Tribunal Administrativo de Quindío ordena al Ministerio de Hacienda financiar consultas populares

El tribunal falló una tutela a favor del alcalde del municipio de Córdoba, en donde se iba a realizar una consulta popular el próximo 3 de diciembre.

En Pijao, Quindió, se realizó una consulta popular el pasado 9 de junio que vetó la minería de metales en el municipio.Daiana González Navas

Este año nada ha enfrentado más al gobierno central y a las regiones como el tema de las consultas populares. Desde que en marzo Cajamarca (Tolima) frenó mediante este mecanismo a la minera Anglo Gold Ashanti, una oleada de consultas populares se tomó el país. 

Hace tan solo dos meses, el gobierno lanzó su último golpe con una declaración de la Registraduría, en la que la entidad señaló que no había más plata para las consultas. Que por órdenes del Ministerio de Hacienda, desde ahora ese gasto electoral debía ser asumido por los municipios. Desde entonces, varios municipios dijeron que la Registraduria les habñia informado, mediante una carta, de esa decisión.

Aunque la Reegistraduría decía que la decisión había sido tomada por la negativa del Ministerio de Hacienda para financiar los procesos, el ministro de esa cartera, Mauricio Cárdenas, salió a defenderse. "En ningún momento hemos negado una consulta o hemos dicho que no se puede financiar por que no hay recursos, la Registraduría tiene su presupuesto y con ese presupuesto tiene que trabajar”, dijo.

Pero ahora, los actores regionales lograron, al menos de forma parcial, frenar esa decisión: un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Quindío le ordenó a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda garantizar el derecho a la participación política de los habitantes del municipio de Cordoba (Quindío), en donde el próximo 3 de diciembre se iba a realizar una consulta popular contra la explotación de metales pero que, debido a la falta de financiación, quedó en el limbo.

La tutela fue interpuesta por el alcalde del municipio, Guillermo Valencia Henao, a quien la Registraduría le informó mediante un oficio que el Ministerio de Hacienda le había dicho que, según la ley orgánica de presupuesto, la nación no financiaría la consulta del proceso electoral, por lo que, hasta que su municipio no asumiera ese gasto, la consulta no sería realizada. 

Ese mismo argumento usó el Ministerio para responder a la acción de tutela y se escudó en que ellos no habían emitido ninguno de los documentos que frenó la consulta. Además, dijo que al ser los entes territoriales quienes habían emitido los decretos que convocaron al mecanismo de participación, “es responsabilidad de los alcaldes y/o gobernadores la consecución del recurso y no del Ministerio de Hacienda”.

No obstante, señaló el alcalde Valencia en su tutela, el gobierno ya ha financiado nueve consultas populares, y negarle ese derecho a los habitantes de Córdoba, “podría denotar un quebranto al derecho a la igualdad”, más aún si esa violación se relaciona con un derecho tan fundamental como la participación política.

El Tribunal de primera instancia decidió avalar los reclamos de Valencia. Según el magistrado Rigoberto Reyes, quien fue ponente del fallo, frenar un mecanismo de participación ciudadana por la razón que sea es una violación clara al derecho que tienen las comunidades a “ejercer y manifestar” su voluntad. Por eso, le dio dos días al MinHacienda, a la Registraduría y al municipio para que se pusieran de acuerdo y fijaran una nueva fecha para la consulta y, además, que hicieran “todas las gestiones a lugar" para garantizar la realización de la consulta.

Aun no se ha conocido si el Ministerio de Hacienda o la Registraduría apelarán esta decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, pero sí es evidente que se avecina un nuevo “round” en esta pelea entre el gobierno central y los entes territoriales.