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Nuevamente el desvío de dineros para los Programas de Alimentación Escolar (PAE) vuelve al ojo del huracán. El déficit de refrigerios y almuerzos para los menores de las regiones del país volvió a ser tocado por la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, quien hizo nuevas denuncias al respecto, días después de haber citado a la ministra de Educación, Gina Parody, a un debate de control político al que no asistió la titular de esa cartera.
La congresista liberal afirmó este miércoles que las fundaciones y consorcios denunciados por sus malos manejos de dineros, siguen teniendo los contratos para la prestación del servicio. Según Morales, más de 10 consorcios que fueron auditados y descalificados por la Contraloría escolar volvieron a contratar, esta vez no con el Ministerio de Educación, sino con entes territoriales. Las razones de la descalificación de dichos contratistas habrían sido la pésima prestación del servicio basada en precarias condiciones sanitarias, la mala calidad de los alimentos, el déficit en el número de refrigerios ofrecidos, las fallas en la logística y el desvío de los recursos.
El control político que pretende hacer no solo Morales sino otros congresistas como Armando Benedetti (Partido de La U) o Susana Correa (Centro Democrático), busca demostrar una presunta negligencia de la ministra de Educación, razón por la cual no quedaron inhabilitados los consorcios en cuestión. Para Morales, esto se debió a que no se hicieron las denuncias penales, ni tampoco se decretaron sanciones pertinentes, lo que permitió a las compañías seguir operando y no quedar inhabilitadas para contratar con el Estado.
"La doctora Gina Parody es una indolente, no hizo una sola denuncia penal, solo denunció en los medios y estas empresas cuestionadísimas hoy siguen operando los comedores de escuelas y colegios en todo el país. Seguimos en manos de las mafias de la alimentación escolar y el Ministerio no reacciona", aseguró la senadora del Partido Liberal.
Aunque esta y otras irregularidades iban a ser denunciadas por varios congresistas durante un debate de control político que estaba programado en el Senado para el pasado martes, la agenda no permitió que se llevara a cabo y deberá ser aplazado hasta la siguiente legislatura, debido a que la actual cierra el próximo 20 de junio.