Amnistía Internacional advierte de los riesgos que vive el Bajo Atrato

En un reciente comunicado, la organización manifestó la preocupación que hay alrededor de algunas poblaciones de Antioquia y el Chocó. Recordó, además, la tragedia ocurrida en Bojayá, Atrato Medio, en 2002 como ejemplo de no repetición.

redacción Nacional
30 de enero de 2018 - 12:30 a. m.
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La preocupación por la presencia de grupos al margen de la ley no se fue del Bajo Atrato luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Según Amnistía Internacional, el control del territorio lo tienen organizaciones ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). 

"La estrategia de control territorial adelantada por las AGC y el Eln, en territorios antes controlados por las Farc en el Chocó, ponen una vez más en riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos en estas comunidades. Asimismo, la acción del Estado debe ser enfática para exigir respeto por los derechos humanos de las poblaciones del Chocó", se lee en el comunicado de Amnistía Internacional. 

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El 24 de enero, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que advertía de las amenazas que aún persisten en contra de los derechos humanos de las poblaciones en Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia), debido a las confrontaciones armadas que se presentan en la zona. 

La organización internacional también recordó la tragedia ocurrida en Bojayá en mayo de 2002, en la que murieron alrededor de 119 personas por enfrentamientos entre paramilitares y y las Farc, sin intervención por parte del Estado. 

"Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado que comunidades que habitan en zonas de conflicto armado. En su momento, la Defensoría también emitió diversas alertas evidenciando la desprotección de comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio, sin que el Estado tuviera una respuesta adecuada lo que dejó en estado de vulnerabilidad a las comunidades".

La preocupación aumenta este lunes luego de que el Gobierno haya anunciado la suspensión del quinto ciclo de conversación con el Eln. "Hasta que no vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y acciones" continuará la interrupción de los diálogos, agrega Amnistía.

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“El Estado debe tomar medidas urgentes para que una masacre como la ocurrida en Bojayá en 2002 no se vuelva a repetir en Colombia. Las confrontaciones entre el Eln, grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes del país. La organización hace un llamado urgente para que se tomen medidas inmediatas de protección. Las poblaciones que viven en medio del conflicto armado exigen una respuesta integral del Estado. Esta grave situación no se puede invisibilizar bajo el manto de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc", expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Por redacción Nacional

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