Adjudican contrato por $74.000 millones para construcción de Fase I del nuevo Gramalote

El proyecto comprende obras de urbanismo y equipamiento necesario para realizar el reasentamiento del casco urbano de la población.

El casco urbano de Gramalote fue destruido debido a la ola invernal que azotó el país hace cerca de cinco años. /Archivo

Pasados cinco años del deslizamiento del cerro de la Cruz en el municipio de Gramalote (Norte de Santander) –hecho que afectó la mayor parte de las viviendas y edificaciones de la población– el Gobierno adjudicó este miércoles al Consorcio Munguí el contrato para la construcción de la Fase I del nuevo Gramalote.

El anuncio fue realizado por el presidente Juan Manuel Santos, quien sostuvo que el valor del contrato asciende a cerca de 74.000 millones de pesos.

“Hicimos una invitación abierta y quien presentó la mejor propuesta fue el Consorcio Munguí. Este consorcio está conformado por una empresa de Cali –Construcciones Civiles- y dos empresas de Medellín –Gisaico, y Arquitectura y Concreto (…) Nos demoramos pero mejor hacer cosas bien que de afán”, manifestó el jefe de Estado. 

La firma constructora tiene la responsabilidad de edificar “la plaza principal, el centro administrativo municipal, la plaza de mercado, las calles y los andenes, la red de acueducto y alcantarillado, y adecuar terreno para 400 viviendas”, agregó Santos, quien precisó que la obra debe ser ejecutada en 14 meses.

Queda pendiente una próxima convocatoria para la construcción del colegio, el centro de salud y las primeras 400 viviendas, cuyo contrato será adjudicado en junio de cara a que en 2016 más de 1.000 familias sean reasentadas.

Recientemente, la Procuraduría General planteó nuevas observaciones frente a las demoras para la ejecución del plan dirigido a la reconstrucción del caso urbano del municipio.

Para el Ministerio Público, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta de la licencia ambiental presentada ante la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) para la realización del proyecto de reconstrucción, lo que ha afectado los derechos de los pobladores.

Estas demoras, según la Procuraduría, se han presentado debido a la falta de datos relevantes lo que ha impedido realizar un “diseño definitivo de la vía”, así como una falta en los aspectos técnicos, ambientales y sociales para la realización del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental