterráneas, con inventario de acuíferos, con el registro de los químicos que se usarían, los fluidos que se aplicarían. Hay toda una serie de temas técnicos en los que el país tiene que prepararse.