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Si de pactos de paz se trata, Colombia tiene una larga historia de tratados, amnistías, indultos o treguas. Sus años de vida republicana, caracterizados por múltiples guerras, también son generosos en acuerdos de paz. Para limitarlo a los últimos tiempos, el punto de partida es el proceso emprendido por el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953 para ponerle fin a la violencia partidista. Una iniciativa que se consolidó a través de decretos de amnistía extensivos por separado para guerrilleros o miembros de las Fuerzas Armadas. (Vea aquí el especial: Callaron los fusiles)
También de esa época data el primer esfuerzo de reconciliación con efectos históricos. Primero, a través del decreto 0942 de mayo de 1958, que impulsó la creación de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, y después a través del contacto de la comisión con alzados en armas de distintas tendencias. De esta gestión nació el histórico texto La violencia en Colombia, escrito por Orlando Fals Borda, el sacerdote Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, con información clave para entender y hacer memoria.
Aunque a inicios del Frente Nacional, a finales de 1958 hubo una nueva ley de amnistía para extinguir sumarios por delitos políticos, desde ese momento empiezan a transcurrir más de dos décadas en las que la palabra paz quedó asociada a la idea de que las Fuerzas Armadas la impusieran a través de la victoria. Al caer el telón de los años 60, la guerra de guerrillas ya estaba desdoblada en varios grupos, y en los 70 se agravó el panorama con la irrupción del paramilitarismo y la conformación de los carteles del narcotráfico y sus ríos de dinero.
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En marzo de 1981, después de casi tres años del severo Estatuto de Seguridad, el gobierno de Julio César Turbay expidió la Ley 37, o Ley de Amnistía, y siete meses después creó una comisión de paz que lideró el expresidente Carlos Lleras. Las dos iniciativas no tuvieron mucho éxito, pero dejaron sentadas las bases para que a partir de 1982 el presidente Belisario Betancur convirtiera la paz en el eje de su gobierno. Primero a través de una comisión de paz y luego por conducto de una ley de amnistía (Ley 35 de 1982) que abrió el camino.
En 1984, a través del comisionado de paz John Agudelo, el gobierno Betancur firmó pactos de cese el fuego con las Farc, la Autodefensa Obrera, el M-19, el Epl y dos destacamentos del Eln. Desafortunadamente, en poco tiempo fracasaron los avances alcanzados, por falta de una verificación eficaz, incumplimiento generalizado de la tregua y muchos asesinatos políticos. El epílogo de este momento fueron el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, el asesinato del negociador del Epl Óscar Calvo y el exterminio de la Unión Patriótica.
A mediados de julio de 1988, el gobierno de Virgilio Barco emprendió un proceso de paz con el M-19. Luego se expidió la Ley 77 de 1989, o Ley de Amnistía, y en marzo de 1990, con el liderazgo del comisionado Rafael Pardo, en Santo Domingo (Cauca), el M-19 entregó sus armas y se convirtió en una organización política. A finales de ese mismo año, ya en los tiempos de César Gaviria, a través del comisionado Jesús Antonio Bejarano se logró un nuevo proceso de paz, esta vez con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El acuerdo de paz con el PRT se firmó en Don Gabriel, corregimiento de Ovejas (Sucre), y se formalizó en enero de 1991. Dos meses después, en Labores (Antioquia), y en el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente, después de 23 años de vida guerrillera, el Epl entregó sus armas. El 1º de marzo de 1991 quedó como la fecha de su tránsito de las armas a las urnas. El 27 de mayo de ese mismo año, después de 16 años en la guerra, se desmovilizó también el movimiento indigenista Quintín Lame y entregó sus armas en Cauca.
El epílogo de la era de César Gaviria dejó dos acuerdos más. El primero con la Corriente de Renovación Socialista —organización surgida del Eln en 1989—, que se firmó el 9 de abril en el corregimiento de Flor del Monte, en Sucre. Un mes más tarde, el 26 de mayo de 1994, en el corregimiento de Santa Helena (Antioquia), el Gobierno firmó una negociación de paz con varias milicias asentadas en la ciudad de Medellín. En la era Gaviria también se desarrolló una política de sometimiento para reducir a las mafias del narcotráfico.
Los tiempos de Ernesto Samper fueron más de escándalo judicial, pero también se apostó por la paz. Con las Farc apenas se pudo concretar un acuerdo para liberar a 70 militares cautivos, en junio de 1997. Con el Eln se firmaron dos acuerdos para avanzar hacia la humanización de la guerra. El primero en el Palacio de Viana, en Madrid (España), y el segundo en Maguncia (Alemania), ambos en 1998. A través de la Comisión Nacional de Paz, se suscribió en 1998 el acuerdo del Nudo de Paramillo con las autodefensas, para tratar de aliviar la crisis humanitaria.
Durante el cuatrienio de Andrés Pastrana hubo negociaciones de paz con las Farc y el Eln, que no desbordaron en pactos definitivos. Con las Farc se negoció casi cuatro años en una zona desmilitarizada, con un acuerdo de intercambio de prisioneros y otros avances, pero no el desarme o la desmovilización. Con el Eln tampoco se pudo, pese a un largo forcejeo político con varios secuestros colectivos a bordo. Cuando llegó Álvaro Uribe al poder cambió el modelo: guerra total contra la guerrilla y proceso de paz con las autodefensas.
Con las Farc, a partir del segundo gobierno Uribe, se concretaron varias negociaciones para liberar militares y políticos secuestrados. Hoy se sabe que hubo contactos tanto con las Farc como con el Eln para eventuales procesos de paz que nunca se concretaron. Respecto a las autodefensas, a partir de 2003 se inició un accidentado proceso de paz con justicia transicional a bordo y desmovilización de frentes. A pesar de sus logros, el proceso terminó en escándalo judicial y la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos.
En febrero de 2012, luego de varios acercamientos, se inició en La Habana una fase exploratoria para eventuales negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las Farc. En agosto se formalizó la mesa de negociación que a lo largo de cuatro años sentó las bases del acuerdo de paz que hoy se firma en Cartagena. Un pacto con acuerdos agrario, de participación en política, para la solución de las drogas ilícitas, la atención a las víctimas y una jurisdicción de paz que será crucial para dar el paso definitivo hacia el posconflicto. Otros desafíos de seguridad quedan pendientes.