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Un 13% de los activistas ambientales y defensores de la justicia ambiental del mundo son asesinados y otro 18% son víctimas de violencia. Así lo reveló un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). (Lea: El grito de auxilio de los indígenas del Amazonas para detener la minería y el COVID-19)
El estudio, publicado en la revista ‘Global Environmental Change’, revela que los movimientos ciudadanos logran detener la degradación hasta en un 27% de los conflictos ambientales, pese a la alta tasa de criminalización, violencia y asesinatos, sobre todo en el mundo indígena y en conflictos relacionados con la minería.
Los investigadores del proyecto Environmental Justice (ENVjustice) analizaron 2.743 casos de conflictos ambientales de todo el mundo registrados en el Atlas Global de la Justicia Ambiental (EJAtlas), un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológicos existentes.
El trabajo define que el movimiento mundial por la justicia ambiental está compuesto por activismos locales contra la extracción de combustibles fósiles, la minería a cielo abierto, las plantaciones de árboles, las represas hidroeléctricas y otras industrias extractivas, así como contra la evacuación de residuos en vertederos o en la incineración. (Puede leer: Los ataques a los líderes ambientales continúan, aún en medio de la pandemia)
Arnim Scheidel, investigador principal del estudio, aseguró que “para apoyar a los defensores ambientales de manera efectiva es necesario conocer mejor los conflictos ambientales subyacentes, así como los factores que permiten a los activistas movilizarse con éxito por la justicia ambiental”.
Los investigadores caracterizaon los conflictos ambientales y a los defensores involucrados, así como las estrategias de movilización que han tenido resultados exitosos. Los datos analizados muestran que los activistas son, en su mayoría, miembros de grupos vulnerables que emplean formas de protesta no violentas y que, sin embargo, tiene un coste elevado para sus vidas. (Lea también: Asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron 53 %, entre enero y abril)
En el 20% de los casos, los activistas tienen que hacer frente a altas tasas de criminalización, y sus acciones de protesta tienen consecuencias en forma de denuncias, multas, litigios y penas de cárcel. En el 18% de los casos son víctimas de violencia física, y en el 13% de los casos son asesinados, cifras que aumentan cuando están involucradas poblaciones indígenas, alcanzando el 27% en criminalización, el 25% en violencia y el 19% en cuanto a asesinatos.
El estudio también destaca el papel de las mujeres como líderes de las movilizaciones (en el 21% de los conflictos) y resalta que son ellas las que suelen estar más afectadas por los impactos ambientales y de salud generados por los conflictos.