Agricultura tradicional desplaza a cultivos ilícitos de campos colombianos

Según el Ministerio de Justicia desde 2006 hasta 2014 la suma invertida por el Estado en proyectos de desarrollo alternativo, como parte de su estrategia nacional de lucha contra las drogas, asciende a 974.134 millones de pesos.

Archivo EFE

Familias campesinas del norte de Colombia que fueron víctimas de los grupos armados ilegales o estuvieron dedicados a los cultivos ilícitos han encontrado en la agricultura tradicional una manera de recuperar su territorio y salir de la pobreza en un marco de legalidad.

En las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se levanta frente al mar Caribe, floreció en la década de los setenta el cultivo de marihuana, que dio paso años después a la coca y a la llegada de grupos guerrilleros y paramilitares, expulsados por el Estado a comienzos de este siglo.

Con diferentes programas, el Gobierno, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras instituciones, facilitó el regreso de muchos campesinos que tuvieron que dejar sus tierras, donde han vuelto germinar cultivos como café, cacao y caña de azúcar.

"Al año 2004 nosotros teníamos 30 hectáreas de caña y 38 familias vinculadas a la actividad, pero la incidencia de los actores del conflicto armado diezmó la población, desaparecieron algunos y el resto, la mayoría, se desplazaron", dijo a Efe Humberto Narváez, representante de una asociación de agricultores de la vereda Alto San Jorge.

Narváez, que muestra con orgullo las panelas (bloques de caña de azúcar) producidos por 17 de las 58 familias que habitan la cuenca del río Cañas, recuerda que de 2004 a 2008 "la región quedó prácticamente sola, los cultivos desaparecieron" por la acción de grupos paramilitares, pero la introducción del programa oficial Familias Guardabosques les permitió regresar y retomar la actividad productiva.

Esas 17 familias producen hoy dos toneladas mensuales de panela con la que abastecen el mercado local de Dibulla, municipio del departamento caribeño de La Guajira, mientras que las demás se dedican al cultivo de yuca, ñame, plátano y follajes o a criar especies menores, como gallinas y cabras.

Esta comunidad sufrió en carne propia no solo la acción de los grupos armados ilegales sino también de las fumigaciones con glifosato, el herbicida cuyo uso acaba de suspender el Gobierno colombiano después de más de 30 años de empleo contra los cultivos ilegales.

"Para nosotros es satisfactorio que no se vaya a seguir usando glifosato pero sí que haya control de los cultivos ilícitos", agrega el campesino, quien dice que aunque las aspersiones aéreas en la zona se suspendieron hace mucho tiempo, el químico dejó en pobladores secuelas como afecciones en la piel y problemas pulmonares.

La estrategia de desarrollo alternativo contra los cultivos ilícitos está desde hace tres años bajo el paraguas de la Alianza del Buen Gobierno, conformada por el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Consolidación Territorial y la UNODC.

En ese periodo las tres entidades han invertido más de 13.000 millones de pesos (unos 5,5 millones de dólares) y han puesto en marcha 69 proyectos productivos en 15 departamentos del país.

Sin embargo, desde 2006 hasta 2014 la suma invertida por el Estado en proyectos de desarrollo alternativo, como parte de su estrategia nacional de lucha contra las drogas, asciende a 974.134 millones de pesos (unos 390 millones de dólares), según datos del Ministerio de Justicia.

La UNODC es el "socio estratégico" del Gobierno nacional en estos proyectos y actualmente interviene en 24 de los 32 departamentos colombianos con apoyo a más de 62.000 familias, explica Javier Sánchez, asesor técnico principal de desarrollo alternativo de ese organismo en Colombia.

"En realidad son 21 líneas productivas, pero las de mayor relevancia son el café, el cacao, la caña de azúcar, el caucho, forestales, apicultura, piscicultura, especies menores y también cultivos anuales, como arroz o maíz", explica el funcionario.

Según Sánchez, los programas prevén diferentes líneas de acción, como la asistencia técnica, capacitación y también inversión para implementación de los proyectos productivos abarcando diferentes eslabones en la cadena de valor, hasta la comercialización de los productos.

El director ejecutivo de la UNODC, Yuri Fedótov, visitó esta semana el centro de acopio de los campesinos en Mingueo, un caserío de la zona rural de Dibulla, para conocer de cerca el trabajo hecho con las comunidades.

Narváez considera que lo importante de estos programas es establecer una dinámica de "recuperación social y del territorio", alejados de cualquier vínculo con las actividades de los grupos armados ilegales.

"El mensaje para el resto de agricultores es: trabajemos legalmente para poder brindar a las familias una seguridad, una tranquilidad, la paz; para las instituciones (el mensaje) es seguir apoyando esta clase de iniciativas", concluye el campesino.