Tribunal Administrativo del Quindío abre las puertas a la megaminería en Salento

Salento provee el 70% de agua de Quindío. / Pixabay

El Tribunal Administrativo del Quindío, respondiendo a una demanda de la Gobernación del Quindío, emitió este martes una sentencia con la que se invalida un acuerdo municipal que pretendía evitar la explotación minera en esta zona. El proyecto, que había sido aprobado en febrero por el Concejo del municipio de Salento, pretendía defender el patrimonio cultural y ecológico de esa región.  (Lea: “La minería a gran escala amenaza el territorio y la vida de los pueblos indígenas de la Amazonia”)

"El criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional, es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre éstos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades” señala la sentencia. 

Néstor Ocampo, miembro de la fundación ecológica Cosmos, le explicó a Blu Radio que el paisaje de Salento estaría desprotegido en un futuro de la actividad minera. "Luego que acabaron con la consulta popular, viene el esfuerzo que hacen los municipios a través de los concejos municipales mediante acuerdos, establecer restricciones a esa actividad minera", añadió. (Puede leer: “Minería ilegal mueve cerca de US$1.200 millones anuales”: Mineros)

Para Ocampo, el fallo del tribunal no solo invalida el acuerdo municipal que buscaba evitar la actividad minera en la región, sino que demuestra las pocas opciones que tienen los municipios para proteger los territorios de la megaminería. Aclaró que el comportamiento de Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, no ha sido el más adecuado. Según Ocampo, Osorio no ha movido ni un dedo luego de que, en tiempo de elección, aseguró que estaría dispuesto a amarrarse a un árbol para defender al departamento. 

“Todo esto hace parte de un debate político a nivel nacional, ya que en otras regiones algunos tribunales han determinado que los municipios sí tienen las facultades para tomar ese tipo de decisiones”, contó Néstor Ocampo a RCN Radio.

Por su parte, Víctor Alfonso Vélez Muñoz, encargado de la Secretaría Jurídica y de Contratación, afirmó que "la Corte Constitucional ha sido precisa en manifestar que todo lo que tiene que ver con la restricción frente a la explotación de recursos no renovables en un municipio, no es competencia única de ese ente territorial, sino que debe ser de manera complementaria con la Nación". 

La Gobernación del Quindío aclaró que la invalidación del acuerdo se debe a una norma nacional. Dentro del acuerdo municipal está la protección de la Palma de Cera, el Valle de Cocora y Salento. En este municipio, que tiene en sus montañas el nacimiento del río Quindío, se encuentra el loro orejiamarillo, una especie en peligro de extinción.  Actualmente, provee en un 70%, agua a Circasia, Armenia, Calarcá y La Tebaída. (Le puede interesar: Minería aporta a las comunidades, pero también es la que más contamina, dice encuesta)

Lo que buscan los habitantes es que Salento sea un territorio protegido, ya que el 98% de la zona tiene alguna declaratoria de protección ambiental. La Agencia Nacional Minera dio a conocer que, en el momento, hay 17 títulos, de los cuales 15 se encuentran en proceso de renuncia. Sin embargo, para algunos líderes ambientales, eso no era garantía.