"Andrés Felipe Arias es responsable por desviación de recursos en AIS"

La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales a los ex ministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y a Andrés Darío Fernández, por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro.

En diálogo con ElEspectador.com, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias consideró que en este proceso se le vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa puesto que no se le permitió la presentación de pruebas ni la participación en los alegatos de conclusión.

Igualmente llamó la atención sobre el hecho de que la noche a la mañana se emitiera un fallo de más de 1.200 páginas. Ante esto manifestó que estudiará los recursos jurídicos en contra de esta decisión fiscal.

Se ha podido establecer que radicará una apelación, la cual tendrá que ser resuelta por la jefe del ente fiscal, así como una acción de tutela para que se revisen estos hechos. 

En la tarde de este martes la Contraloría General de la República (CGR) declaró responsables fiscales a los ex ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Felipe Arias Leiva y Andrés Darío Fernández Acosta, por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro – AIS, por la suma de $12 mil 115 millones de pesos y $741 millones respectivamente.

De igual forma, declaró como responsable fiscal al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria "IICA", en cuantía de $12 mil 985 millones de pesos, en su calidad de Cooperante dentro de los Convenios de Cooperación de Ciencia y Tecnología suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 2009.

"El IICA es un ente internacional de carácter multilateral", señala el ente de control por lo que debe administrar los recursos públicos que se ejecutaron sin cumplir el cometido pactado, "No es la primera vez que un organismo de esta naturaleza es condenado. Sucedió también con el convenio Andrés Bello, a solicitud de la Procuraduría y ordenado por el Consejo de Estado".

Las irregularidades sancionadas por la CGR están enfocadas a que con millonarios recursos públicos destinados a socializar y divulgar ciencia y tecnología al campesinado colombiano en el sector agrícola, para afrontar de esta forma los Tratados de Libre Comercio, los Ministros de Agricultura y el IICA, "desviaron estos recursos para contratar actividades de publicidad del Programa Agro Ingreso Seguro. Recursos sobrantes del programa AIS, no se reintegraron debidamente al Tesoro y se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia, que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del exministro Andrés Felipe Arias".

Para este organismo de control, en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, en el cual debe primar el interés general sobre el particular, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debió atender las necesidades de la comunidad agropecuaria en sus distintos escenarios, permitiéndoles su participación activa en la construcción de la política pública diseñada por el Gobierno de entonces, para que el sector agropecuario Colombiano pudiese enfrentar el mercado externo con los distintos productos que ofrece.

En tal sentido, destaca la Contraloría General, no es admisible interpretación alguna que permita convalidar la subcontratación realizada por los Ministros y el IICA, que está desprovista en su totalidad de contenidos científicos o tecnológicos que permitieran al campesinado apropiarse del conocimiento que les hubiese dado las herramientas científicas y tecnológicas pretendidas por el programa Agro Ingreso Seguros a través de los convenios de cooperación científica y tecnológica objeto del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

"Al revisar las pruebas e incluyendo declaraciones, así como los objetos de las subcontrataciones celebradas por el IICA con cargos a los convenios ya mencionados, no se encuentra que con ellas se haya transmitido conocimiento científico y/o tecnológico alguno que le haya permitido al campesinado colombiano apropiarse de dicha información para implementarlo en las labores agropecuarias y que en consecuencia les hubiese permitido, hoy en día, estar compitiendo en igualdad de condiciones, o por lo menos aproximadas, a las de los productores agropecuarios de los países con los cuales Colombia suscribió tratados de libre comercio, y si por el contrario, es de notoriedad pública la insatisfacción del agro Colombiano, tal y como quedó demostrado en los diverso paros y marchas realizadas en las diferentes regiones del país por este sector", señala el organismo.

La Contraloría comprobó que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) olvidó su misión institucional, como entidad asesora de los Estados Miembros, no sobra decir, de Colombia, al suscribir, con ocasión de los convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, contratos disimiles a su objeto social en perjuicio del patrimonio público de los colombianos, dineros destinados para transmitir conocimiento científico y/o tecnológico al sector agropecuario colombiano, razón está por la que se utilizó el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 593 de 1993 para la celebración convenios para la Cooperación Científica Nacional e Internacional.

Para la CGR, al IICA le asistía la carga o responsabilidad de divulgar y socializar y por ende permitir la efectiva apropiación de conocimiento científico, técnico e innovador dentro del Programa Agro Ingreso Seguro, y no ser más que un simple intermediario para adelantar contratación publicitaria, lo que será puesto en conocimiento de los países miembros y donantes de dicho organismo internacional.

Resulta claro para la Contraloría que la difusión, socialización y divulgación de la ciencia y tecnología, como bien lo define COLCIENCIAS, máxima autoridad en este tema en Colombia, debe llevar a quien acceda a la misma, a apropiarse de un conocimiento, a aprender una ciencia y en consecuencia poner dichos conocimientos en función de lo que necesita de manera individual y finalmente aportar en el desarrollo del Estado del cual hace parte, concretándose de esta forma la finalidad estatal en un determinado campo, que para el caso del Proceso de Responsabilidad Fiscal sería la apropiación (aprendizaje y/o conocimiento) en ciencia y tecnología aplicable al sector agropecuario colombiano, a efectos de afrontar la apertura de los mercados en un sistema neoliberal.

La Contraloría califica la actitud de los ex ministros como negligente e imprudente "al ocasionar la pérdida de recursos públicos por valor de $12.115.262.256,33 del agro colombiano".