Amenazan de muerte a líder comunitaria que denunció falsos positivos

Alfamir Castillo, presidenta del Comité de Mujeres Corteras de Caña de Azúcar, dice que "sólo quiero vivir tranquila".

Alfamir Castillo, junto al traductor Patrick Kane, en una conferencia durante su visita a Londres. / Cortesía
Alfamir Castillo, junto al traductor Patrick Kane, en una conferencia durante su visita a Londres. / Cortesía

Es su noveno día en el Reino Unido. Afuera llovizna, hace frío y viento. Alfamir Castillo no parece cansada, pese a que ha descansado muy poco en las últimas semanas. Luce, además, mucho menor de los 51 años que tiene. Está vestida con una chaqueta café oscura y una bufanda beige. No deja de mover la pierna izquierda.

El pasado 7 de marzo esta mujer aterrizó en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Durante diez días, gracias al apoyo del Sindicato Británico de Servicios Públicos, Unison, ha recorrido varias ciudades como Newcastle, Liverpool, Edimburgo y Londres, con el objetivo de dar a conocer su situación laboral y personal. “Necesitaba que nos visibilizaran”, asegura.

Esta lideresa comunitaria ha sido invitada a varios foros internacionales, se ha reunido con parlamentarios, abogados de derechos humanos, universitarios y ONG. En la mañana se reunió con representantes de la Foreign Office y ahora está en la sala de juntas de War on Want, una organización no gubernamental que lucha contra la pobreza y a favor de las personas afectadas por la globalización en países en vía de desarrollo. En su charla, dice, se centrará en su situación personal más que en la laboral.

Alfamir siempre habla de ella misma en tercera persona. Quizás sea una estrategia para exorcizar el dolor y no desvanecerse cada vez que cuenta su historia. El silencio es absoluto. Esta mujer de Pradera, Valle, afirma que su hijo Darbey Mosquera fue asesinado el 28 de febrero de 2008 por el ejército colombiano, en uno de los llamados falsos positivos. Sin embargo, su caso es bastante particular por los testigos que tiene.

Un hombre contactó a Darbey y a otros dos jóvenes para ofrecerles un trabajo en Manizales. Posteriormente, dos de ellos fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en la Operación Fénix. El joven que quedó vivo pudo escapar y luego testificar lo que había pasado. Adicionalmente, por una extraordinaria coincidencia, el sobrino del esposo de Alfamir era soldado del mismo batallón en el que se cometieron las ejecuciones extrajudiciales. El sobrino se enteró de que su familiar había sido asesinado y sirvió como testigo en el caso. De esa manera, en mayo de 2012 siete soldados del batallón Mártires de Puerres fueron condenados a cuarenta años.

Pero esto le ha costado a Alfamir y su familia su tranquilidad. Ha sido amenazada de muerte quince veces, la última de ellas tan sólo dos semanas antes de llegar a Londres, cuando dos hombres, uno de ellos armado, se bajaron de una camioneta 4x4 e intentaron llevarlas a la fuerza a ella y a su hija. Pero ellas salieron corriendo y milagrosamente pudieron escapar. En octubre pasado, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificaron el caso como de alto riesgo.

Sin embargo, Alfamir asegura que no ha recibido ninguna protección del gobierno colombiano, y su preocupación va en aumento, ante la inminencia de una nueva etapa en el proceso, en el que están involucrados dos militares recientemente ascendidos a generales: Jorge Enrique Navarrete y Emiro José Barrios, acusados por la Fiscalía de haberles pagado, presuntamente, a informantes por la muerte de estos jóvenes.

“Son dos altos militares y esto pesa. Como familia tememos por nuestra seguridad y nuestro abogado nos dijo que tenemos que salir de Pradera lo antes posible”, explica angustiada. También asegura que una de sus hijas vio recientemente a uno de los soldados condenados en una calle de Cali comprando cedés. “Ellos gozan de licencias para salir 24 horas y, a veces, hasta 72 horas, y como comprenderá, con esta situación no puedo sentirme en paz en ningún momento. Vivo como si estuviera en una casa por cárcel; ni siquiera puedo abrir las ventanas por el temor en el que vivo”, confiesa.

Alfamir dice que lo único que pide es que se haga justicia y volver a su vida normal. “Sólo quiero vivir tranquila e ir al parque a comer helado como lo hacía antes, como cualquier otra persona”, asegura.

Su siguiente reunión es en el centro de Londres con dos abogados: una es una representante de la Caravana de Abogados y el otro, de Abogados Internacionales. Alfamir les cuenta su caso y luego les explica la situación laboral de los corteros de caña.

Después del asesinato de su hijo, Alfamir decidió unirse con las mujeres de cinco municipios aledaños y conformar el comité. “No cortamos caña, son nuestros esposos los que hacen el trabajo, pero sentimos que somos parte del proceso y teníamos que unirnos y hacer algo al respecto”, dice.

Asegura que la mecanización del proceso está arrasando con ellos. “Las máquinas reemplazan a 120 personas y a un ingenio acaba de llegar una que hace el trabajo de 240 trabajadores”, explica, y agrega que no se oponen a la industrialización, “pero los ingenios deben tener en cuenta que nuestros hombres llevan hasta 30 años trabajando para ellos, no saben hacer otra cosa, y se merecen al menos una pensión, y no la irrisoria suma de dinero que les están ofreciendo a cambio”, explica.

Por lo pronto, dice, este viaje le sirvió para dar a conocer su historia a nivel internacional. “Esto no sale en los medios colombianos y es importante que los demás conozcan la otra realidad que se vive en Colombia”, puntualiza.