Alerta por crítico panorama de derechos humanos en Arauca

La Defensoría del Pueblo en coordinación con otras autoridades constató las problemáticas de comunidades indígenas de la región.

Archivo El Espectador

Una comisión humanitaria interinstitucional visitó el departamento de Arauca para verificar la crítica situación en materia de derechos humanos de varias comunidades, constatando problemáticas relacionadas con el territorio, la presencia de minas antipersonal, el acceso a servicios básicos como salud, educación, alimentación y agua potable.

La visita tuvo lugar en el resguardo indígena del pueblo Hitnü ubicado en el caserío Bocas del Ele en zona rural de la ciudad de Arauca, donde los pobladores manifestaron la necesidad de avanzar con el proceso de reubicación a una zona segura y en condiciones de dignidad.

La comisión fue integrada por el vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera; la embajadora de Suecia en Colombia, Marie Anderson de Frutos, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Stephane Jaquemet; y el representante Adjunto del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado.

“Para nosotros esa situación es bastante preocupante, la comunidad tiene problemas en torno a la influencia de grupos ilegales y por eso sobre ellos recae en temas de seguridad por los efectos del conflicto armado, tienen problemas de acceso a la educación, a la salud, al agua potable, problemas del manejo de basuras y de alcantarillado”, aseguró el vicedefensor del Pueblo citado en un comunicado de prensa.

De acuerdo con los indígenas que habitan la zona, a pesar de estar amparados por el Auto 382 de 2010 de la Corte Constitucional –que se refiere a la protección de los territorios indígenas– han sido víctimas del despojo: “antes teníamos 18.000 hectáreas y ahora solo estamos en 4.000 hectáreas”, denunciaron.

Al respecto, el representante Adjunto del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que a la comunidad le están quitando la vida “no solo como personas, sino como pueblo”.

“Lo que ha venido ocurriendo es que progresivamente como en este caso han sido atrapados. Los indígenas dicen por aquí que no podemos pasar porque hay minas, por otro lado la empresa y por acá los colonos. En este caso completo, este es un pueblo recolector por años y de eso viven ahora, les están quitando la vida no solo como personas, sino como pueblo”, indicó el funcionario.

En la zona, la comisión humanitaria pudo constatar que cerca de 630 indígenas del asentamiento Hitnú, de Las Vegas no tienen acceso a un servicio de salud adecuado.

“La unidad de salud construida recientemente se halla abandonada, no tiene médico, enfermera y medicamentos para atender a esta población. De otro lado, la infraestructura de las escuelas se encuentra deteriorada”, aseguró la Defensoría del Pueblo.

“Tenemos una gran preocupación para las comunidades indígenas porque pienso que en algunos casos hay unas necesidades de apoyar el retorno y en otros casos claramente la reubicación. Durante la visita al asentamiento indígena de Las Vegas no se puede hablar de acceso a los servicios básicos en una escuela y un centro médico en abandono”, precisó el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Stephane Jaquemet.

En el recorrido la comisión también se reunió en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Tame, con representantes y líderes campesinos, quienes manifestaron su preocupación respecto a la presencia de actores armados, las dificultades existentes debido a la ausencia de definición territorial sobre su pertenencia a los municipios de Tame o Arauquita y las permanentes infracciones al DIH por parte de todos los actores armados del conflicto.

“Se realizó una reunión con autoridades indígenas del departamento de Arauca, quienes evidenciaron la situación de estigmatización y discriminación que ha vulnerado el ejercicio pleno de sus derechos, sus prácticas culturales y ancestrales y mecanismos de gobierno y justicia propios”, agregó la Defensoría, que anunció que solicitará el cumplimiento de políticas en defensa de las comunidades afectadas.