Santa Helena es una alejada vereda al sur de Mesetas (Meta), distante 70 kilómetros del casco urbano. Son casi cinco horas de camino en moto por una tortuosa trocha que algunos de sus habitantes han apodado “el espinazo”, por su semejanza a la forma irregular de una columna vertebral. Y es precisamente esta parte del cuerpo la que más sufre durante los penosos viajes que deben hacer sus 110 habitantes en viejos carros rusos de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron a jubilarse a estas tierras prestando el servicio público.
Hasta aquí llegarán soldados, delegados de la guerrilla y expertos en artefactos explosivos para iniciar el segundo desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de paz. En la sede educativa de Santa Helena, donde hacen su primaria apenas 11 estudiantes, se construyen los alojamientos en madera para una parte del personal que participará en las labores de desenterrar las minas o hallar munición sin explotar.
Se trata de una casa de tres habitaciones con capacidad para dos personas cada una, cocina y baterías sanitarias, las cuales, una vez concluyan las labores humanitarias, quedarán al servicio del centro educativo y serán parte del salón comunal.
“Según nos dijeron, eso se empezó a hacer con recursos de los noruegos. Nosotros lo único que pedimos es que quienes construyeran las instalaciones fueran habitantes de la vereda para fomentar el trabajo entre la comunidad”, dijo Edilson Ramírez, líder cívico de Santa Helena, quien afirma que hasta ahora no les han confirmado la fecha exacta en que comenzará el desminado.
Con la noticia, las primeras sorprendidas fueron las autoridades del Meta, pues las estadísticas señalan que Vista Hermosa es el municipio con más incidencia de accidentes causados por minas sembradas y con una cantidad de víctimas civiles y militares que llega a las 362, según la Dirección de Acción Contra Minas de la Presidencia de la República. Por ello, organismos de socorro y funcionarios del departamento, que son herméticos para dar información sobre el proceso, también se asombraron con la no inclusión de Vista Hermosa en la primera fase.
Varias de las 32 familias que viven en Santa Helena también se sorprendieron, pues si bien estos artefactos eran un problema en el pasado para los animales que las activaban en la montaña, la verdadera necesidad de esta comunidad es tener una carretera decente que la comunique con el resto de 55 veredas y dos resguardos indígenas que tiene Mesetas.
Sin embargo, en 2012, Yeferson Marín Rubiano y Jeison Rubiano Prado, tío y sobrino, quienes habían salido a desyerbar un monte y a revisar un ganado, cayeron heridos en un campo minado y se convirtieron en dos más de las 114 víctimas humanas que ha tenido Mesetas a consecuencia de estos artefactos desde 1991, cuando se empezaron a llevar las estadísticas. Los dos hombres sobrevivieron, pero a uno de ellos le amputaron una pierna, cuenta la comunidad.
Entre minas, bombas y munición sin explotar
Aun así, la gente no ve en los artefactos explosivos sembrados en la tierra una amenaza tan patente: “Si hay minas, debe ser al lado de la montaña, por allá donde sólo van los animales. En ese lado sí se ha sabido que vacas y otros animales del monte han muerto, pero hace varios años”, explica uno de los vecinos de Santa Helena.
“Cuando se dejaban ver por aquí (los guerrilleros) nos decían que anduviéramos por los caminos y por los cultivos, porque más para allá no respondían. Entonces todos hacíamos caso y casi no se supo de muertos o heridos por esas cuestiones”, asegura Jorge Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Agrega que, aún más que las minas antipersonas, la mayor amenaza han sido los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército cuando perseguían a los jefes guerrilleros. Los vecinos dicen que las bombas que caían mataron animales de fincas y dañaron casas.
En esta zona, muy cercana a Uribe (Meta), tienen influencia los frentes 40, 53 y Urías Rondón de las Farc, que en su momento hicieron parte de los anillos de seguridad que protegían al Mono Jojoy en las estribaciones de la serranía de La Macarena. Es que Santa Helena está en medio de los parques naturales Los Picachos y Tinigua, este último en La Macarena, donde fue dado de baja el jefe subversivo.
“En la persecución frenética a Jojoy, ellos inundaban de minas muchos sectores por donde con seguridad pasarían el Ejército o los hombres Jungla. Por eso sí creo que el área puede estar sembrada recientemente, porque dicho seguimiento se dio entre 2006 y 2008. No es un campo minado histórico, como sí lo es Vista Hermosa, donde siempre han existido”, explica un oficial retirado de la Policía que estuvo combatiendo en esa zona.
“La amenaza es la munición sin explotar”
Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), la ONG que propuso 57 lugares en el país para empezar el desminado, dijo que también le causó sorpresa el hecho de que Mesetas fuera el lugar priorizado para iniciar la segunda fase de este proyecto piloto en el país.
“Nos hubiera gustado que fuera donde hay más riesgo para mayor cantidad de personas, pero de todas formas nos parece importante que se haga el ejercicio en cualquier lugar donde haya amenaza, porque el gran propósito es que Colombia esté libre de minas. Santa Helena no estaba dentro de nuestra propuesta, pero entendemos que las Farc y el Gobierno se hayan puesto de acuerdo en que fuera allí”, dijo el coordinador de la CCCM.
Agregó que Santa Helena podría estar dentro de un área en la cual la amenaza no lo son tanto las minas sino la munición sin explotar (MUSE) que ha quedado en las zonas selváticas y montañosas donde se desarrollaron combates.
De La Habana a Santa Helena
En varios trayectos, la vía que conduce a la vereda pasa en medio de la espesura de la selva, lo cual la hace más intransitable. Quienes vengan a hacer el desminado deben estar preparados para enfrentarse a condiciones muy difíciles, empezando por la falta de energía.
“Como fuimos privilegiados con el desminado, pensamos que ahora las entidades del Gobierno Nacional sí nos van a poner cuidado. Por eso queremos aprovechar para hacerles varias peticiones: una de ellas es la electrificación de la vereda. La energía sólo llega hasta San Isidro, y a quienes viven en Santa Helena les toca a oscuras”, dice el presidente de la Junta de Acción Comunal.
Jorge Trujillo, que desde hace 12 años vive allí, sostiene que la región es lechera y en todas las fincas hay producción, pero sin electrificación es difícil pensar en refrigeración o procesamiento. Eso, unido a las pésimas condiciones de las vías y la falta de un puente sobre caño Cuncia, que soporte al menos 40 toneladas para camiones, desestimula a los campesinos para que aumenten los litros de leche a la semana.
Para Edilson Ramírez, quien también hace parte de un grupo de conciliadores en equidad que resuelven problemas comunitarios, se necesita que el Sena lleve cursos de formación a los bachilleres que se van a graduar este año en la zona del río Duda, que abarca incluso a La Julia, en Uribe.
“Los jóvenes no quieren permanecer en la región por falta de oportunidades. Pero creemos que si los capacitan en carreras técnicas que tengan que ver con el campo se pueden quedar”. Y agrega de manera enfática: “Es que la paz positiva es la que se tiene que dar en estos pueblos, porque aquí es donde se van a implementar todos esos acuerdos de La Habana”, manifiesta Ramírez.
En Santa Helena, un grupo de vecinos es optimista respecto al proceso de paz, pero hay quienes aún son temerosos de lo que pueda suceder. Son tantos años en medio de la guerra que les parece difícil creer que por fin puedan cultivar tranquilos, sin temor a los bombardeos, las minas o a que los recluten.
“Varios quieren que se acabe la guerra para que no nos sigan estigmatizando a los que vivimos en estas partes alejadas”, puntualiza Trujillo.
Con todo, Álvaro Jiménez afirma que “este ejercicio para el Meta abrirá otros escenarios de trabajo para que en más lugares se haga el desminado en un departamento que históricamente ha tenido muchas víctimas”.
Efectivamente, la Dirección de Acción contra Minas calcula que, desde 1991 hasta lo corrido de 2015, este departamento ha tenido 2.235 muertos, entre civiles y militares, por caer en campos minados, mientras que las personas heridas suman 8.977.