Boyacá es la tierra de la leche, de las frutas y de la papa. En solo el 2013, el departamento produjo 722 toneladas (tn) del tubérculo, 22 tn de pera y 12 tn de durazno, según la Secretaría de Fomento Agropecuario. Su crecimiento ha estado marcado por crisis relacionadas con el modelo de desarrollo rural, razón por la que no sorprende que el mismo año en que se produjeron estos alimentos, las miradas del país estuvieran enfocadas en su capital, Tunja, y otros municipios como Ventaquemada, que se habían convertido en epicentros del paro agrario nacional.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC), el alto costo de los insumos de producción y la obtención de mejores créditos bancarios se convirtieron en algunas de las banderas para reclamar ante el Gobierno. Sin embargo, casi desapercibida, también hubo una petición por controlar los recursos naturales, presionados por la minería ilegal, que amenazaba con devorar los páramos. En sólo el departamento de Boyacá hay 660 mil hectáreas de este ecosistema, que representan el 23 % de los páramos de Colombia.
Por esto, durante su tercera visita a Colombia, el enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, visitó el departamento de Boyacá y conoció varias experiencias de desarrollo rural sostenible. Una iniciativa que tuvo como objetivo dialogar con las comunidades que han trabajado temas de desarrollo local e integral, que es uno de los principales enfoques que ha apoyado durante los últimos quince años la cooperación de la Unión Europea y que mantendrá en el marco de un eventual posconflicto.
Durante un primer encuentro, realizado en el Puente de Boyacá, líderes campesinos explicaron cuáles son los retos que enfrentará el campo para la construcción de paz. “Los campesinos en Colombia hemos sido las principales víctimas del conflicto y del desplazamiento político”, afirmó Héctor Centeno, ingeniero agrónomo. “Hemos sufrido las consecuencias de un conflicto propiciado por el modelo económico y sus errores, que ha fomentado la explotación minera por encima de la producción de alimentos”, agregó Centeno.
De igual forma, para Hernando Torres, productor de papa y miembro del Consejo Nacional de Paz, uno de los coletazos más grandes que ha sentido el departamento está en que la población rural cada vez es más vieja. “Cuando usted tiene un hijo en el campo no le dan ganas ni de pedirle que se quede, porque no queremos que sufran como nosotros. Entonces mejor le dice uno, váyase a buscar oportunidades a una ciudad como Bogotá”, indicó Torres.
No obstante, hubo un punto que fue reiterativo entre los participantes: la amenaza que representa la minería, no solo para el desarrollo rural, sino para la preservación de los páramos, ecosistemas indispensables para la producción de agua en el país. Como lo afirmó Fabio Guerrero, director de Corpochivor, “hay un componente que tiene que ver con la paz y es el relacionado con la resolución de conflictos basada en una mejor articulación entre el componente ambiental, el sector minero legal y el desarrollo agropecuario”.
Boyacá está marcada por dos cadenas de ecosistemas claves que aseguran su provisión de agua. La primera es un área estratégica que pasa por la Laguna de Tota, llega hasta la Sierra Nevada del Cocuy, sigue por la Serranía del Perijá y se pierde por Venezuela. La segunda sale de Chingaza, pasa por Sumapaz y llega hasta el Huila. Además, explica Guerrero, está el páramo de Rabanal, que suministra agua al 70 % de la población de Tunja. Razón por la que estos territorios se han convertido en centros de disputa, pero también de alianzas para ser conservados.
“No podemos desconocer que uno de los conflictos ambientales y sociales más fuertes es la minería en páramos. Es una situación muy dura entre actores ilegales, desplazados y campesinos de la misma región”.
Ante esto, los campesinos afirmaron que no se han quedado quietos. “Yo soy del municipio de Nuevo Colón y represento una organización que se llama Corpochiriví”, dijo Emilio Cadena, su vocero. “Hemos abanderado la lucha contra la minería que iba a entrar a nuestro territorio, que es tradicionalmente productor de alimentos, de frutas de clima frío. Nos hemos visto amenazados por la política minera actual, en la provincia de Márquez, y hemos visto las consecuencias de deslizamientos y contaminación que genera esta actividad”, concluye.
Otro tema que salió en estas reuniones fue el de la ampliación de la frontera agrícola hacia las zonas altas de la cordillera porque los campesinos, sin otras opciones, están buscando mejorar sus condiciones de vida”, explicó Guerrero.
En esto coincidió Fernando Puerta, de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura. “El tema del cambio climático se ha convertido en un desafío y el Ministerio está trabajando para generar nuevas tecnologías que permitan hacer frente a este problema. Por ejemplo, en el caso del café lo que está ocurriendo es que la cota está subiendo y llegando a zonas cada vez más altas. Por eso hoy en día los principales productores de café están en el Huila y en Nariño”.
La apuesta por el desarrollo rural y el medio ambiente
Para hacer frente a estas situaciones, la UE ha venido desarrollando varios programas que buscan impulsar el desarrollo rural en el territorio a través de la concertación de políticas públicas nacionales. Junto con los ministerios de Agricultura, y Comercio, desde hace varios años han implementado el Programa de Apoyo al Sector Lácteo, que busca dar asistencia técnica para mejorar los sistemas de producción ganadera y aumentar la capacidad empresarial de estos productores mediante alianzas de comercio justo.
Iniciativa que se complementa con el programa Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, que busca fomentar un desarrollo integral basado en las vocaciones de las regiones y que será fortalecida con los programas Desarrollo Local Sostenible y Competitividad Territorial, mediante los cuales se incorporarán prácticas de producción amigables con el medio ambiente.
Además, para cubrir la parte ambiental, la UE viene apoyando dos programas que tienen incidencia en el departamento de Boyacá. El primero es el proyecto Páramos: Biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del norte, que busca proponer iniciativas de reconversión productiva, incentivos a la conservación y estrategias de restauración en siete páramos de las montañas de los Andes, en los que se incluye el páramo de Rabanal. Y el segundo es el proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que se está desarrollando en la Laguna de Tota bajo la coordinación de la Agencia Francesa para el Desarrollo.
“La UE quiere seguir apoyando la construcción de la paz en Colombia y por esto ha decidido establecer un fondo especial, que se suma a toda la cooperación que ya viene en curso”, aclaró la embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarías, durante la visita. Por su parte, Gilmore finalizó diciendo: “Desde la experiencia en mi país (Irlanda), puedo asegurar que al cabo de la conclusión de un acuerdo de paz, Colombia tendrá la oportunidad de vivir con un mayor desarrollo y una economía más próspera que beneficiará a todos sus ciudadanos”.
Pues como bien lo dijo Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, con la firma de los acuerdos en La Habana se va a superar un conflicto armado que “quitará esa cortina de humo, para entrar a debatir y solucionar los verdaderos problemas de fondo en el campo colombiano”.