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Un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República en agosto de 2018, y que está a la espera de trámite, tiene en alerta a la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) por el cambio en las reglas para escoger a los personeros municipales. Según advierten, la elección de esta figura, clave para el control de la administración pública, se vería permeada por intereses políticos.
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Se trata de una iniciativa promovida por congresistas del Partido Conservador, entre los que se encuentran David Barguil, Alfredo Ape Cuello y Buenaventura León, presentada ante el órgano legislativo el pasado 30 de agosto con el objetivo de establecer “las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de personeros” municipales y distritales.
Es un cambio el que genera preocupación, según explica Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de Fenalper. Los concejos municipales tendrían mayor margen político para escoger al personero por encima de los méritos de los candidatos.
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Actualmente, en el proceso de selección de los personeros, la prueba de conocimientos académicos (encargada a una institución especializada, pública o privada) tiene un valor mínimo del 60% dentro del total del concurso. A su vez, la entrevista con el concejo tiene un valor que no supera el 10%, lo cual garantiza de cierta forma que el criterio que impere en la elección sea la meritocracia, pues también se tiene en cuenta los estudios y la experiencia del candidato.
De acuerdo con el proyecto de ley que modificaría estas reglas, pese a que también se habla del mérito y de las pruebas de conocimiento, la entrevista tendría un peso mucho mayor a la hora de la elección, lo cual les deja a los concejos un margen mayor para la selección del personero “a conveniencia política”, advierte Arzuaga.
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Lo anterior debido a que los resultados de las pruebas de conocimientos, presuntamente, arrojarían una lista de 10 candidatos y, entre ellos, la entrevista sería el factor determinante.
Según alerta el director ejecutivo de Fenalper, la situación es preocupante para las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras, que resultan “muy apetecidas” a nivel político.
Se trata de la elección de una figura de gran importancia dentro de la administración pública, pues está a cargo de la vigilancia de quienes ostentan cargos públicos, además de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.