:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/w9Y4QWhsvCBB1lDZMys0SYX60wc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/E7B6UNHJEBHPDB5C52PQ6NH2ZU.jpg)
De los 83 proyectos de infraestructura en Bolívar 34 están en Cartagena. Luis Pineda, controlador delegado para la participación ciudadana, en la presentación del informe de obras inconclusas, explicó que la identificación de infraestructuras sin terminar en la capital del departamento se asoció con la falta de centros de salud disponibles para atender casos de COVID-19.
William Dau Chamat, alcalde de Cartagena, anunció el pasado 17 de junio que está trabajando, de la mano de la Contraloría General de la República, para tomar acciones que permitan reanudar la construcción de cinco centros de salud que están paralizadas desde 2014. Las obras mencionadas son los Centros de Atención Primaria (CAP) de Bayunca y Barú; los hospitales El Pozón y Canapote; y la Unidad Primaria de Atención (UPA) de Daniel Lemaitre. Estos cinco proyectos se encuentran entre el 40% y 90% de ejecución y deben estar listos el próximo 31 de diciembre. Según datos de la Secretaria de Infraestructura de Cartagena de Indias, para terminarlos se necesitan $34.800 millones. Son cerca de 110.000 personas las que se beneficiarían si se culminan estas obras.
Los cinco proyectos hacen parte de los contratos Dadis No. 001 y 002 de 2014 aprobados por la administración de Dionisio Vélez. Los dos contratos tienen como objetivo la revisión y ajuste de los diseños prototipo, realización de los estudios de ingeniería y la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de varias instituciones de salud en Cartagena.
También le puede interesar: “Elefantes blancos” en Colombia cuestan $25 billones: Contraloría
El Contrato Dadis No. 001 está a cargo del Consorcio Salud Heroica y tiene un valor de más de $41.000 millones. Este se ocupa de 25 centros de salud de los cuales solo 8 han sido entregados y están en funcionamiento. Este consorcio está conformado por Convias, empresa domiciliada en Barranquilla, que tiene la mayor participación en el proyecto con un 50%; Kamana, también domiciliada en Barranquilla, participa con el 30%; y L.A. S.G., de Medellín, completa el 20%.
El contrato Dadis No. 002 corresponde a la empresa Coinses S.A. y tiene un valor de más de $80.000 millones destinados a otros 14 centros de salud de los cuales no se ha entregado ninguno.
Entre los dos contratos hay 31 obras pendientes que debieron ser entregadas en diciembre de 2015.
Adriana Meza Yepes, exdirectora del Dadis, en un debate de control político realizado en Cartagena el 20 de abril de 2018, explicó al Concejo Distrital que la principal razón de los retrasos en las obras se debió a que “el valor inicial estuvo basado en diseños prototipo, lo que resultó insuficiente en la intervención total de las obras contratadas”. En otras palabras: el valor negociado al inicio tuvo como base un diseño no acabado que no se ajustó a las necesidades reales de las construcciones.
A Meza, el 17 de marzo de 2020, la Procuraduría, le formuló cargos por presuntas irregularidades en la promoción de seguridad y salud nutricional en la primera infancia.
También le puede interesar: Contraloría detectó 14 hallazgos fiscales por 36.365 millones en proyectos de regalías en Sucre
Respecto a la empresa encargada del contrato Dadis No. 002, Coinses S.A., con sede en Barranquilla y representada por Gary Eberto Espitia, solicitó el 30 de diciembre de 2019 al Distrito de Cartagena autorización para ceder el proyecto al Consorcio Salud Caribe 2020 ya que la Procuraduría General de la Nación la inhabilitó para contratar con el Estado hasta el 2023 por incumplimiento en otro contrato público.
El 30 de diciembre de 2019 Coinses S.A. le solicitó al Distrito, en cabeza de Pedrito Pereira, autorización para ceder al Consorcio Salud Caribe 2020 el contrato Dadis No. 002, lo que implica también heredar los problemas técnicos, financieros y legales que presentan las construcciones de centros de salud.
El 10 de junio de este año el alcalde William Dau aceptó la cesión del contrato con el argumento de que no se deben retrasar más las obras. Lo que pasaría en caso de entrar en proceso de liquidación. Según Funcicar, una fundación cartagenera que ha seguido este proceso desde 2014, esta decisión “genera incertidumbre” debido a que “la finalización de las obras está en manos de empresas seleccionadas por el mismo contratista que no pudo terminarlas”.
El Consorcio Salud Caribe 2020, conformado por la Constructora Matices P & B con un 60% de participación, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, y Soluciones Instrumentales de Colombia (SICOL), con un 40%, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, es el nuevo encargado del contrato Dadis No. 002. Este consorcio aceptó mantener los precios del proyecto establecidos en la administración de Dioniso Vélez pese a que estos están tasados con los índices de precios de construcción (IPC) de 2014.
La Contraloría advirtió que estos retrasos tienen un impacto negativo para las comunidades, por lo que llamó a la ciudadanía a participar activamente con sus denuncias para seguir identificando más de estos elefantes blancos en el territorio nacional a través de la aplicación ControlApp, disponible en tiendas virtuales y en la página web de la entidad.