En agosto de este año el Concejo de Ibagué tomó una decisión que fue celebrada por varios defensores de medio ambiente de la región. Después de estudiarlo durante un año, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y el comité ambiental presentaron la propuesta de prohibir la minería de metales a mediana y gran escala en la capital, con el fin de evitar daños ambientales y al recurso hídrico. Iniciativa que finalmente fue aprobada hace casi cuatro meses.
No obstante, un reciente fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Tolima tumbó esta decisión, ya que considero “que se desconoce el contexto de la conformación del ordenamiento minero dentro de un territorio y va en contravía de la constitución política”.
La decisión del Tribunal se dio después de que Óscar Barreto, gobernador del Tolima, objetara el Acuerdo 012, como se conoció oficialmente, ya que consideraba que los concejos municipales carecían de la competencia para tomar este tipo de decisiones. Razón por la que la medida llegó a manos del Tribunal.
“En esta línea, las competencias del alcalde y del Concejo contrariaron los postulados del ordenamiento jurídico colombiano, que es claro en indicar que la Agencia Nacional de Minería es la única entidad encargada de otorgar o no un título minero”, afirmó Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un comunicado publicado esta semana.
Ante esto el Concejo advirtió que se podría revivir la consulta popular que había quedado congelada y que, indirectamente, buscaba detener el proyecto minero de La Colosa de Anglogold Ashanti que se realizaría en Cajamarca. Según informó El Tiempo, William Rosas, presidente del concejo de Ibagué, advirtió que la Alcaldía puede convocar una consulta minera para que el pueblo blinde su territorio desde las urnas. (Lea también: El turbulento camino para que Ibagué logre la consulta popular minera)