La sección española de Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña en Internet para pedir al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que subsane las deficiencias de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada el pasado año.
La ONG considera que aunque la ley tiene aspectos positivos, como es el reconocimiento de que existe un conflicto armado cuyas víctimas tienen derecho a ser separadas, sin embargo "la situación de los dirigentes de las comunidades desplazadas y de quienes hacen campaña por las restitución de las tierras robadas ha empeorado".
"No se están garantizando medidas de protección a las personas que regresan a sus tierras y que hacen campaña para la restitución, lo que les convierte en blanco de amenazas y ataques", afirma AI España, en un comunicado.
Por ello, la organización de derechos humanos lanza una acción desde su plataforma www.actuaconamnistia.org, en la que insta al presidente Santos, a través de la Embajada de Colombia en España, a garantizar la seguridad de quienes participen en estas campañas por la restitución de tierras y por los derechos de las personas desplazadas forzosamente.
Según afirma AI España, con esta campaña piden también evitar que algunas disposiciones de la Ley puedan dar lugar a la legalización de la propiedad de tierras a favor de quienes se apropiaron indebidamente de ellas mediante abusos y violaciones de derechos humanos.
Instan además al presidente Santos a contar con las organizaciones no gubernamentales colombianas de derechos humanos y de víctimas y representantes de las comunidades en la aplicación de la ley.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, pretende entregar a campesinos desplazados unos 3,5 millones de hectáreas usurpadas por grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y políticos corruptos, antes de que finalice el mandato del presidente Santos en 2014.
Sin embargo, este proceso está salpicado por numerosos actos de violencia hacia los reclamantes de tierras y más de 50 líderes de este movimiento han sido asesinados desde 2002, según han documentado diversas ONG como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).