Afectados por amenazas de grupos armados en Córdoba reciben ayudas

Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos del departamento, dijo que en total son cinco grupos armados que se disputan el sur de Córdoba. Hasta el momento, 565 familias y 1.630 personas han sido perjudicadas por la violencia.

Más de 1.600 personas han sido beneficiadas por los planes de las autoridades. Archivo El Espectador

Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos de Córdoba, denunció que la violencia por parte de grupos armados ha desplazado a 565 familias de su territorio. Alrededor de 1.630 personas de Puerto Libertador que se vieron afectadas han llegado al corregimiento de San José para recibir atención de las autoridades. 

El pasado 29 de marzo, se creó una mesa de trabajo, liderada por la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba, en la que participaron la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía Municipal de Puerto Libertador y el Equipo Local de Coordinación (ELC) Córdoba. Las entidades definieron compromisos y fechas para la atención a la emergencia humanitaria. 

Chica advirtió que, en total, son cinco grupos al margen de la ley que se disputan el territorio: Los Caparrapos, el Clan del Golfo, un grupo de disidentes de las Farc, un frente del Eln y un grupo del cartel de Sinaloa.

El funcionario también denunció que entre los grupos hacen alianzas para sacar del territorio a los grupos armados más débiles. "Se llevan consigo a la población civil porque los ponen a participar de un lado o del otro", dijo Chica a W radio. 

"Ahora el Clan del Golfo o las Autodefensas no les permiten salir del territorio y los tienen confinados a la altura de la vereda Río Sucio. Esto es una crisis humanitaria para nosotros porque no estamos hablando de cinco familias, sino de cinco veredas, que mal contadas son cerca de 900 personas”, concluyó Chica. 

 

 

Según la Organización de Naciones Unidas, 2.150 personas han abandonado el territorio, de las cuales el 40% son menores de edad.

Por la situación, las familias desplazadas llegaron hasta el centro poblado del corregimiento de Juan José, en donde fueron instaladas en puntos de albergue provisional. Las 1.630 personas han sido ubicadas en la casa de la Junta de Acción Comunal, así como en la Casa Indígena y en las casas parroquiales de Montelíbano, Santa Rosa y Flechas.

Además, fueron dispuestos dos terrenos particulares para atención provisional con otros cinco albergues en carpas para las comunidades de las veredas de Rogero y Santa Bárbara. 

La administración municipal de Puerto Libertador y las fundaciones Tierra de HombresCaritas y el Programa Mundial de Alimentos harán entregas de comida. Se espera que los lugareños queden abastecidos hasta el 20 de abril. 

Sin embargo, la Gobernación hará una solicitud formal a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que a partir del 15 de abril asuma la entrega de alimentos.

La Policía Nacional apoyó con carrotanques para abastecer de agua potable y la administración municipal dispuso de seis tanques de 500 litros para el almacenamiento del líquido.

En los albergues no hay baños, así que desde el pasado 2 de abril las autoridades del territorio y el Consejo Noruego para Refugiados trabajan para acondicionar los albergues provisionales con sistemas sanitarios. La administración municipal ya entregó 50 kits de aseo. 

Para el tema de salud, se dispuso a un médico y una enfermera auxiliar para realizar el diagnóstico clínico a las familias desplazadas que presenten afectaciones a su salud. 

La Gobernación realiza gestiones con la Institución Educativa Juan José para la educación de 200 niños perjudicados y poder habilitar cuatro aulas de clases. También se comprometió a contratar dos docentes para la población indígena presente. 

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* Redacción Nacional

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