Amnistía Internacional exige al Gobierno compromiso frente al desplazamiento forzado

La organización se manifestó tras el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que en los pasados cuatro días más de 1.000 personas se vieron obligadas de dejar sus casas.

El Espectador

Entre el 17 y 20 de enero, la Defensoría del Pueblo adviritó que hubo una movilización de más de 1.000 personas en los departamentos de Nariño, Antioquia, Boyacá y Córdoba. Amnistía Internacional lo atribuye a la finalización del cese el fuego entre el Gobierno y el Eln. (Lea: Violencia dejó en el país más de 1.000 desplazados en menos de cuatro días)

"Desde el fin del cese al fuego con el Eln, el 9 de enero de 2018, en muchas regiones de Colombia se ha recrudecido el conflicto armado. Se han registrado decenas de casos de desplazamiento forzado y cifras alarmantes de asesinatos de líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cauca y Boyacá, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado y disidencias de las Farc", se lee en el comunicado de Amnistía.

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Por departamentos se cuentan 172 personas desplazados en Nariño; 375 en Córdoba; 508, Antioquia y tres familias en Boyacá. 

Hay que recordar que en el informe de junio de 2017 de la Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) se alertó que Colombia es el primer país a nivel mundial que cuenta con mayor número de desplazamientos forzados internos, contando, solo hasta esa fecha, 7,4 millones de personas que dejaron sus hogares. 

“En Colombia el conflicto armado no acaba. El Estado colombiano debe fortalecer los mecanismos para prevenir los desplazamientos forzados ocasionados por enfrentamientos de grupos armados. Es urgente que en el contexto de la finalización de cese al fuego del Eln se respeten los derechos humanos de personas y comunidades que viven en zonas de conflicto”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado para la misma entidad. 

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Igualmente, la organización pide que no se desatienda la seguridad de las víctimas del conflicto, al igual que la situación de los líderes sociales, de los que se contaron en 2017 más de 120 asesinatos. 

El pasado domingo, en medio de la crisis tras el fin de la tregua del cese el fuego, que empezó el 1 de octubre de 2017, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a Gustavo Bell, jefe negociador de los diálogos con el Eln, volver a Ecuador para “explorar la posibilidad de un nuevo cese el fuego”.