Colombia está por debajo de lo que debe invertir

Un reto financiero que se llama cambio climático

Si bien el mundo cada vez invierte más en este problema, en Colombia todavía hay vacíos y retrasos para adaptarse y suavizar los efectos que puede representar este fenómeno global en el país.

Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más amenazados por falta de planeación en agricultura y el cambio climático.Pablo Correa

Hace 25 años la comunidad internacional vislumbró un riesgo llamado cambio climático. En ese entonces era apenas una figura borrosa en el horizonte. No obstante, los años han revelado el verdadero tamaño de la amenaza. A Colombia el fenómeno podría costarle 0,49 % de su PIB y, si los modelos científicos se hacen realidad, es el décimo país –de los 194 que hay en el mundo– que más sufrirían las consecuencias.

La humanidad, que ya se dio cuenta de que la sombra borrosa es en realidad un abismo, firmó en 2015 el Acuerdo de París, una promesa global para reducir la emisión de los gases que están calentando el planeta. El compromiso es importante, claro. Pero frenar el cambio climático también es cuestión de plata, pues el problema sólo puede remediarse desmontando y rearmando grandes sectores de la economía.

 

El problema es que de las seis áreas claves para invertir que ha identificado la Iniciativa Global para la Política Climática (algo así como una veeduría internacional sobre el tema), la inversión se concreta en unas pocas.

En Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión también se ha enfocado en las áreas que no son claves: mientras que el riesgo de quedarnos sin alimentos es del 35 %, apenas el 1 % del dinero que le ha metido el país al problema se ha ido a este sector, mientras que la infraestructura, un área que apenas representa el 12 % de los riesgos, se ha llevado la segunda tajada más grande de la financiación nacional (28,2 %).

Esto podría estar pasando por una razón: por fuera del sector ambiente casi nadie entiende por qué importa tanto prepararse para el cambio climático. Margarita Gutiérrez, subdirectora de la región andina de The Nature Conservancy, le explicó a El Espectador que si bien “en el discurso de las industrias existe la transversalidad del cambio climático, en la realidad no”. Para muchos sectores, dijo, meterle plata al cambio climático sigue siendo “un gasto, no una inversión”.

Y si bien desde 2011 el Ministerio de Ambiente viene liderando las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA), que son planes de los distintos sectores económicos para atenuar sus impactos, de acuerdo con Alberto Galán, director del Fondo Patrimonio Natural, “el cambio climático sigue siendo una política parcial y sectorial del Ministerio de Ambiente”. Clara Gutiérrez, financiera en WWF, piensa por la misma línea: mientras la financiación climática siga viéndose como una seguidilla de proyectos puntuales, es muy difícil que el país cumpla sus metas.

Alberto Galán pone el ejemplo del Fondo de Adaptación, que se creó para recoger los $11,2 billones que le costó al país el último fenómeno de La Niña y que, en teoría, es la alcancía del Gobierno Nacional para financiar proyectos de cambio climático. “Estos fondos son muy positivos, pero existe el riesgo que se quede financiando la reconstrucción de una carretera o se le olvide remediar la raíz de los problemas ambientales”, dice.

Las cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) parecen darle la razón a Galán: según un informe de 2016, el 31 % de los $1,26 billones que invirtió el sector público en calentamiento global se fueron para la gestión de riesgos, dejando a un lado la inversión en áreas como la agricultura, que recibió el 17 %, u otros, que, aunque agrupa sectores claves como el energético, de transporte o vivienda, apenas se embolsillaron el 14 % del dinero.

El Gobierno espera remediar esta brecha con iniciativas como el impuesto al carbono, que grava el uso de los combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, según se escucha en los pasillos, la negociación entre Minhacienda y Minambiente para definir en qué invertir lo recaudado no ha sido fácil: mientras Hacienda quiere dirigir dinero para obras y posconflicto, Ambiente aboga por reinvertir en adaptación y mitigación al cambio climático.

Margarita Gutiérrez cree que es clave que el Gobierno y el sector privado evalúen muy bien las prioridades de inversión, y sobre todo, que entiendan que invertir en este tema es un indicador de la viabilidad a mediano y largo plazo de los proyectos. Iniciativas como el Protocolo Verde, que el sector financiero del país está diseñando, pretende dar prioridad de crédito a los proyectos que sean ambientalmente sostenibles.

Además, Gutiérrez cree que los municipios deben empezar a invertir en proyectos locales. “Si los municipios cumplieran con el mandato de 1993, que los obligó a invertir el 1 % de su presupuesto en conservación de fuentes hídricas, tragedias como la de Mocoa no hubieran ocurrido, y los efectos de fenómenos como La Niña y El Niño no serían tan graves”, dice Alberto Galán. Otras propuestas, como los Fondos de Agua de TNC, que recaudan recursos públicos y privados para conservar los nacimientos, ya están en seis ciudades del país.

Si hace 25 años el problema fue subestimar el tamaño del abismo al que nos enfrentábamos, hoy el reto es lograr enderezar el camino para no caer en él. Pero para eso cada sector debe mover su timón en la misma dirección.