TIP LEGAL

Acuerdos de pago entre inquilinos y empresas de servicios públicos, no vincula a propietario del inmueble: Superservicios

El pacto para el pago de deudas sólo obliga a quien lo suscribe, independiente de la calidad que ostente bien sea usuario, suscriptor o propietario.

Una vez celebrado el acuerdo, convenio o plan de financiamiento, este regulará las relaciones entre las partes, dice la Superintendencia de Servicios Públicos.Óscar Pérez

La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios consagra una regla general según la cual “el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos”. Es decir, que ante el incumplimiento por parte del usuario o suscriptor respecto al pago de uno o varios períodos de facturación dejados de cancelar, la empresa prestadora del servicio puede cobrarle al propietario o poseedor del inmueble.

No obstante, en reciente concepto la Superintendencia de Servicios Públicos ha precisado que la anterior regla de solidaridad puede romperse en varios eventos, entre los cuales vale citar los siguientes: (i) la no suspensión del servicio en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, (ii) cuando el contrato de servicios públicos no está vigente al momento de la enajenación del inmueble, (iii) en los acuerdos de pago en los que no participe el propietario, (iv) respecto de servicios públicos solicitados por un tercero distinto al propietario, (v) si el suscriptor se libera de sus obligaciones contractuales, (vi) respecto de facilidades comerciales que se cobren a través de la factura, (vii) entre coarrendatarios salvo que estos sean a la vez usuarios del servicio, (viii) cuando el arrendatario garantiza el pago del servicio, y (ix) cuando el prestador instala nuevos servicios adicionales estando el inmueble en mora.

De tal forma que el acuerdo de pago sólo obliga a quien lo suscribe, independiente de la calidad que ostente bien sea usuario, suscriptor o propietario. Si se hacen acuerdos de pago con el usuario de los servicios públicos, en los que no se haya hecho parte el propietario o poseedor del inmueble, o el suscriptor (cuando es diferente al usuario), estos otros deudores no serán solidarios del pago que se adeuda, porque dicho pacto es un contrato distinto al de servicios públicos.

Según la Superservicios “si el usuario que suscribe un acuerdo de pago, en el cual no es parte el propietario, incumple el acuerdo de pago y se atrasa en el pago de las facturas del servicio generadas con posterioridad a la firma del acuerdo, el propietario solo será solidario con relación a estas últimas.”

Y añade: “(…) los acuerdos de pago que se suscriban entre prestadores de servicios públicos y usuarios: (i) se rigen por el derecho civil, (ii) no comportan solidaridad entre quienes los suscriben y otras personas naturales o jurídicas, y (iii) no permiten la suspensión o el corte del servicio en razón de su incumplimiento, en la medida en que el acuerdo suscrito constituye un nuevo título que reemplaza a la factura de servicios públicos, en lo que hace a las obligaciones que allí se pacten”.

En conclusión, un inquilino, al ser usuario y por tanto parte del contrato de servicios públicos, puede suscribir acuerdos de pago para garantizar el pago del servicio adeudado, bajo el entendido de que tales acuerdos no obligarán al propietario u otros usuarios del servicio, a menos que uno u otros suscriban en conjunto con el prestador el respectivo acuerdo.

Lo anterior, aplica también en aquellos casos en los que se haya denunciado el contrato de arrendamiento ante la empresa de servicios públicos, pues en tales eventos, no existe la solidaridad en lo que se refiere a las obligaciones contenidas en la factura.

De acuerdo con la Ley 820 del 2003 y su Decreto Reglamentario 3130 del mismo año, que regulan el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, la denuncia del contrato es una forma de exceptuar la aplicación de la solidaridad.

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