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En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hay gran revuelo por una ordenanza aprobada por la Gobernación que prohíbe que los cocos se usen en la isla para vender bebidas y cocteles. Con la medida, entonces, se dejarían de vender los tradicionales cocolocos en las islas.
La ordenanza, fechada el 14 de julio, busca “evitar el desabastecimiento de coco en la isla y garantizar la facilidad de las prácticas gastronómicas tradicionales en el departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Y, como medida punitiva para los vendedores que decidan seguir comercializando estas bebidas, contempla multas de cinco salarios mínimos mensuales, lo que significa comparendos de $3,6 millones.
La Secretaría de Agricultura y Pesca de la gobernación se encargará de ejecutar la medida. Además, que durante un mes tendrá que “hacer campañas de concienciación sobre la producción, comercialización y uso de cocos en la isla, así como de la presente ordenanza”. También contempla que “los recursos recaudados por multas deberán ser reinvertidos en la tecnificación de la producción del coco”.
Pero la reciente decisión de la gobernación no ha calado bien entre vendedores. A pesar de que Roy Robinson, secretario de Agricultura y Pesca, aseguró a Noticias Caracol que esta es una medida “sana, toda vez que el cocotero está en peligro”, son varias las voces en contra. Es el caso de Gilberto Livingston, quien le dijo al mismo medio, que “yo tengo 50 años viviendo de esto y no sé por qué van a prohibir el coco para vender si esa es nuestra cultura”.