Aborto legal y seguro en Colombia: un sendero de barreras y luces

A pesar del respaldo jurídico que cobija a cada mujer que decide interrumpir su embarazo, las instituciones y la sociedad siguen obstaculizando la autonomía sobre su propio cuerpo.

En el país el aborto es legal en tres circunstancias, según lo estableció la Corte Constitucional en 2006. / Niebla Rosa

Darío entendió la decisión de su hija Paola. Ella eligió abortar. La abrazó. La abrazó “mucho y muy fuerte” en el auto estacionado antes de dejarla, como todos los días, al frente de su universidad. “Sé lo que estás pasando y puedes contar conmigo, mi niña”, le dijo. Ella lo miró y lloró. La noche anterior, la mejor amiga de su “china”, como se refiere a ella con el tono más paternal, lo había llamado para advertirle: “¿Le ha visto las ojeras a Paola, la flacura y la irritabilidad con las que anda? El novio la dejó embarazada y la presionó a deshacerse de ‘eso’. Mañana, en una droguería, una tía de él los va a ayudar”. 

Aunque ni siquiera sabía del embarazo de su hija de 17 años, Darío no dudó en respaldar su elección, “pero tampoco voy a permitir que arriesgues tu vida”, le precisó. En ese instante, hace un año, se abrió para ambos en aquel carro un largo camino: el sendero del aborto legal y seguro en Colombia, uno que está cada vez más demarcado y señalizado, que tiene guías y unas cuantas luces, pero que sigue repleto de obstáculos, callejones sin salida y letreros engañosos.

El primer paso para ambos fue visitar una clínica confiable. Allí les explicaron sobre la existencia de la Sentencia C-355 de 2006, la cual dicta que no es delito abortar bajo tres causales: que el embarazo haya sido resultado de una violación, que implique riesgos para la salud física o mental de la mujer o que exista malformación del feto. Con esos datos en mente se decidieron por la interrupción del embarazo de Paola, cuya estabilidad emocional se veía afectada por esta situación. En medio del proceso hubo insultos y prejuicios, una separación familiar, una personera local que aseguró que “eso no tenía perdón de Dios”, audiencias, un exnovio amenazante, náuseas -claro-, y culpas, también. Todo esto, a pesar de que la autonomía de la joven sobre su cuerpo y su vida estuviera respaldada legalmente.

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Como ella, otras niñas y mujeres que optan por interrumpir voluntariamente su embarazo estando en cualquiera de las tres situaciones estipuladas por la Corte Constitucional se encuentran con frases como “mejor vaya a su casa y piénselo diez días”, “ser madre es lo natural, véalo como una bendición”, “¿dónde está su compañero? Necesito un documento que certifique que él está de acuerdo con esto”, “tendré que discutirlo una junta médica” o “soy objetor de consciencia y no daré información”. 

Así muchas veces responde el sistema, la institucionalidad. Esto, sumado a los múltiples estigmas sociales que rodean el tema, empujan a que miles de ellas terminen corriendo los riesgos que implica abortar clandestinamente. Según Profamilia, en 2017 se practicaron 10.517 abortos dentro de la legalidad, cifra que contrasta con los 400.000 procedimientos informales que se estima se realizan anualmente en el país. Es importante anotar que sobre estos últimos no existen datos actualizados. Entidades estatales y organizaciones sociales han replicado durante diez años los resultados arrojados por un estudio del Instituto Guttmacher, que evalúa el estado de los derechos reproductivos de la mujer en el mundo, publicado en 2008. 

No basta con que en la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, diseñada por el Ministerio de Salud, se dictamine que los servicios relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo “deben garantizarse de manera real con una atención oportuna en todos los grados de complejidad y en todo el territorio nacional (…), reconociendo el derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva”, ni que la Circular 003 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud y el Protocolo de Prevención del Aborto Inseguro les recuerden a los médicos que tiene un “término razonable para responder de forma oportuna las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y para realizar su práctica de cinco días contados a partir de la consulta”. Las trabas siguen siendo tantas, que esta posibilidad termina pareciendo un mito de otro país que se alojó en un papel colombiano. 

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Pero no todo es gris. Cada vez aparecen más voces, más luceros en este sendero. Más ojos vigilantes que orientan y protegen, y manos que no se rinden en esta lucha de derechos, que tocan puertas unidas “porque así fuimos, somos y seremos más fuertes”, como lo señala una activista; que hacen plantones, abonan el camino, argumentan en las calles y ante las autoridades cuidan los procesos judiciales para que no haya retrocesos, hacen pedagogía y están ahí raspando los muros que aún quedan.

“Las barreras persisten y eso es innegable, pero los avances también son evidentes. Hemos abierto camino gracias al trabajo de organizaciones que creen en la centralidad de los derechos sexuales y reproductivos a la hora de construir una sociedad democrática con cimientos de justicia social”, cuenta Juliana Martínez, coordinadora de la Mesa de la Vida y la Salud de las Mujeres, entidad pionera en la defensa de la despenalización del aborto.

La Mesa, además de generar discusiones en el ámbito nacional alrededor del tema como plataforma política y técnica, brinda asesoría legal a quienes deseen interrumpir su embarazo, como fue el caso de Paola. Para cualquier mujer de Colombia, sus servicios están a solo una llamada. Gracias a esta y a otras organizaciones, ya no es únicamente la sentencia de la Corte la que sostiene la implementación del aborto seguro y legal en el país. La Defensoría y la Fiscalía se han sumado a este camino mediante la pedagogía y el acompañamiento en las regiones. Además, la primera encuesta que les preguntó a los colombianos su opinión con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo dejó cifras que hablan de un cambio: el 65 % del país está de acuerdo con su práctica dentro de las tres causales definidas.

“Es hora de preguntarnos, nosotras y todos, qué vamos a hacer con unos temas en los que no nos hemos podido enfocar como sociedad por estar resolviendo el conflicto armado. Es tiempo de hacer una exigencia tan vital, tan simple, como la de decidir sobre la piel que se habita. No puede ser que estemos autorizadas para participar en el mundo de afuera, pero que este territorio propio, el nuestro, continúe invadido por poderes distintos al nuestro”, concluye Martínez.

Veinte años abriéndole camino al aborto

Desde el 27 de septiembre de 1998, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lleva izando la bandera de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Hoy, 20 años después, clama la desestigmatización, la pedagogía y el empoderamiento femenino para implementar lo estipulado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006, que despenaliza parcialmente el aborto en todo el territorio nacional.

En su aniversario, con la campaña “Mujeres Imparables”, la Mesa invitó a escritores, ilustradores y artistas urbanos, entre ellos Piedad Bonnett, Ricardo Silva, Viviana Pantoja y Gabaa Sánchez Balcáza, a unirse a su grito, visibilizando a través del arte la experiencia de mujeres y hombres que han vivido o acompañado experiencias relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo.