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En la isla de San Andrés se aplicó por primera vez la ley 1850 de 2017, que pretende establecer fuertes medidas de protección al adulto mayor en todo el país. Luego de que se denunciara ante la Comisaría de Familia el estado de salud y abandono en que se encuentra Alberto Queeman Derby, de setenta años, sus hermanos fueron citados por la comisaria Ingrid Villalba Archbold y se procedió con la firma de un acta de conciliación de alimentos y custodia.
“Mr. Tana”, como se le conoce popularmente al interior de la isla, fue remitido desde el 27 de abril a la clínica oncológica San Diego en Bogotá, como consecuencia de un cáncer de próstata que no estaba siendo tratado correctamente. Los cuidados y gastos hospitalarios del isleño, fueron asumidos temporalmente por una residente –que prefiere reservar su nombre–, que semanalmente hace recolecta de dinero entre amigos y conocidos, con el fin de poder ayudarle al ciudadano de la tercera edad.
Por otro lado, pese a que recientemente se ha solicitado colaboración a través de la prensa sanandresana para cubrir los gastos del tratamiento del raizal, la solidaridad por parte de la comunidad no se dejó ver. “La EPS le negó todos los derechos y solo nos quedan 400 mil pesos para enviarle esta semana. Tiene que comprar pañales, pañitos húmedos y, además, toca pagar alimentación y estadía” dijo la voluntaria que ha estado pendiente de la situación desde el mes de abril .
El Espectador se comunicó con uno de los hermanos de Queeman para conocer su testimonio respecto al caso, pero pidieron que se maneje total reserva de su versión.
Desde la Defensoría del Pueblo regional San Andrés, se interpuso una tutela a la EPS que busca la pronta restitución de los derechos del paciente y, de esta manera, garantizar un mejor tratamiento acorde a su enfermedad. Por otro lado, la oficina del Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación tomó cartas en el asunto y también se incluirá al ciudadano raizal a un programa de apoyo.
El artículo 5 de la ley 1850, establece que quienes sometan a abandono o descuido a un adulto igual o mayor a 60 años, podrían ir a prisión de 4 a 8 años y deberán cancelar multas de hasta 5 salarios mínimos legales mensuales. La ley fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 17 de julio del pasado año.
Entre otros temas que se incluyen en la norma, también se le ordena al Ministerio de Salud y Protección Social establecer la ruta de atención inmediata que se debe brindar al adulto mayor cuyos derechos hayan sido vulnerados.
En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el porcentaje de la población que supera los sesenta años equivale 12,27% de acuerdo al último informe del DANE. A nivel nacional, para el 2017 la cifra llegó a 5'750.000 personas y, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se espera que para el 2020 el número de ancianos aumente a 6'500.000.