Por robar, amenazar e incurrir en fraude

Abogados pillos reciben su merecido

Como ocurre en cualquier profesión u oficio, la experiencia indica que los honestos son mayoría. Sin embargo, nadie está exento de caer en manos de profesionales inescrupulosos que defraudan no sólo los intereses de sus clientes, sino los de la sociedad y de los derroteros éticos que rigen el comportamiento humano. Así ocurrió en tres recientes fallos judiciales en los que el Consejo Superior de la Judicatura sancionó a tres abogados denunciados por sus clientes por faltas leves y graves contra el ejercicio de la profesión.

Si un abogado lo engaña denúncielo en el Consejo Superior de la Judicatura. / IStock

Ladrón y bufón

La desfachatez y el descaro con que un abogado actuó frente a un cliente en Medellín, recibió una consecuente respuesta de parte de la justicia. En 2011, el hombre buscó aprovecharse de una mujer entrada en años que lo contrató para tramitar la venta de una casa, para lo cual le entregó $1’288.810. Sin embargo, el profesional del derecho no sólo incumplió con la misión encomendada, sino que retuvo y se negó a devolver dicho dinero.

Lo curioso de este caso es que el jurista retó a los jueces y a su clienta al advertir en el proceso que no devolvería el dinero al sentirse amenazado por el esposo de la señora, que en un correo electrónico que le envió lo conminó a pagarles la plata adeudada. Y fue más allá: los denunció ante la Fiscalía por injuria y calumnia porque, dijo, debían pagarle por los perjuicios causados con la precitada reclamación. De nada le sirvieron sus irracionales amenazas y soberbia sin límite, pues recientemente el Consejo Superior de la Judicatura sancionó a ese remedo  de jurista a diez meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por incurrir en falta que atenta contra su deber de actuar con honradez frente a sus clientes.

Maltratador y temerario

En este caso, un veterano jurista se salió de casillas al maltratar a la jueza civil del Circuito de Quibdó en descongestión, Sirley Palacios Bonilla, contra quien pronunció expresiones irrespetuosas y temerarias tales como “odio a la flaquita, la odio, mugrosa”. En el curso del proceso disciplinario quedó demostrado que también la acusó de no ser imparcial en un proceso por haber recibido dádivas. Pero hay más: varios funcionarios judiciales aseguraron que el investigado afirmó que “la jueza estaba aliada con alguien para causarle daño”, insinuando así actos de corrupción en el despacho judicial de la ofendida, lo cual el agresor no pudo probar. También afirmó que “la jueza no lo iba a joder más y que si iba a joder a alguien, jodiera a sus maridos”.

En ese contexto, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura señaló que si el abogado quería cuestionar la honestidad de la funcionaria judicial debía acudir a las instancias judiciales, para que a través de una denuncia se investigara un presunto prevaricato. Al final, le impuso la sanción más leve: la censura, por irrespetar a la administración de justicia y a las autoridades administrativas.

Propuesta indecente

Para algunos abogados lo importante es ganar a toda costa los casos en los que son contratados, aunque para ello deban incurrir en maniobras fraudulentas. Así ocurrió con una jurista denunciada por su cliente que rechazó una propuesta indecente de su apoderada, quien le aconsejó que le pagara a una jueza de Bucaramanga ¬que conoció sobre un proceso de declaración de pertenencia de una vivienda¬ una suma de dinero para que dictara una sentencia a su favor. Es decir, ni más ni menos, que cometiera el delito de cohecho. La propuesta fue grabada por el cliente de la abogada, quien en el proceso disciplinario que se abrió en su contra alegó que la grabación era ilegal por violar el derecho fundamental a la intimidad. Sin embargo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura expresó que “este tipo de grabaciones se tienen como pruebas legales cuando son tomadas por las víctimas de comportamientos irregulares, como se aprecia en este caso”.

Demostrado el ilícito, ese tribunal suspendió por un año del ejercicio de la profesión a la abogada, luego de declararla responsable de una falta contra el decoro profesional por aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.