Alerta por daño ambiental de hidroeléctricas en Colombia

La Defensoría dice que “en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado”. En las 8 centrales analizadas se encontró que las licencias ambientales han sido modificadas en numerosas ocasiones.

/ Foto: Archivo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el impacto ambiental de las hidroeléctricas en el país, después de que la delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, Martha Lucía Alonso Reyes, realizara un estudio focalizado a 8 centrales en 6 departamentos. Entre los hallazgos que se hicieron están “vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades y afectación a las fuentes hídricas”.

Las hidroeléctricas analizadas en el estudio de la Defensoría son: la de Betania y El Quimbo (Huila), Chivor (Boyacá), del Guavio (Cundinamarca), río Amoyá – La Esperanza (Tolima), Sogamoso (Santander) y Porce III e Ituango (Antioquia). Otra de las alertas que hace la entidad es que falta planificación en estas centrales hidroeléctricas.

Según el informe, en estas centrales hidroeléctricas se ha vulnerado el derecho a la participación de las comunidades donde se han construido las infraestructuras generadoras de energía, porque “en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado, ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la Ley”.

Otra de las observaciones de la Defensoría es que, desde que se concedieron las licencias, estas han sido modificadas en múltiples ocasiones. Resalta el caso de la licencia de la hidroeléctrica Ituango que, aunque no ha terminado de construirse, ha sido modificada en 13 ocasiones. Por su parte, a la licencia de El Quimbo es, con 117 modificaciones, la que más veces se ha cambiado.

En el estudio también se critica la falta de acompañamiento de las autoridades para evitar las situaciones anteriores y que también haya “emisión de olores ofensivos por acumulación de biomasa, infiltración y pérdida de fuentes hídricas superficiales y subterráneas con el consecuente resecamiento de la tierra y disminución de la productividad, y asimetría entre las condiciones sociales de las comunidades”.

Ante este panorama, la Defensoría llamó la atención de las autoridades, entre ellas a los ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente, y a la Contraloría para que intervengan.

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