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La alcaldesa de Ocaña Miriam Prado Carrascal quedó a la espera de un fallo de segunda instancia luego de ser destituida de su cargo e inhabilitada por diez años, según lo expuesto por la Procuraduría Provincial de Ocaña.
Las denuncias contra la mandataria se sustentan en su supuesta participación en comités de seguimiento electoral enmarcados en el referendo revocatorio de su mandatado promovido por un grupo de ciudadanos de esta localidad en mayo de 2017.
Según el sustento del fallo, el órgano de control logró conocer que Prado Carrascal participar en dichos comités para los que se debió declarar impedida para tomar parte pues el proceso democrático estaba dirigido en su contra. En estas reuniones, señala la Procuraduría Provincial, se tomaron decisiones para que el resultado la favoreciera. Para ese día se declaró ley seca, restricción de movilidad en moto y otros operativos y cierres de calles que, a consideración del organismo de control, se dispusieron para evitar que la ciudadanía saliera a votar.
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“Informo a la opinión pública que el fallo emitido por la Procuraduría Provincial fue objeto del recurso de apelación el cual al ser conocido por el despacho suspende todos los efectos que el mismo genera hasta no ser resuelto en segunda instancia, razón por la cual no se verán afectadas las funciones, competencias y responsabilidades como alcaldesa”, dijo la mandataria.
En los comicios que buscaban revocar el mandato de Prado ganó el sí, que representaba apartarla del cargo, con 16.432 votos. Sin embargo, el número de votos (17.354) no alcanzó el umbral necesario (18.418) para que el resultado de la votación se hiciera efectivo .
Miriam Prado Carrascal agregó que la sanción impuesta, según su criterio, obedece a un supuesto conflicto de intereses presentados por la suscripción del decreto mediante el cual se regula la publicidad política o propaganda electoral para la jornada de revocatoria de mandato en Ocaña.
Prado en su defensa destaca que no se tuvo en cuenta a la hora de fallar que su participación en la sesión del comité de seguimiento electoral del 10 de mayo de 2017 contrasta con el resultado de la jornada de revocatoria la cual tuvo una gran cantidad de votos destinados para apartarla del cargo, lo que implica para la mandataria que la conducta reprochada por la Procuraduría Provincial no le generó ningún beneficio directo.
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La alcaldesa, que tuvo el aval del Partido Conservador para llegar esa posición, había sido capturada el 17 de febrero de 2017 tras unas supuestas irregularidades en tres contratos firmados durante su administración. A Prado le dieron casa por cárcel y tras el desarrollo del litigio fue liberada. Sin embargo, los cargos imputados en su contra por este caso siguen vigentes.